Los cuidados informales de pacientes con ictus suponen unos 10.000 millones de euros anuales‏

La valoración del tiempo de cuidado informal a los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) supondría entre 6.533 y 10.825 millones de euros si los asumiera los servicios sociales y sanitarios (de financiación pública o privada) de nuestro país. Así lo aseguran las estimaciones del estudio “Cuidados informales asociados a la limitación de la autonomía en supervivientes a accidentes cerebrovasculares” de la Universidad de Castilla La Mancha y el Instituto Max Weber, patrocinado por Boehringer Ingelheim.
Las conclusiones de este estudio se presentaron el pasado 4 de mayo en las XXXI Jornadas de Economía de la Salud que ha organizado la Asociación Española de Economía de la Salud (AES).
Según este estudio, las personas cuidadoras en España invierten más de 850 millones de horas al año en la atención a personas que han sufrido un ACV. En base a esto, la estimación del coste que supondría si este cuidado lo tuviera que asumir servicios profesionales de cuidado a domicilio señala una valoración del tiempo de cuidado informal que oscila entre los 6.533 y 10.825 millones de euros al año.
Estas cifras ponen de relieve el alto valor social de las tareas realizadas por las personas cuidadoras y los potenciales ahorros (en tiempo de cuidado informal y formal, de presupuestos públicos y privados) derivados de programas que conciencien y prevengan a la población sobre la importancia de prevenir accidentes cerebrovasculares. De hecho se ha demostrado que las estrategias y campañas efectivas de prevención contra los accidentes cerebrovasculares pueden suponer una reducción de las secuelas que se derivan de los ACV, y, por lo tanto, una disminución de las cargas para la sociedad y de los costes para el sistema sanitario.
-Impacto del ictus en España
Los ACV son una de las enfermedades de mayor impacto en las sociedades occidentales. Según datos de 2008, se registraron casi 32.000 muertes por ictus en España, convirtiéndose en la segunda causa de muerte en general y la primera causa de muerte entre las mujeres.
La Encuesta de Discapacidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) de 2008 identifica a 329,5 mil personas que han sobrevivido a un ACV y presentan algún tipo de discapacidad en España. De estos un 45,8% eran hombres y un 54,2%, mujeres; con una edad media de 71,7 años. En total, se calcula que 265,6 mil personas recibían cuidados personales debido a sus discapacidades.
El perfil de las personas cuidadoras nos presenta básicamente a mujeres (un 80,64% de los casos) y que residen en el hogar de la persona accidentada (70,87%). En el 34,2% de los casos, las personas cuidadoras llevan más de 8 años ocupándose de la persona superviviente de un ACV. Las tareas que asumen se dividen en dos grandes grupos: actividades básicas de vida diaria (vestirse, asearse, andar por casa, moverse, cambiar pañales por incontinencia, bañarse, moverse, usar el baño…) y actividades instrumentales de la vida diaria (hacer la compra, preparar comidas, tareas domésticas, control de la medicación, salir y desplazarse por la calle, administrar el dinero, hacer gestiones, ir al médico…)
Esta sobrecarga supone para las personas cuidadoras un deterioro de su actividad profesional, problemas de salud y de su vida familiar. Así, el 55,39% afirma sentirse cansado/a, un 41,96% ha padecido un deterioro en su salud, un 34,26% se siente deprimido/a e incluso un 19,47% confirma que ha tenido que ponerse en tratamiento para poder llevar la situación. En el ámbito profesional, un 28,31% asegura que no puede plantearse trabajar fuera de casa, un 17,08% ha tenido que dejar de trabajar y un 23,56% confiesa que esta situación les ha supuesto problemas económicos. Por lo que respecta al nivel más personal, la reducción del tiempo libre (68,72%), no poder marchar de vacaciones (53,04%), no poder quedar con sus amistades (51,49%) y no tener tiempo para cuidar de uno mismo/a (39,73%) son los principales problemas detectados entre las personas cuidadoras.
Los autores del estudio defienden que la coordinación entre los servicios sanitarios, servicios sociales y las familias es un elemento fundamental en el diseño de políticas que persigan la equidad y la eficiencia en la atención a personas dependientes.