Como dice el personaje protagonista de la icónica serie de Aaron Sorkin The Newsroom, no hay nada más importante en la democracia que un electorado bien informado. A finales de mayo de este año, el periodista del diario La Opinión Jaime Ferrán publicó que el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, se planteaba cambiar la Ley Electoral para acabar con los partidos minoritarios. El mismo día en que se hizo pública esta noticia, el entonces consejero de Economía y Hacienda, Javier Celdrán, acudió a los estudios de La 7, para ser entrevistado en el noticiero de la televisión autonómica, donde desmintió la misma y negó que él hubiera mantenido contactos al respecto con otras fuerzas parlamentarias. “Es una información totalmente falsa, que no sé de dónde ha podido salir”, reiteró hasta en cuatro ocasiones, al ser preguntado por la periodista Marienca Fernández. El pasado domingo, el diario La Verdad volvía sobre este asunto en una pieza firmada por su redactor político David Gómez, apuntalada por una excelente tribuna del director, Alberto Aguirre. Y el lunes, los periodistas preguntaban por el tema en rueda de prensa al secretario regional del PP, José Miguel Luengo: “Hay quien quiere generar debate, pero no está en nuestra agenda”, les respondió impasible.
El objetivo de revertir la Ley Electoral reformada en 2015 y que, para entrar en la Asamblea Regional, un partido tenga que obtener un número de votos por encima del 5% en cinco circunscripciones electorales, era algo más que previsible en la vertiginosa carrera por acabar con todo atisbo de cambio en la Región de Murcia. Hace seis años que las formaciones entonces en la oposición suscribieron, en vísperas de las elecciones autonómicas, el que se denominó Pacto del Moneo, en referencia al edificio municipal de la plaza de Belluga donde se cuajó. Fue un acuerdo tácito entre PSOE, Ciudadanos, Podemos, Ganar-IU y UPyD para fijar en el 3% ese tope y convertir la Comunidad Autónoma en una circunscripción única. Al final, enla escenificación del pacto, celebrada en el edificio universitario de la Ronda de Levante, los naranjas se descolgaron y no firmaron, quizá porque ya se veían como comparsas del PP y no querían importunar demasiado. Sin embargo, para investir a Pedro Antonio Sánchez como presidente con sus cuatro votos, sí que impusieron la medida y los populares se vieron obligados a refrendarla, aunque con evidente desgana.
Aquellos que andan siempre tan preocupados por la Venezuela de Chávez y Maduro o la Nicaragua de Ortega, deberían ser conscientes de que esta comunidad autónoma va dando pasos sucesivos para asemejarse a esas repúblicas donde sus gobernantes aspiran sin rubor a perpetuarse en el poder. Quién nos iba a decir que no sería Podemos, tan admirador de aquellos regímenes, el que nos conduciría por ese tortuoso camino, sino los actuales responsables del rampante Partido Popular.
De consumarse la operación, ya iniciada con la retirada de la reforma del Estatuto de Autonomía del Congreso de los Diputados, al que llegó en la anterior legislatura con el consenso de PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, se le asestaría un golpe definitivo al tablero democrático, borrando definitivamente del mapa al partido naranja, por otra parte en vías de extinción, e impidiendo que otros como Más Región o Movimiento Ciudadano de Cartagena pudieran tener opciones de alcanzar el escaño. Y todo, con una mayoría parlamentaria artificiosa, sustentada en 23 diputados, 7 de los cuales son tránsfugas o expulsados de Cs y Vox, palmeros de un Ejecutivo de batiburrillo y encantados de conocerse. Pero esto último es algo que ya ha sido asumido por el votante conservador y que, incluso, ve con una normalidad que deja pasmado a todo observador exterior que se precie.
El fin no es otro que convertir en un cortijo la finca en la que habitamos los ciudadanos de esta Región, con sus caporales y capataces al mando y decidiendo sin complejos sobre vidas y haciendas, tanto propias como ajenas. Lo cierto es que al PP y al PSOE le beneficiaron en la comunidad murciana desde 1983 las cinco circunscripciones para ir acumulando mayorías absolutas en los sucesivos comicios autonómicos. En el caso de los populares, llegando a superar en alguna consulta el 60% de los sufragios. Es posible que ahora los socialistas no le hagan muchos ascos a la propuesta popular y que se limiten a asentir, como hicieron hace días en la Mesa del Congreso con lo de retirar el Estatuto al tratarse, vinieron a justificar, de un hecho consumado.
Hay un interesante ensayo del politólogo australiano John Keane, que se titula El nuevo despotismo (2020), en el que llega a distinguir entre un demócrata y un déspota por su proceder a la hora de abandonar el poder. El primero se reinventa, crea fundaciones y da charlas, sabedor de que no volverá a ejercerlo. El segundo se resiste como gato panza arriba, se aferra al sillón como una lapa y siente pánico por abandonarlo y quedarse sin oficio ni beneficio. Ahí puede estar la clave del asunto, entre otras cosas porque el déspota suele acarrear con él una cohorte de fieles asalariados e interesados en su perpetuación. Keane habla del uso del dinero, la legislación, los medios de comunicación y lo que denomina instituciones democráticas fantasmas para llevar a cabo esta operación. Y de la lealtad tranquila desde la fidelidad al monopolio del poder político, lo que garantiza el éxito del individuo en el campo privado. En Rusia los opositores califican el régimen de Putin como una democracia virtual. Aquí podemos llevar el camino de alcanzarlo, con unos dirigentes que, como en el cuento del lobo y los siete cabritillos, van poco a poco enseñando la patita, esperando el abrazo del oso que, sin lugar a dudas, en mayo de 2023, recibirán de los viejos colegas de Vox.
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