La mitad de los presidentes que van a participar en la VIII Cumbre de las Américas, a celebrarse el 13 y 14 de abril en Lima (Perú), están acusados de corrupción, sin embargo dicho evento tiene como tema central la “Gobernabilidad democrática frente a la corrupción”. Trump será un gran ausente.
Tomado de Misión Verdad
Hasta hoy 20 de los 34 presidentes invitados han confirmado asistencia a la Cumbre de las Américas, analistas y medios hablan de un fracaso anunciado debido a que las acusaciones de corrupción contra algunos mandatarios, parlamentos y otras instituciones de los gobiernos de la región ponen en tela de juicio la legitimidad del evento.
Estará ausente Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien ha decidido “supervisar el desarrollo de eventos en el mundo”, esto es: escalar en la fase bélica contra Siria bajo el pretexto de un ataque químico en Duma (bandera falsa). Por ello ignora a los presidentes que han venido instrumentando su agenda contra Venezuela.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro decidió no asistir por las conmemoraciones de fechas históricas para el chavismo, con respecto al evento comentó su falta de relevancia.
A continuación un panorama de la corrupción en los gobiernos y países que promovieron la ausencia de Venezuela en la Cumbre de las Américas.
Perú: todos sus ex presidentes vivos ante la justicia
El país sede de la Cumbre atraviesa una crisis política que tomó respiro al renunciar el ex presidente Pedro Pablo Kuczinsky (PPK) el pasado 21 de marzo, esto lo hizo un día antes de que el Congreso votara su destitución a consecuencia del escándalo de los pagos de la constructora brasileña Odebrecht, sumado a la cerrada oposición del partido Fuerza Popular (FP) de Keiko, la hija del ex presidente Alberto Fujimori.
PPK hizo esfuerzos por liberarse del asedio de Keiko, y para ello pretendió ganar protagonismo internacional asumiendo la vocería del Grupo de Lima, constituido en 2017 por gobiernos latinoamericanos para buscar la salida del presidente Maduro del poder en Venezuela.
El actual presidente, Martín Vizcarra, fue ministro de Transportes y Comunicaciones al asumir PPK en 2016, y en ese entonces decidió financiar con dinero público a un consorcio argentino-peruano contratado para construir un aeropuerto en Cuzco. Luego admitió que no se contaba con los fondos necesarios. Fue acusado de malgastar recursos públicos para ayudar a las empresas constructoras y se puso en marcha un proceso de destitución parlamentaria en su contra, ante lo cual optó por renunciar al ministerio.
El caso de Perú merece mención especial porque todos sus ex presidentes vivos están presos, prófugos o investigados: Ollanta Humala fue detenido en 2017 por presunto lavado de activos en detrimento del Estado y asociación ilícita para delinquir; Alan García es investigado por la justicia peruana por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito; Alejandro Toledo es acusado de recibir un soborno de la constructora brasileña Oderbrecht, huyó de la justicia y se pide su extradición a EEUU; Alberto Fujimori fue condenado a 25 años por múltiples violaciones a los derechos humanos e indultado por PPK; y Francisco Morales Bermúdez (1975-1980) sentenciado en Italia a cadena perpetua por la participación de su gobierno de facto en el denominado Plan Cóndor, orquestado junto a otros regímenes militares, permanece en Perú.
México: en medio de “La Gran Estafa” de Peña Nieto
La corrupción ha sido uno de los sellos de la administración de Peña Nieto que finaliza el próximo 1° de diciembre de este año. Además de ser una percepción pública mayoritaria, su imagen está empañada por las constantes dudas sobre el otorgamiento de contratos para obras públicas, escándalos sobre las propiedades de su entorno, gobernadores procesados por millonarios desvíos de dinero y hasta acusaciones por el plagio de la tesis universitaria.
En 2017 se reveló que entre 2013 y 2014 al menos 11 dependencias habrían desviado dinero público a través de 186 empresas, a las que se otorgaron contratos irregulares; de éstas, 128 compañías son fantasmas y el fraude llegaría a los 192 millones de dólares: esto se llamó “La Gran Estafa”. En el desvío habrían participado dependencias como la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), también implicada en el caso Odebrecht. Por lo menos tres ministerios y ocho universidades públicas habrían cumplido con el papel de intermediarias.
La Oficina de la Función Pública aseguró haber iniciado procesos administrativos en contra de 10 trabajadores del Estado en tres de las dependencias mencionadas y que se investiga a otros 40 funcionarios.
Brasil: Temer en caída libre
En 2016 el partido de Temer abandonó la coalición gobernante de Dilma Rousseff porque ésta no pudo detener la investigación por corrupción, lo que a su vez desembocó en que la Cámara baja del Congreso aprobara el inicio de la moción de censura sin pruebas en su contra.
El golpe fue orquestado por el diputado Eduardo Cunha, quien tras ser acusado de corrupción, lavado de activos y evasión fiscal fue condenado a 15 años y cuatro meses de prisión. La asunción de Michel Temer abrió paso a un gobierno marcado por la operación anticorrupción más grande de la historia brasileña: Lava Jato. En 2017 la Corte Suprema de Justicia abrió investigaciones sobre ocho ministros del gobierno de Temer, 29 senadores, 42 diputados y tres gobernadores.
