Los ERE, comidilla en los pasillos de la convención socialista

Como contábamos ayer, uno de los temas más recurrentes, como no podía ser de otra manera, en el pasilleo de la Convención Municipal Socialista que se está celebrando en Sevilla es el marrón generado por el caso de las prejubilaciones fraudulentas en los ERE tramitados desde la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción nº 6 de la capital, bajo la tutela de su titular, la juez Mercedes Alaya.

Los militantes socialistas con los que hemos tenido ocasión de hablar sostienen en su mayoría que se está transmitiendo a través de los medios una imagen que no es nada acorde con la realidad. A su entender, se pretende dar por hecho que en el tema de los ERE se han dilapidado 650 millones de euros, cuando esto no se corresponde con la realidad de los datos que hasta ahora se han filtrado de las investigaciones llevadas a cabo.

Aseguran que, por lo que se sabe, sólo alrededor de 700.000 euros de ese montante se han utilizado en prejubilaciones presuntamente fraudulentas y que, aunque se pueda cuestionar el ajuste a la legalidad del procedimiento utilizado al efecto, la procedencia de esos fondos está fuera de toda duda, ya que provienen de partidas transferidas desde la tesorería de la propia Junta.

Las mismas fuentes nos confirman que es generalizado el sentir entre la militancia de que la Junta no ha actuado con la celeridad y el acierto esperado y que ha sido un error que se puede pagar caro más adelante el no consentir la creación de una comisión de investigación en el seno de Parlamento andaluz que se encargue de aclarar el asunto.

En las conversaciones que hemos mantenido con algunos militantes de distintas tendencias dentro del partido, existe un denominador común que las unifica en cierta manera: pocos entienden que a estas alturas, y con la que está cayendo desde todos lados, nadie, ni de la Junta ni del partido, se haya decidido todavía por depurar las responsabilidades políticas que, sin duda, conlleva este farragoso asunto.

Como ya se ha mantenido en ocasiones anteriores en este blog, y sin pretender condenar de antemano a nadie a quien la justicia no considere culpable llegado el caso, más de una década engañando hasta a tres consejeros distintos es demasiado engaño como para que no se depuren tales responsabilidades.

Porque, a fin de cuentas, hablamos de cargos de confianza en los que la responsabilidad del nombramiento recae directamente sobre la persona que los designa o mantiene en el cargo. No se trata de funcionarios de carrera que alguien ha de aceptar obligatoriamente porque la ley así lo determina.

Y cuando un cargo de confianza, generalmente nombrado por designación directa, saca los pies del plato, la responsabilidad inmediata recae sobre el depositante de tal confianza, bien en calidad de artífice del nombramiento, bien en calidad de haber ratificado la confianza depositada en dicha persona por un antecesor. No existe otra salida posible.

Y cuanto más se demore mesa obligación de la Junta y del Partido Socialista de depurar las responsabilidades políticas inherentes a este caso, más en contra se le pondrá y mayor cantidad de munición pondrá en manos de un Partido Popular que no necesita demasiados motivos para matar moscas a cañonazos. Máxime cuando hay motivos más que razonables para ello.

El tiempo juega en contra del PSOE en este feo asunto, sobre todo en un momento en que el partido se encuentra inmerso en la delicada tarea de confeccionar las listas de cara a las próximas elecciones municipales.

De una rápida gestión de esta crisis mediante las medidas adecuadas depende en buena manera el afrontar los comicios con un mínimo de garantías. Pero a las fechas que estamos, lo que no vale en absoluto es dilatar el tiempo y escurrir el bulto mirando para otro lado. Eso no hará sino empeorar las cosas más de lo que ya están.