Las primeras comunidades que poblaron las tierras de la actual Canadá han tenido que hacer frente durante siglos a una existencia en peligro, cuya principal amenaza han sido la sucesión de Gobiernos en el poder. Sin embargo, a pesar del genocidio cultural sufrido, su historia apenas ha sido contada. Este artículo pretende dar a conocer los retos a los que las comunidades indígenas canadienses se han enfrentado y continúan enfrentándose en la actualidad.
En el imaginario internacional, Canadá se presenta como uno de esos Estados modelos garantes de la paz y de los derechos humanos. Esta imagen además queda respaldada en la proyección e influencia silenciosa que ejerce a través del denominado poder blando; no en vano ocupa un elevado puesto en la clasificación mundial correspondiente. Sin embargo, de forma casi desapercibida en la esfera mundial, Canadá lleva arrastrando de puertas para dentro una asignatura pendiente desde mucho antes incluso de su constitución como nación: los derechos de la población indígena.
Desde los orígenes de la colonización europea del continente americano, la relación entre las comunidades indígenas que ocupan las actuales tierras canadienses y las potencias llegadas a sus territorios ha sido, por decirlo eufemísticamente, compleja. A pesar de que en la actualidad se han producido avances, la situación se encuentra lejos de haber alcanzado una resolución que proteja los derechos de estos pobladores ancestrales. Los abusos presentes y pasados y las heridas sin cerrar suponen un reto para la estabilidad social interna canadiense y pueden además afectar a esa imagen tan perfectamente construida en el exterior.
¿Cuál es la historia apenas contada de estas primeras comunidades y cómo afecta a la actualidad del país?
Una breve aclaración
Antes de comenzar, conviene aclarar de qué se habla cuando se hace referencia a comunidades indígenas o aborígenes en el contexto canadiense. Según la Constitución de Canadá, son tres grandes grupos los que se incluyen oficialmente bajo estas denominaciones, con importantes efectos legales, especialmente en referencia a los tratados firmados entre las comunidades indígenas y el Estado. Estos tres grupos comprenden las Primeras Naciones, denominación que engloba a más de 617 comunidades indias; inuits, que pueblan el área ártica del país, y metis, que descienden de las primeras uniones entre aborígenes y pobladores europeos. También existen los denominados “indios no estatutarios”, los cuales se reconocen como parte de las comunidades indígenas, pero sin derecho a identificarse legalmente como tales. Todos ellos se conocen asimismo —y así se denominarán aquí— con el genérico primeras naciones, en minúscula.
Los orígenes del dilema indígena
Los primeros contactos entre las comunidades indígenas canadienses con los europeos datan del siglo XI, cuando barcos escandinavos llegaron a las costas del continente. Sin embargo, las primeras colonias funcionales tal y como las conocemos no se establecerán hasta la llegada de franceses y británicos en el siglo XVI. Ambas potencias comenzarán a establecer una serie de alianzas comerciales y de exploración con las comunidades indígenas y pronto descubrirán que su éxito colonizador dependerá estricta e irónicamente de la colaboración de las poblaciones colonizadas.
Sin embargo, los intereses de las primeras naciones y de las grandes potencias no siempre irían en la misma dirección, lo que generaría numerosos enfrentamientos. Dichos conflictos se resolverían en la mayoría de los casos mediante la firma de tratados que aseguraban la presencia de las potencias europeas en el territorio o el uso de diversos productos comerciales para su explotación a cambio de protección frente a la potencia contraria. Se ponían así las primeras piedras de un complejo sistema que marcaría las relaciones entre ambos desde ese momento hasta la actualidad.
En 1970, con la pérdida de los últimos bastiones territoriales franceses, Gran Bretaña se hace con el control colonial absoluto y extiende su poder mediante nuevos tratados, con los que se asegura la paz de las colonias leales a Francia. Tras esto se les reconocerán derechos mediante la concesión oficial de algunos de los terrenos que ya ocupaban y que no podrían ser ocupados desde ese momento por los colonizadores británicos libremente. Las relaciones entre ambos, por tanto, se mantuvieron relativamente estables sobre la base de una mutua dependencia en los primeros años de convivencia.
Sin embargo, el auge colonialista del siglo XIX llevará a los británicos a replantearse sus relaciones con las primeras naciones. La idea de que los europeos formaban parte de una raza superior a la de las poblaciones indígenas y la expansión de las misiones cristianas hicieron que los británicos decidieran asumir el “deber de civilizar” a todas las comunidades aborígenes del territorio canadiense.
Las políticas de asimilación y el genocidio cultural
Durante aproximadamente 160 años, las relaciones entre la Corona británica —que heredará posteriormente el Gobierno federal canadiense en 1867— con las primeras naciones estuvieron basadas en una política de civilización a través de medidas de asimilación de su cultura y tradiciones dentro de la mayor sociedad canadiense. Estas prácticas han llegado a ser calificadas como “genocidio cultural” al estar basadas en la ocupación del territorio de las primeras naciones y la prohibición de su lengua, prácticas religiosas y cultura en general. Semejantes acciones fueron posibles gracias al empleo de dos elementos: la Ley de Asuntos Indios —Indian Act— y el sistema de residencias e internados para menores indígenas.
