Todos los procesos por corrupción actuales están depurando la democracia española de males que venían de muy atrás y que casi nadie denunciaba: el país vivía embriagado por una falsa riqueza y que le robaran un poco no merecía demasiada atención.
Ahora, jueces y fiscales diagnostican tumores, afortunadamente curables, forúnculos y achaques; descubrirán y perseguirán otros y, poco a poco, irán extirpándolos para que no vuelvan a reproducirse si se cumplen tres condiciones:
1.- Que se aprueben inmediatamente las leyes anticorrupción que consensuaron en el último Estado de la Nación los grupos políticos, incluyendo el castigo a nuestra querida economía sumergida.
2.- Que se le dote urgentemente a la justicia de instrumentos para imponer esas leyes con rapidez, eficacia y ejemplaridad, entendiéndola como aviso de condena inevitable e inminente para quienes se sienten tentados a seguir corrompiendo o corrompiéndose.
3.- Privarle a los gobiernos del derecho a conceder indultos de cualquier tipo, incluidos los económicos. Ese derecho debe poseerlo algún organismo no político, sino técnico y neutro, sin salario fijo alguno.
Si el paro es una de las principales preocupaciones de los españoles, el que no haya estallidos sociales --los que hay son minoritarios y acaudillados por gentes de tan poco fiar que nadie les prestaría un euro—se debe a la existencia de una economía sumergida que podría alcanzar el 25 por ciento del PIB.
Ni hay tanto desempleo, ni el PIB nacional sería de alrededor de un billón de euros, sino de 1,25 billones, según un estudio del Círculo de Empresarios.
Esos 250.000 millones de euros que hacemos circular bajo la mesa con o sin IVA, o sin declarar, atenúan la pobreza y la indignación ciudadana.
Y protegen nuestra corrupción cercana, aunque pongamos en la picota a los corruptos más excitantes para los medios informativos.
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