El gobierno que preside Mariano Rajoy ha prometido encarcelar a los malditos despilfarradores, ha dicho que responderán con su patrimonio aquellos que lleven a la ruina a las empresas públicas y de interés general y ha afirmado que los mismos jueces, sin intervención del Parlamento y los partidos políticos, serán los que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, una reforma que fortalece la independencia del poder judicial y avanza un poco hacia la separación de los poderes básicos del Estado.
Después de un desastroso comienzo en el que el gobierno de Rajoy traicionó sus promesas electorales subiendo, injusta e innecesariamente, los impuestos y convirtiendo a los españoles en los ciudadanos más esquilmados de Europa, ahora parece querer recuperar el rumbo hacia la ansiada regeneración con algunas medidas y promesas que están despertando ilusión y esperanza.
Estas medidas responden al mandato de los ciudadanos en las urnas, que optaron por el PP no solo para que solucionara la crisis económica, sino para que rectificara el rumbo sucio y antidemocrático impuesto por Zapatero a la política española y recondujera el país hacia la democracia y la decencia.
Sin embargo, a pesar de las promesas de regeneración, la subida de impuestos decretada por Rajoy apenas una semana después de que su gobierno tomara posesión, una decisión que convierte a los españoles en los ciudadanos europeos mas esquilmados y explotados por su gobierno, obligados a pagar más impuestos que alemanes y noruegos, sigue pesando sobre el gobierno de Rajoy como una losa de plomo y restándole muchos apoyos entre los demócratas y los ciudadanos decentes de España, indignados por la traición a las promesas electorales y por la injusticia que supone que cada español tenga que trabajar más de seis meses cada año para el gobierno, un abuso de poder opresivo que equivale a un robo y que es insoportable, sobre todo porque se le ha metido al ciudadano la mano en la cartera sin que se hayan adoptado antes medidas tan justas y necesarias como la supresión de las subvenciones masivas a los odiados partidos políticos y sindicatos, el cierre de miles de empresas e instituciones públicas inútiles, creadas para colocar a familiares y amigos del poder, o la privatización o cierre de las costosas e inútiles televisiones autonómicas y locales, verdaderos juguetes que solo sirven como propaganda e instrumentos de dominio a políticos y caciques.
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