En mayo de ese año se divulgó una grabación de audio en la que se escuchaba a Temer avalando pagar soborno a Cunha para comprar su silencio. En octubre la Cámara de Diputados rechazó someter a Temer a juicio político, lo que desató protestas y que tocara fondo en las encuestas en las que es rechazado por la totalidad de los sectores más pobres de la sociedad brasileña.
Temer ha conseguido bloquear dos denuncias en su contra por parte de la Fiscalía General de la República gracias al apoyo político del Congreso. Se trata de hechos revelados por empresarios que decidieron colaborar con la justicia y que lo implican en el cobro de comisiones ilegales.
Argentina: los papeles de Macri
El diario estadounidense The New York Times calificó la situación del presidente Mauricio Macri como uno de los casos “más graves” de los Panamá Papers, artículos que indicaron cómo casi 215 mil empresas ficticias y 14 mil 153 clientes estaban atados a la firma legal Mossack Fonseca. A la utilización de paraísos fiscales para proteger su vasta riqueza se unieron 143 políticos, sus familiares y estrechos colaboradores, incluyendo 12 líderes políticos de alto rango.
Cuando Mauricio Macri llevaba poco más de un año de gobierno, ya estaba imputado por cuatro causas en curso y una adicional que fue desestimada por el magistrado a cargo. En 2016 fue denunciado por lavado de dinero y omisión maliciosa ante la aparición de los Panamá Papers. El grupo Macri movió 9,3 millones de dólares desde un paraíso fiscal con una de las más de 50 offshores que poseen, pero nunca fue declarado.
Luego de una ley del blanqueo de capitales amplió por decreto la extensión de la exteriorización a los familiares de funcionarios públicos y fue imputado junto a dos ministros, luego otra fiscal decidió comenzar una investigación en contra de Macri y otros 10 funcionarios, además de un empresario, el emir de Qatar y el titular de la Autoridad de Inversión catarí.
La cuarta imputación fue por el acuerdo en que el Estado le condonó 70 mil millones de pesos argentinos (3,5 mil millones de dólares, aproximadamente) al Correo Argentino, una empresa que perteneció a su padre Franco Macri y que quebró hace más de una década, dejando una millonaria deuda con el Estado.
Panamá: Odebrecht lo volvió a hacer
Juan Carlos Varela fue vicepresidente de Ricardo Martinelli, ex presidente vinculado al antichavismo venezolano. Su distanciamiento ocurrió en 2011 y ganó las elecciones en 2014 sorprendiendo a la opinión pública. Fue compañero de partido de Ramón Fonseca Mora, un ex ministro consejero de su gobierno y ex presidente del gobernante Partido Panameñista, quien dijo que Varela recibió “donaciones” de Odebrecht.
Por su parte, Varela afirmó que las “donaciones privadas” que recibió durante su campaña por la Presidencia “no son sobornos”, y que “ni un dólar” de esos recursos fueron utilizados para su beneficio personal o el de su familia.
Hace más de 40 años Fonseca fundó con Jürgen Mossack el escritorio Mossack-Fonseca, que creó miles de sociedades anónimas en todo el mundo, alrededor del cual gira todo lo respectivo a los Panamá Papers.
Panamá ha servido como paraíso fiscal desde hace algunos años, situación que ha perjudicado a sus vecinos, en particular a Venezuela. Por ello el Gobierno venezolano suspendió sus relaciones comerciales por 90 días con 46 empresas y 22 personas naturales panameñas para proteger el sistema financiero del país.
Entre las personas naturales sancionadas se encuentran el presidente Valera y miembros de su gobierno, mientras que entre las 46 empresas la Compañía Panameña de Aviación (Copa Airlines).
Se han evidenciado hechos de corrupción a través del sistema financiero panameño “por parte de sujetos naturales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes del delito contra el patrimonio público”, dijo Tareck El Aissami, vicepresidente venezolano al señalar que los delitos se han realizado por la opacidad del sistema financiero de Panamá, “con la colaboración de sujetos nacionales panameños” que se encuentran dentro y fuera del país.
¿De la cumbre al abismo?
La Cumbre de las Américas ha funcionado con agendas determinadas por EEUU. Para esta edición, por ejemplo, ninguno de sus programas habla de las políticas antimigración de la Administración Trump, sin embargo se pretende hablar de Venezuela y de una supuesta “crisis humanitaria”.
No es difícil interpretar los intereses de la corporatocracia de EEUU respecto a sus gobiernos “aliados”, cuando luego de azuzarlos contra Venezuela y promover el bloqueo contra la población venezolana, Trump decide plantarles como otra muestra de su actitud díscola frente a quienes le apoyan o adversan. Por algo PPK se refería a ellos mismos como mansos caninos.
Puzzle Bobble
Karate Blazers
Puzzle De Bloques
Magical Cat Adventure