Al arribar a una nueva conmemoración de la Campaña del 28 de Septiembre por la Despenalización del Aborto, observamos un panorama de creciente activismo en torno a los derechos sexuales y los derechos reproductivos en nuestra región, tanto por parte de las organizaciones feministas y sus aliados como de los sectores religiosos fundamentalistas, particularmente la Iglesia católica.
Aunque las acciones por la despenalización realizadas a nivel judicial y legislativo muestran tanto avances como retrocesos, el hecho de que en tantos países se estén desplegando iniciativas que colocan la interrupción del embarazo en el centro del debate constituye un avance importante en sí mismo. La época en que las jerarquías eclesiásticas podían excluir el aborto de las agendas políticas o limitar el debate público en torno al mismo ha quedado definitivamente atrás. En su lugar vemos una Iglesia cada vez más a la defensiva, debilitada por el descrédito internacional que acompañó la nueva oleada de escándalos de pedofilia y encubrimiento eclesiástico, y desconcertada por el rápido avance de las conquistas que en materia de diversidad sexual y matrimonio igualitario están teniendo lugar en varios países de la región.
Lo anterior no significa que la Iglesia católica –y en menor medida las evangélicas- no ejerzan todavía una influencia extraordinaria sobre los actores políticos y las ideologías sociales de nuestros países, sobre todo en materia de moral sexual. Por el contrario, a medida que el pluralismo ideológico cobra fuerza y las actitudes sociales en torno a estos temas se polarizan, las iglesias dedican más recursos a combatir la agenda de los derechos sexuales y reproductivos, apoyándose en el uso de herramientas organizativas, políticas y mediáticas cada vez más sofisticadas. De ahí la importancia de aprovechar al máximo los resquicios estratégicos que se abren a nuestras luchas por la laicidad del Estado y la vigencia de los derechos sexuales y reproductivos, dentro de la diversidad de nuestros contextos nacionales, para lo cual debemos tomar en cuenta la necesidad de:
1. Fortalecer la investigación, el análisis y el debate teórico como puntos de partida para la definición e implementación de las estrategias innovadoras que necesitamos para hacer frente a los desafíos de un contexto dinámico y cambiante.
Boletín
Septiembre-2010
LLAMADOA LA ACCION
* La investigación científica y el registro de evidencias sobre los impactos que a nivel individual y social resultan de la negación de los derechos sexuales y reproductivos son una herramienta valiosísima para trabajar los cambios en las políticas públicas y en las actitudes sociales.
* No olvidemos que la Iglesia busca ejercer influencia directamente sobre los actores políticos y las estructuras de poder --vía presiones y chantajes, la búsqueda de acuerdos políticos tras bastidores, etc.--justamente porque sus posiciones en materia de moral sexual no cuentan con el apoyo mayoritario de la población. Las encuestas de opinión son claras en este sentido, particularmente en lo que respecta al divorcio, la anticoncepción, el uso de condones para la prevención del VIH, la educación sexual escolar, y el aborto terapéutico y en casos de violación o incesto[1].
* Las encuestas de opinión no solo evidencian los altos niveles de desacuerdo de la población con los dictados eclesiásticos, sino que además permiten visibilizar la diversidad de opiniones dentro de la misma Iglesia. En este sentido, es necesario evidenciar la falsedad de algunos supuestos utilizados por los jerarcas eclesiásticos para legitimar su injerencia en políticas públicas –en particular, la autoridad que pretenden derivar del ficticio respaldo mayoritario de su feligresía (no digamos ya de la ciudadanía en general!) a sus posiciones en materia de sexualidad y reproducción.
2. Fortalecer las redes de organizaciones feministas y de mujeres con miras a lograr una mejor definición y coordinación de estrategias y acciones. Debemos tomar en cuenta que la Iglesia católica define e implementa estrategias de alcance regional (y más allá), como vimos anteriormente con la celebración del Día del No Nato y la anticoncepción de emergencia, y como vemos ahora con su utilización de los procesos de reforma constitucional o penal para introducir cláusulas estableciendo el derecho a la vida del óvulo fecundado, así como su promoción de la ‘objeción de conciencia’ entre las y los proveedores a fin de negar a las mujeres el acceso a determinados servicios de salud.
