Al igual que otras administraciones, la Generalitat Valenciana aprobó unas ayudas dirigidas a los trabajadores autónomos, denominadas Plan Reactiva, para paliar los daños ocasionados en sus negocios por la guerra en Ucrania y la desmesurada inflación que ha provocado, aunque ya antes de que los rusos decidiesen invadir un país soberano, también estaba por las nubes.
La Consellería de Hacienda destinó 45 millones de euros a la labor, a razón de 300 euros por autónomo que lo solicitase. Escarmentados con los fracasos anteriores de ayudas similares, rebajaron los requisitos para recibirlas, olvidando los ingresos de los beneficiarios, compatibilizándola con la de 200 euros que reparte el Gobierno Central y abriéndolas a todos los autónomos sin importar qué actividad realizasen.
Pues ni así: de los 150.000 beneficiarios que se esperaban, apenas han presentado la solicitud 54.063 (36%) y de los 54 millones, sólo se han repartido (o repartirán, que las cosas de palacio van despacio) 16.
A pesar de ello, el Conseller de Hacienda, Arcadi España, ha destacado “la gran aceptación” que ha tenido esta ayuda directa y ha incidido en que ha quedado de manifiesto el compromiso de la Generalitat con un colectivo que está sufriendo la crisis energética y la subida de precios. Pero ¿se ha mirado los números o es que llevaba escrito el discurso desde hace semanas?
Los autónomos valencianos han “pasado” de esta limosna compra-votos porque están hartos de que los maltraten. Lo que quieren, al igual que los del resto de España, es que los respeten, que no los hundan con impuestos desmedidos, que les ayuden a promocionar sus negocios y productos, que no les pongan la zancadilla con absurdas leyes cuando quieren crecer, que simplifiquen la burocracia administrativa… quieren hacer su trabajo y poder vivir de él.
¿La “ayudita” de 300 euros? “Que se la metan por donde nunca pega el sol”, ha expresado alguno de ellos.
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