Tiene guasa que hasta la prensa extranjera se haga eco de que el gran problema que amenaza al Estado español sea proteger al rey Juan Carlos de Borbón (pues todavía sigue siendo rey) de una posible demanda por paternidad (Spain moves to protect Juan Carlos from paternity suite). Se están preparando todas las chapuzas legales posibles para evitar que se pudiera reconocer judicialmente que es padre, concretamente, de un hijo natural que nació antes que el ya rey Felipe (Albert Solá, cuya historia y peripecias se cuentan aquí y aquí). Si eso se reconociera, y puesto que la legislación española no permite hacer distinción entre hijos nacidos fuera o dentro del matrimonio (según el artículo 39.2 de la Constitución, los hijos son iguales ante la ley con independencia de su filiación), resultaría que el legítimo heredero de la Corona sería el hijo natural y no don Felipe, pues el artículo 57.1 de la Constitución establece que “La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos”.
Lo dicho, que tiene guasa.