* Debemos tratar que los derechos sexuales y reproductivos sean tema de agenda de todas las organizaciones feministas y de mujeres de la región, y no sólo de aquellas dedicadas al tema de manera particular.
De ahí que nuestro trabajo de información, análisis y reflexión deba orientarse no solo al fortalecimiento de las alianzas externas, sino de manera muy importante al fortalecimiento de las articulaciones internas de los movimientos feministas y de mujeres.
3. Promover nuevas alianzas que permitan sumar sectores a la lucha contra los fundamentalismos religiosos, a partir de la identificación de intereses comunes en los ámbitos de salud, institucionalidad democrática, laicidad, diversidad sexual, derechos humanos y otros temas.
* También a estos fines son de gran utilidad la investigación, el registro de evidencia y la reflexión teórica, en tanto aportan herramientas para motivar y convencer a aliados potenciales, así como para promoverel cambio de actitudes de la ciudadanía en sentido general.
* La búsqueda de alianzas con otros sectores sociales progresistas debe fundamentarse en un análisis donde se evidencie: a) que el control de la sexualidad implica un control más amplio de lo social, en tanto impone “un dominio de ejercicios micro políticos sobre el que la Iglesia ha asentado gran parte de su influencia y de su autoridad social”[2]; Debemos tratar que los derechos sexuales y reproductivos sean tema de agenda de todas las organizaciones feministas y de mujeres de la región, y no sólo de aquellas dedicadas al tema de manera particular.
b) que la instrumentalización del Estado para imponer al conjunto de la ciudadanía las normas religiosas de un sector particular no solo viola las libertades de conciencia y de culto, sino que además restringe el ejercicio de la autonomía personal, refuerza la subordinación de las mujeres, y niega los principios de igualdad ciudadana y respeto al pluralismo, todos ellos pilares básicos de la democracia.
4. Hacer más uso de la jurisprudencia internacional en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. La CEDAW y el Consejo de Derechos Humanos son instancias claves para denunciar las violaciones de los Estados a los compromisos adquiridos en materia de equidad de
género y derechos sexuales y reproductivos. La jurisprudencia internacional constituye además un recurso valioso para sustentar las demandas de modificación de los marcos jurídicos nacionales relativos a la separación Iglesia-Estado, al aborto y a los derechos de las mujeres en general.
5. Las organizaciones y redes feministas deben llamar la atención de las agencias de cooperación sobre la necesidad de financiamiento para llevar adelante la lucha por los derechos sexuales y reproductivos. Las agencias internacionales y los países desarrollados que asumieron compromisos con las agendas de Cairo y Beijing están moralmente obligados a aportar los recursos necesarios para hacer frente al avance de los fundamentalismos y ampliar el ejercicio de los derechos de las mujeres.
6.. Más allá de las medidas que precisamos tomar en lo inmediato, el movimiento regional debe avanzar en la definición de estrategias a más largo plazo, que conduzcan a cambios generacionales substanciales en las ideologías patriarcales en que se sustenta (y que dan sustento a) el poder eclesial y la subordinación de las mujeres. El sistema escolar y los contenidos de la educación son instancias fundamentales a trabajar en este sentido, aunque nos urge definir otras.
Las propuestas delineadas en este Llamado a la Acción remiten a la necesidad de un trabajo político más sostenido y sistemático, que no se limite a la conmemoración anual de una fecha. Quizás sea hora de considerar la necesidad de fortalecer la Campaña convirtiéndola en un espacio permanente de articulación, movilización e incidencia. Quizás sean necesarias otras estrategias para avanzar en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Llamamos a las organizaciones miembras a reflexionar sobre estos temas y a enriquecer el debate regional
con sus aportes.