La Ley de Asuntos Indios regulaba todos los aspectos relacionados con las primeras naciones dentro del Estado canadiense. En ella quedaban establecidos aspectos como la definición legal de indígena o los criterios y actos bajo los cuales se podía perder dicho estatus, entre los que se encontraban el matrimonio de una mujer indígena con un ciudadano no indígena o la obtención de un título universitario. En 1920, una enmienda a esta ley da un paso más allá y permite al Gobierno federal desproveer a cualquiera de su estatus como indígena contra su voluntad. Otros aspectos incluidos en esta ley establecían el veto del Gobierno a las decisiones de los consejos y jefes indios, así como el control sobre la capacidad de uso de sus tierras y actividades comerciales.
Esta ley regulaba asimismo el segundo aspecto clave del proceso de asimilación: el sistema de residencias e internados para niños indígenas. En mayor o menor grado a lo largo del tiempo, el Gobierno se reservaba la capacidad de obligar a las familias a enviar a sus hijos menores a estas instituciones, donde recibían una educación acorde a los “valores occidentales y cristianos”. Una vez en ellas, a los niños se les asignaban números, se les desproveía de sus ropas y cualquier otro vestigio de sus lugares de origen o identidad y se les prohibía el uso de su lengua, así como el contacto con sus familiares.
La asimilación en estos centros en algunos casos iba mucho más allá y los responsables de estas instituciones se encargaban de concertar matrimonios entre los niños dentro de ellas con el fin de que “no se perdieran los avances de la civilización”. En algunos casos, estos matrimonios forzosos se convertían en requisito para salir de las propias instituciones; en otros, los responsables de las instituciones se encargaban de bloquear matrimonios entre estudiantes que saliesen de las residencias con miembros de sus comunidades por considerarlos inapropiados.
La Comisión para la Verdad y la Reconciliación (TRC por sus siglas en inglés), creada en 2008 para investigar los hechos ocurridos en las residencias, dejó recogidas en sus informes las terribles condiciones sanitarias de estos centros, además de las muertes de decenas de niños de las primeras naciones aún por identificar. Muchas de las consecuencias de este sistema, vigente hasta finales de la década de 1960, siguen estando presentes en la actualidad de las comunidades indígenas. La reinserción de todos los niños participantes del sistema de residencias fue demasiado compleja debido a los abusos y carencias que habían sufrido en ellos.
Esto abrió una brecha generacional y marcó a todos aquellos que habían pasado por estos centros y que en parte explican las causas del elevado número de suicidios que se producen entre los grupos indígenas en Canadá. No solo eso, sino que los problemas de racismo dentro de la sociedad canadiense, ensalzados por la división del sistema de residencias, tampoco han sido capaces de resolverse y han alimentado otros problemas que afectan a estas comunidades.
En 2008, el Gobierno federal de Stephen Harper emitió una disculpa pública a los afectados por el sistema de residencias. Aunque se trataba de un paso importante, Harper no aceptó las recomendaciones de la TRC, lo cual embarraba cualquier intención de buena voluntad por parte del Gobierno y dejaba al actual y reciente primer ministro Justin Trudeau con una gran responsabilidad de enmienda. Pese al poco tiempo que lleva gobernando, las primeras acciones del nuevo Ejecutivo en este aspecto han llevado a centrar todas las miradas y esperanzas en el casi revolucionario Trudeau, quien sí parece dispuesto a dar pasos importantes en la conciliación con las comunidades indígenas y la compensación por los abusos que sufrieron.
Para ampliar: “Honouring the Truth, Reconciling for the Future”, TRC, 2015
Autopista 16, la carretera de las lágrimas
El Gobierno de Stephen Harper no solo falló en sus responsabilidades con las comunidades indígenas al no tomar medidas contra las consecuencias de las residencias e internados. Cientos de asesinatos y desapariciones de mujeres y niñas indígenas durante décadas tampoco recibieron las respuestas necesarias y el Gobierno incluso dejó en 2010 sin financiación a los programas que los investigaban. Existe una gran laguna de datos a partir de ese momento; sin embargo, los recogidos hasta entonces estiman hasta 582 desapariciones y asesinatos en Canadá, el 39% de los cuales se produjeron a partir del año 2000. También se estima que dos tercios de todos los casos fueron muertes violentas y que la mayoría de las víctimas eran menores de 31 años, muchas de ellas madres.
La mayoría de estas desapariciones y asesinatos se concentran en el área de la Columbia Británica, concretamente en las inmediaciones de la autopista 16, conocida como “la carretera de las lágrimas” debido al elevado número de casos que se producen en ella. Muchos de los casos han visto envueltos además a jueces y miembros de la Policía Montada de Canadá, bien de forma directa como autores de los asaltos y abusos, bien indirectamente por negarse a investigar los casos o no emplear todas las medidas necesarias para ello.
