La Conselleria de Justicia y Administraciones de Valencia ratificó la extinción de la Fundación de Derechos Humanos de la Comunidad de Valencia, por no haber conseguido "otro tipo de ayudas o aportaciones económicas" distintas a los 5000 euros que percibe de la Generalitat y por lo tanto carecer de recursos económicos suficientes para poder realizar los fines para los que fue creada. Sin embargo la alcaldesa de la ciudad del Turia, no se corta ni un pelo en gastarse 32000 euros en un crucero para la fallera mayor de Valencia y su corte. Incongruencia tal se comete en una comunidad donde el escándalo y la corrupción a salpicado hasta el armario del mismo presidente de la comunidad.
Dicha Fundación, fue constituida el 20 de mayo de 2003, y tenía entre sus objetivos "la defensa y promoción por todo el mundo, especialmente en el área Mediterránea, de los derechos humanos de acuerdo con los valores de la Declaración Universal de Derechos Humanos", además de propiciar la creación de un marco jurídico internacional que permitiera el cumplimiento efectivo de esta declaración y la puesta en marcha y mantenimiento de un Foro Mundial de Derechos Humanos con sede permanente en la ciudad de Valencia.
La entidad, estaba presidida por el conseller de Inmigración y Ciudadanía, Rafael Blasco, un curioso personaje al cual la transición española le sirvió para realizar un meteórico viaje ideológico desde la extrema izquierda en la época tardofranquista, pasando por el partido socialista y acabando, instalándose finalmente, en el neoliberalismo triunfante del PP valenciano.
Esto ocurre en una comunidad con el índice de xenofobia más alto de España, con 79 casos, lo que Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, achaca a que en esta región anidaron históricamente grupos racistas y xenófobos, que han constituido "un subsuelo de cultivo" para estos comportamientos. La crisis como excusa para escudar actuaciones racistas y acabar con fundaciones que buscan, aunque sea presididas por sujetos de dudosa credibilidad, un mundo mejor, no es excusa, sin embargo, para cuidar un nicho de votos del PP como son los casales falleros, con viajes y beneficios que, de ser investigados, no me extrañaría que rozaran la ilegalidad, pues a eso parece que nos hemos acostumbrado los ciudadanos de esta comunidad.
Quizás, pensándolo un poco mejor, casi será mejor que una idea tan alta y enconmiable como son la de los Derechos Humanos, no estén nunca subvencionadas ni relacionadas con políticos de tal calaña como los que campan por estos lares.