El director de un colegio católico de Alcorcón, una ciudad de 168.000 habitantes a 15 kilómeros al sur de Madrid, que había sido sancionado con mil euros por comparar la ley LGTBI de la Comunidad con el fanatismo islamista, y por denunciarla como resultado de la ideología de género, ha sido absuelto por un tribunal contencioso-administrativo de la capital defendiendo su libertad de expresión.
La sentencia, que no tiene apelación, rechaza la sanción administrativa por LGTBIfobia, que podría haber llegado a los 45.000 euros según esa ley autonómica elaborada en 2016 con el patrocinio de la entonces presidenta de la Comunidad, la popular Cristina Cifuentes.
Carlos Martínez, director del colegio Juan Pablo II, concertado y con clases separadas por sexos, dirigió una carta a los padres en la que criticaba la protección de la ley a los LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales).
Ley que establece además la discriminación positiva para las personas de esos grupos.
Martínez enlazaba las homilías contra la homosexualidad de varios obispos con la teoría de género por la que el sexo físico no determina el género, y consideraba esta amalgama tan peligrosa como el terrorismo islamista.
El tribunal le ha dado la razón no por lo que afirmaba sino para proteger su derecho a exponer sus ideas, aunque queda en el aire qué hará ahora con el colegio la Comunidad madrileña, dada la presión de los lobbies LGTBI para que le retiren las subvenciones públicas.
Un triunfo de la libertad de pensamiento de las escuelas pero que tiene una derivada en la formación de esos islamistas utilizados para comparar el terrorismo con la ley de la Comunidad.
Cualquier abogado de un integrista musulmán puede apelar a su libertad religiosa e ideológica aplicando el caso de Carlos Martínez para establecer madrasas, escuelas religiosas que forman fanáticos muy cercanos al yihadismo.
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