De por sí, la relación entre las comunidades indígenas y la Policía Montada es históricamente compleja a causa de las marcas dejadas por el sistema de residencias: la propia Policía Montada era la encargada de ir en búsqueda de los niños y llevarlos hasta las instituciones. Vestigios de esta relación pueden encontrarse en la lengua; por ejemplo, en el dialecto indio carrier se hace referencia a la Policía como Nilhchuk-un, que significa ‘aquellos que se nos llevan lejos’.
En 2004, la Policía Montada emitió un comunicado de disculpa por estas prácticas, que sin embargo no ha servido para mejorar su relación con las comunidades indígenas. Según revelan informes de asociaciones como Amnistía Internacional, los niveles de pánico y temor hacia la Policía Montada entre las mujeres de las primeras naciones se equiparan a los detectados en comunidades de países posconflicto, como Irak, al ser percibidos como causantes del peligro en lugar de un elemento de protección.
Son muchas las llamadas internacionales de atención que ha recibido Canadá por la falta de investigación y remedio de estos abusos, que se encuentran irremediablemente vinculados al problema racial en el seno de la sociedad canadiense.
Para ampliar: “Those Who Take Us Away”, Amnistía Internacional, 2013
Peace River Valley, el Standing Rock canadiense
La región de la Columbia Británica no solo se encuentra en el punto de mira por los problemas generados en torno a la carretera de las lágrimas. En los últimos años, el área del Peace River Valley —es decir, el valle del río de la Paz— ha sido uno de los lugares de mayor controversia que no han recibido tanta atención mediática como su casi equivalente Standing Rock en Estados Unidos.
En este caso, el Gobierno de la región pretende llevar a cabo la construcción de una presa hidroeléctrica en un valle habitado por numerosas comunidades indígenas. El proyecto, conocido como Site C, inundaría una extensión de aproximadamente 83 kilómetros, con lo cual pondría en peligro la capacidad de supervivencia de las comunidades que dependen de este territorio para sus actividades de caza, pesca y recolección, entre otras. Además, borraría del mapa un área de importancia religiosa y cultural estrictamente vinculada a sus tradiciones, lo que, considerando los antecedentes históricos del país, sería una acción más que polémica.
El área ya experimentó este tipo de construcción en la década de 1960, con el consiguiente desplazamiento de cientos de indígenas. En 2016, la compañía encargada de su construcción, BC Hydro, reconoció el daño que había causado a estas comunidades. A pesar de estos antecedentes, algunos expertos han coincidido en señalar que los daños causados ocasionarían un impacto medioambiental sin precedentes en el país.
El problema canadiense coincide en el aspecto legal con el estadounidense. Por un lado, los tratados obligan a Canadá a respetar rigurosamente los derechos de las poblaciones indígenas en sus territorios. Además, deben ser consultadas antes de llevar a cabo actividades de construcción que irrumpan y alteren dicho territorio. Más concretamente, en el caso de Canadá, el Tratado 8 reconoce el derecho de las primeras naciones a la caza, pesca y demás actividades que permiten su subsistencia en sus territorios; por tanto, el Gobierno canadiense no puede emprender acciones que las pongan en peligro.
Cabe destacar que no son solo las comunidades indígenas de la Columbia Británica las que se encuentran amenazadas por los efectos de las construcciones y el daño medioambiental. Desde 1970, la tribu asubpeeschoseewagong —más conocida como Grassy Narrows (la traducción aproximada sería Estrechos Herbosos)—, situada en el norte de Ontario y parte del grupo de las Primeras Naciones, ha visto peligrar su existencia a causa de los vertidos de mercurio en las aguas que rodean su territorio. Esto no solo afecta a la vida de sus miembros, sino que el impacto medioambiental de los vertidos químicos para el ecosistema puede tener graves consecuencias a largo plazo.
Un futuro lleno de retos
El Gobierno canadiense tiene aún un largo camino por recorrer en lo que se refiere a la protección de los pueblos indígenas. El nuevo primer ministro Trudeau tiene entre sus manos una oportunidad para restañar las heridas del pasado y, a su vez, la responsabilidad de continuar dando pasos hacia una reconciliación plena.
Uno de los elementos claves con los que cuenta Trudeau para lograrlo es el proyecto de ley C-262, que prometió sacar adelante durante su legislatura. Dicho proyecto establecería el marco de implementación de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la traspondría con plena validez a la legislación canadiense, que debería a su vez ajustarse y armonizarse conforme a esta.
La legislatura de Trudeau puede pasar a la Historia como el inicio del verdadero acercamiento entre ambos sectores de la sociedad canadiense o confirmar su estancamiento. Tan solo cabe esperar y seguir de cerca los movimientos del prometedor primer ministro.
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