Los comerciantes catalanes a la greña con Montilla

La normativa catalana sobre los establecimientos comerciales se ha caracterizado desde siempre por una protección del pequeño comercio de ciudad, a veces incluso excesiva, en detrimento de la potenciación de los grandes centros comerciales fundamentalmente en el extrarradio de las ciudades y pueblos de Cataluña.
Durante los sucesivos gobiernos de Jordi Pujol esa fue la práctica hasta el punto que de él se dijo que tenía una excesiva dependencia del voto del “petit botiguer” (pequeño tendero).
La apuesta por este tipo de comercio siempre se ha sustentado en la preservación de la trama urbana, en que la existencia de establecimientos comerciales pequeños en las calles y plazas aportaba más vida a los barrios. En frente se encuentra el modelo francés que hace medio siglo potenció los grandes centros comerciales en la periferia con el perjuicio que fueron cerrando las pequeñas tiendas de proximidad. Ahora Sarkozy pretende desandar el camino andado.
La Confederación de Comercio denuncia que el reciente decreto ley del Govern tripartito abre una vía para esa desertización en Cataluña. Esta norma tramitada como decreto pone en evidencia el desacuerdo entre los miembros del Gobierno catalán que han sido incapaces de consensuar un texto para tramitarlo como Ley, tal como se ha hecho en otras Comunidades.
el CONTEXTO

El Parlamento catalán aprobó ayer, con los votos del tripartito, el decreto ley 1/2009 que transpone la directiva europea de servicios, conocida como 'directiva Bolkestein', y que regula la ordenación de los equipamientos comerciales catalanes. Los otros tres grupos parlamentarios (CiU, PP y grupo mixto) votaron en contra.
Las discrepancias entre los integrantes del ‘Govern’ catalán ha impedido la tramitación como Ley. La nueva norma establece que corresponderá a los entes locales autorizar la implantación de establecimientos comerciales de hasta 1.300 metros cuadrados, y a la Generalitat los que sean más grandes.
Esa medida rompe el consenso con el que se ha desarrollado siempre la temática sobre cuestiones comerciales normativa en el Principado.
Para la Confederació del Comerç catalana, con este decreto se renuncia al modelo catalán de comercio basado en la proximidad. Para su secretario general, Miguel Ángel Fraile, esta norma “puede producir la desertización de muchos pueblos y ciudades” y se pregunta por qué no se ha elaborado una ley consensuada tal y como lo han hecho otras comunidades autónomas como Madrid o el País Vasco.
Para la CCC este decreto supone todo un causus beli, que traducido al roman paladino es motivo de guerra. “Nos deja las manos libres” apuntó amenazadoramente Fraile. “Este decreto del tripartito nos acerca peligrosamente al modelo francés y va contra el interés general”.
El modelo aprobado beneficia a dos grandes actores, por un lado los ayuntamientos a los que traspasa la aprobación de las licencias de apertura, y a las grandes superficies por otro.
En el caso de los municipios es una vía para que puedan generar mayores ingresos pero a su vez provocará una rivalidad entre ayuntamientos para facilitar aperturas.