Muchas leyes que aprueba el gobierno de Rajoy son rechazadas por los ciudadanos, lo que en democracia equivale a leyes ilegítimas, aunque sean legales. La democracia exige que exista un imperio de la ley, que las leyes sean libremente asumidas por la ciudadanía y que esas leyes sean iguales para todos, tres condiciones ausentes en la actualidad de España, un país manejado por castas políticas que ni preguntan al ciudadano a la hora de legislar ni tienen en cuenta sus intereses, criterios y deseos.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana es un ejemplo de ley rechazada, como lo fue también la ley que suprimía la Justicia Gratuita e imponía tasas que impiden que los pobres y los débiles reciban la justicia gratuita a la que tienen derecho por ser humanos y también a recurrir cuando cree haber recibido un trato injusto.
Pero hay miles de ejemplos de rechazo ciudadano al gobierno, desde los impuestos abusivos a la financiación de los partidos políticos y sindicatos con dinero procedente de los impuestos, sin olvidar la voracidad recaudatoria en las carreteras y los recortes en derechos y servicios esenciales, como la salud, la educación o los medicamentos gratuitos.
El rechazo popular a la legislación de Rajoy, cuando es intenso, constante y mayoritario, convierte al gobierno en opresor e ilícito, ya que impone su criterio a la voluntad popular, interpretando de manera perversa la democracia y la representatividad.
Las leyes del actual gobierno aprobadas contra la voluntad popular constituyen una de las mas sólidas pruebas de que la teórica democracia española no existe y que ha sido sustituida, a espaldas de la ciudadanía, por una oligocracia o dictadura camuflada de partidos políticos, grupos que carecen de suficientes controles y que legislan y gobiernan al margen de la voluntad popular y del interés general.
La nueva Ley de Seguridad Ciudadana y otras medidas como la de ampliar los poderes y funciones de las policías privadas, que pueden detener a ciudadanos ya están siendo bautizadas por la opinión pública como 'Ley de la patada en la boca', en contraposición a la 'Ley Corcuera' de 1992, a la que se llamó la 'Ley de la patada en la puerta'. Otras definiciones populares la definen como "Ley Mordaza", "Ley antiprotesta" y "Ley anti 15M", diseñada, probablemente, para reprimir con la fuerza policial y el respaldo legal pleno las manifestaciones que se avecinan, provocadas por la indignación y el cabreo de los ciudadanos ante los abusos y desmanes del poder.
La mejor definición de la nueva ley de seguridad de Rajoy la ha hecho el portavoz de la asociación de jueces Francisco de Vitoria, según el cual "Parece una ley de excepción, que no va en consonancia con la democracia y recuerda la ley de vagos y maleantes del franquismo".
La consecuencia de toda esta deriva política española de gobiernos que doblegan la voluntad popular y anteponen sus intereses al bien común es triple: el rechazo de la clase política, el ambiente de rebeldía y descontento y daños terribles en la economía y la convivencia, provocados por la situación de descontento ante la injusticia y el abuso.
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