Los cuatro sinvergüenzas ya parecen la banda de Alí Babá

Resulta espeluznante estos días asomarse a los titulares de los medios con el afán de tomarle el pulso a la actualidad de la ciudad e informarse sobre las diferentes propuestas de los candidatos para formarse una opinión sobre la viabilidad de los proyectos.

El aluvión de mierda con la que nos espolvorean a diario a causa del escándalo de la presuntas prejubilaciones fraudulentas mantiene ahogado y cautivo el debate sobre el estado de una ciudad que se dirige aturdida y despistada hacia su encuentro primaveral con las urnas.

Aquellos “cuatro sinvergüenzas” que auguraban al principio de las filtraciones los dirigentes de la Junta, resulta que ya no son tan pocos y se multiplican cada día que los medios van teniendo acceso a nueva información. De seguir así la cosa, el cuarteto de desvergonzados amenaza con convertirse en una prole más numerosa que la de Alí Babá y sus cuarenta ladrones.

A los ya notorios casos de Antonio Garrido Santoyo, ex secretario del PSOE de Baeza, introducido en el ERE de Mercasevilla de 2007 sin haber trabajado nunca en la empresa, María José Martínez Elvira, número 8 de la lista del PSOE en las municipales de 1999 en Torredonjimeno, intrusa en el de Hytemasa junto con Juan Lanzas, ex militante de UGT y su esposa, Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso y militante del PSOE, prejubilado irregular de Cydeplast, Alejandro Millán, militante del PSOE de la misma localidad prejubilado irregular en Graficromo y Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla, jubilado irregular en Calderinox, se le suman ahora nuevos nombres de personas vinculadas con actividades políticas o sindicales que van engrosando la lista.

Uno de ellos es Rafael Rodríguez Fuentes, que fue delegado sindical por UGT en la empresa Muebles Promi de Cabra, Córdoba, y su compañero y también delegado sindical por UGT en la misma empresa, Antonio González Pérez, se quedaron fuera de las prejubilaciones de le empresa de muebles y acudieron a ver al ex director general de Trabajo, Javier Guerrero, quien les garantizó una solución. Dicha solución no fue otra que su inclusión en el ERE del concesionario sevillano de coches Saldauto, empresa en la que no habían trabajado nunca. Este ERE es uno de los que está siendo investigado.

A ellos se han sumado estos días Francisco García, teniente de alcalde de Alcalá de Guadaira y vicesecretario de organización del PSOE local y Bernabé Gómez, presidente del PSOE de la misma localidad, ambos beneficiarios del ERE de la Base Aérea de Morón. Se da la circunstancia de que Francisco García pidió pocos meses antes del ERE la excedencia de la dedicación exclusiva que tenía en el ayuntamiento para incorporarse a la empresa. La inspección de trabajo avisó a la Junta en diciembre de 2010 de que no debía continuar con el ERE y que debía remitir las irregularidades a la Justicia, lo que no impidió que el expediente fuera aprobado diez días después.

Ante semejante escándalo, PP y PSOE se enzarzan en acusaciones mutuas de corrupción sin arrojar ninguna luz sobre el asunto y, lo que es peor, sin tomar ninguna iniciativa relevante al respecto.

Sólo de vez en cuando un buen ejercicio de periodismo nos quita la venda de los ojos y nos explica el contexto en el que se han producido todas estas aberraciones. Es entonces cuando la realidad aparece por encima de las palabras de los políticos y se muestra tal cual es para que pueda verla todo el que quiera.

Un ejemplo palpable es lo sucedido en los ERE que sacudieron a la cuenca minera de Huelva hace una década que el periodista Rafael Moreno nos explica en un magnífico artículo en Huelva Información. Mil quinientos mineros prejubilados y todas las minas cerradas mediante un acuerdo marco en el que participaron todas las administraciones gobernadas entonces por miembros de ambos partidos. El relato de cómo se produjeron los hechos es estremecedor y demuestra a las claras la falta de imaginación y de competencia de muchos de los políticos que entonces se vieron involucrados en el proceso. Especialmente patético es el párrafo a continuación.

“El llamado ERE de Riotinto no es más que un ejemplo de lo que se hizo en la mayor parte de las minas de cobre andaluzas entre 2002 y 2003, desde Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla, pasando por Almagrera-Sotiel y Minas de Tharsis-Filón Sur, entre otras explotaciones. Todas las cortas se fueron a pique una a una tras el desplome del precio del metal, que llegó a cotizar a 1.300 dólares la tonelada cuando el margen de rentabilidad se había fijado en la frontera de los 1.800. Ahora cotiza a 9.500.”

Un ejemplo clarísimo de falta de visión política y de iniciativa que condenó a toda una cuenca minera a la ignominia. A nadie se le ocurrió entonces buscar soluciones viables para rentabilizar las minas y ahora, como escribe el periodista, la realidad se ha encargado de poner a cada uno en su sitio.

Y mientras este escándalo de proporciones cada vez mayores sepulta bajo una gruesa y espesa capa de mierda a la sociedad andaluza aquí no se ha depurado todavía ni una sola responsabilidad política, ni por unos ni por otros. Es mucho más fácil optar por la vieja táctica de emponzoñarlo todo, salpicar de excrementos hasta el último rincón de una tierra que no lo merece, como tampoco merece unos representantes que no saben estar a su altura y que son incapaces de asumir los errores y rendir cuentas ante sus ciudadanos.