Por unanimidad la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó la liberación de Alberta Alcántara y Teresa González Cornelio, dos indígenas acusadas del secuestro de de seis agentes de la desaparecida AFI; Jacinta Francisco era otra de las mujeres detenidas por el delito de secuestro antes mencionada, fue liberada el 16 de septiembre de 2009, por duda razonable y la intervención de autoridades estatales que consideraban una injusticia la condena de las tres mujeres, acusadas del secuestro de seis agentes de la AFI el 26 de marzo de 2009 en Santiago Mexquititlán.Injusticias de un gobierno
La ministra Olga Sánchez Cordero fue apoyada en el proyecto de absolver a las dos mujeres por la Primera Sala del Alto Tribunal de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro contra servidores públicos y una de ellas por delitos contra la salud.
Injusticia y verguenza nacional
Al considerar los magistrados que la injusticia del proceso era una vergüenza nacional al no comprobarse la participación de las mujeres y por lo tanto no había delito que perseguir.
Reparar una injusticia
Considerando el tiempo que las mujeres pasaron en la cárcel por un delito fabricado, como muchos otros se imputan a inocentes, se reflexiona en el sentido que el estado debe pagar una indemnización y pedir perdón por el daño causado. Resulta impensable que tres mujeres pudieran someter a seis agentes armados y entrenados, de darse un caso así, quiere decor que este tipo de policías están inermes ante el crimen organizado.
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