[1] En este sentido se pueden consultar, entre otras: Observatorio de las Libertades Laicas, “Primera Encuesta Sobre Creencias y Actitudes Religiosas en Argentina”. Libela, Año 5, No. 18, abril-junio 2009http://centauro.cmq.edu.mx/dav/libela/paginas/boletin/boletin/libeladatos/PDFS/libela18.pdf
Católicas por el Derecho a Decidir, 2004. Actitudes de los Católicos Sobre Derechos Reproductivos, Iglesia-Estado y Temas Relacionados. Tres Encuestas N a c i o n a l e s y B o l i v i a , C o l o m b i a y M é x i c o .
http://www.catholicsforchoice.org/topics/abortion/documents/2004latinamericapoll_spanish_000.pdf
[2] Juan Marco Vaggione. 2009. “Sexualidad, Religión y Política en América
Latina. Trabajo preparado para los Diálogos Regionales, Río de Janeiro, Agosto
2009. http://www.sxpolitics.org/pt/wp-content/uploads/2009/10/sexualidadreligion-y-politica-en-america-latina-juan-vaggione.pdf
...la instrumentalización del Estado para imponer al conjunto de la ciudadanía las normas religiosas de un sector particular no solo viola las libertades de conciencia y de culto, sino que además restringe el ejercicio de la autonomía personal, refuerza la subordinación de las mujeres, y niega los principios de igualdad ciudadana y respeto al pluralismo, todos ellos pilares básicos de la democracia.particular no solo viola las libertades de conciencia y de culto, sino que además restringe el ejercicio de la autonomía personal, refuerza la subordinación.
Como parte de este Llamado a la Acción de la Campaña 28 de Septiembre, instamos a los Estados de la región a asegurar el ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres en el mayor grado posible, prestando particular atención a:
1. Facilitar los procesos de despenalización y/o legalización del aborto en los países de legislación restrictiva, así como la puesta en marcha de políticas que garanticen a las mujeres el acceso a servicios oportunos y de calidad.
* Para reducir la mortalidad materna es necesario un abordaje integral del aborto que incluya aspectos legales, médicos y sociales. Aún en contextos de legislación restrictiva, los Estados deben ofrecer tratamiento oportuno y libre de la amenaza de persecución judicial a las mujeres que acuden a los servicios de salud con abortos en curso.
* Los Estados no pueden tolerar la objeción de conciencia en hospitales públicos y otros contextos institucionales donde la misma se convierte en un obstáculo al ejercicio de derechos o
ponga en peligro la salud o las vidas de las mujeres.
* Los Estados deben cesar las persecuciones judiciales selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres. El encarcelamiento de mujeres por esta causa en nuestros países constituye una injusticia incalificable.
2 Tanto el ejercicio de derechos como la reducción de la tasa de aborto requieren de una ampliación de los servicios anticonceptivos, con mejor calidad y acceso para todas las mujeres, en particular las adolescentes y las jóvenes. Esto debe incluir la anticoncepción de emergencia, bajo amenaza permanente por parte de los sectores conservadores.
3. Los Estados deben garantizar la seguridad de las defensoras de los derechos de las mujeres, en particular los sexuales y los reproductivos, en todos aquellos países donde éstas enfrentan persecuciones, intimidación y amenazas.
4. El extremismo religioso constituye una amenaza a la institucionalidad democrática y al ejercicio de derechos ciudadanos que debe ser reconocida y enfrentada por los Estados.
* Los Estados deben reafirmar y proteger el carácter laico y plural de la democracia, evitando injerencias indebidas de extremistas religiosos que afecten la realización de reformas legales y/o la puesta en marcha de políticas públicas tendentes a mejorar la salud de las mujeres y su ejercicio de derechos.
LLAMADO A LA ACCION A LOS ESTADOS
Los Estados deben cesar las persecuciones judiciales selectivas y abusivas de mujeres que han abortado, las cuales afectan mayormente a las mujeres más pobres
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