Como puso de manifiesto Olivia Jackson, profesora de la universidad de Florida, y se ha repetido mil veces desde entonces, «El 11 de septiembre no provocó la crisis que vivimos ahora, pero sí algunas de las decisiones que se tomaron a raíz de los atentados». En especial, la liberalización de los controles al sector financiero, y la bajada anormal de los tipos de interés (del 6,5 % en enero del 2001 al 1 % en junio del 2003), produjeron una expansión anormal de la economía, fomentando las burbujas económicas que están en la base de la actual crisis. Pero posiblemente una de las consecuencias de mayor calado del triple atentado, no es el que atañe al ámbito de la economía, sino al de la política. En un libro que el profesor Fernando Quesada publicó en el año 2008, cuando todavía la crisis económica no había mostrado su lado más duro, ni había arrojado una sombra tan profunda de sospecha sobre la política, mantiene una interesante tesis acerca de cómo dicho acto terrorista marcó la disolución definitiva de la democracia liberal, fundamentada en el pacto lockeano-ilustrado, y dio comienzo a un nuevo estado político que busca su justificación más allá del principio democrático del contrato.
Quesada utiliza el análisis de los mitos de Lévi Strauss para tratar de entender cómo las democracias actuales se auto-justifican a sí mismas, y cómo se produce el surgimiento de un nuevo estado político. La idea del estructuralista francés es que toda sociedad necesita un mito fundacional al que referir el sentido. En las sociedades primitivas, pre-científicas y a-críticas, la referencia se encuentra en ciertos relatos de corte fantástico, que son tomados de forma verídica, y a través de los cuales el estado actual, en cada caso, se justifica como el resultado inevitable de unos acontecimientos que lo desencadenaron: puede ser la irrupción de un nuevo Dios que impone la ley frente a un estado caótico anterior, un héroe que restaura el orden y la justicia perdidas o una guerra gloriosa realizada contra el mal absoluto, cuya derrota abre el campo de la vida posible. En el caso de las modernas sociedades a las que se llama democráticas, puesto que no es posible la apelación a este tipo de literatura, es el relato de la historia el que justifica lo político, de igual modo, que el estado actual es el precipitado de unas circunstancias previas que alcanzaron su equilibrio mediante la estructura presente. Ese relato de la historia, sobra decir, que no es la descripción científica y meticulosa de la historia, en caso de que tal sea posible, sino una narración que toma tintes ideológicos y mitológicos, de tal forma que también queda mostrado donde reside el mal y quiénes son los héroes.
En ambos casos, ya sea literatura fantástica o historia mitologizada, la forma de narración mítica trata de explicar cómo lo ahora existente, el tipo de sociedad instituida, es el resultado de unos sucesos acaecidos en dicha sociedad a partir de un momento originario de desorden y caos. Partiendo de una época pre-política que se caracteriza como caos y desorden, una acción ejemplar del héroe, o una guerra o, en nuestro caso una revolución, acaba con la situación de confusión y desconcierto, instituyendo, mediante un acto ejemplar la nueva situación, que a partir de entonces es tomada como paradigma de orden y racionalidad. El mito explica cómo lo que hay actualmente, es el resultado inevitable de la resolución del conflicto, la única posibilidad, el único mundo ordenado y con sentido que puede haber. Y esto lo hace oponiendo de forma binaria pares de elementos enfrentados, que se viven como contrarios y que dividen la realidad en torno a lo caótico invivible y lo ordenado vivible: el bien contra el mal, la guerra contra la paz, la justicia contra la injusticia, la razón contra la sinrazón… etc. Los integrantes de la nueva sociedad habitan esta reordenación simbólica de la realidad y perciben que viven, a partir de entonces, en un mundo ordenado, comprensible y con sentido, considerando el orden precedente como algo intolerable.
Pues bien, también las modernas sociedades democráticas se fundan en un mito, en este caso un mito ilustrado generado en la Revolución Americana en el caso de los Estados Unidos, y la Revolución Francesa para los europeos. En ambos casos, el relato de la Revolución cumple ahora la función que, en los pueblos antiguos, ocupaba el poema mítico-fantástico. De un estado pre-político e irracional, representado por el antiguo régimen, se pasa a una sociedad ordenada racionalmente, gestada ahora también por unos héroes que instituyen el nuevo estado político presentado como fruto del acuerdo racional o pacto entre los ciudadanos y el poder.
A partir de entonces la realidad queda organizada perfectamente y justificada conforme a pares de contrarios: tradición-progreso, gobierno absoluto-democracia, creencia-saber, dogma-verdad científica, irracional-racional, revolución-pasividad, salvaje-civilizado. Lo que se instituye como fundamento mitológico en las revoluciones ilustradas es, precisamente, el mito de la razón, tanto en su versión de “dialogo racional” y contrato social, como en su versión de “razón científica”. Es el pacto democrático y la investigación científica lo que confiere sentido a un estado político que se ve ahora como un mundo luminoso frente a las tinieblas de lo irracional, que es todo lo que queda fuera, el mundo de los bárbaros.
Los fenómenos acaecidos el 11 de septiembre del 2001 suponen una refundación de las sociedades democráticas, que a partir de este momento, y mediante una poderosa contranarrativa, se van a desvincular del mito ilustrado revolucionario para adoptar una nueva perspectiva. El nuevo fundamento queda perfectamente reflejado en la llamada “Carta de América”, una proclama que firmaron un grupo de intelectuales norteamericanos tras los atentados del 11S y que puede ser leída en términos de relato fundacional, esto es, como un mito. Después del atentado cambió completamente el tipo de discurso político que era de uso común en los Estados Unidos, un modo de habla que establecía su horizonte dentro de los límites del contrato democrático, siendo sustituido por uno nuevo destinado a sustituir la fundamentación precedente. De lo que se trataba, tras los atentados, era de generar un nuevo mito, y por tanto una nueva situación política.
¿Cuál es esta nueva situación? Se parte, como en cualquier otro mito fundacional, de un caos inicial, que corresponde con la situación creada por el triple atentado. Estos actos terroristas tuvieron, para el pueblo americano, la significación de un momento cero en la Historia; no es baladí que al lugar que ocupaban las derrumbadas torres gemelas, se lo calificase de “zona cero”, y se haya convertido, con el tiempo, en un punto de peregrinaje para los ciudadanos del nuevo orden, como lo es la Kaaba en La Meca para los musulmanes. Los atentados suponen la destrucción del orden establecido en el anterior mito y el establecimiento de una situación de caos y perplejidad profunda, que hace las funciones de momento a resolver. Los americanos percibieron los atentados como una caída de todos los velos, confrontándose con un mundo hostil e incomprensible en el que ellos no tenían cabida y estaban amenazados de extinción. Los Estados Unidos dejaron de ser el ejemplo de la democracia, una sociedad lanzada al futuro, para percibirse a sí misma como un barco a la deriva en medio de la tempestad. Como tal, en un mundo entrando en convulsión, el pacto democrático deja de tener validez y es necesario instaurar un nuevo proceso fundacional.
¿Y cuál es el nuevo estado político que pretende fundarse como resultado resolutorio del caos producido por la caída de las torres?. Lo que trata de legitimarse es la existencia de un poder absoluto mundial capaz de organizar una situación caótica instituida como “terrorismo internacional”, restaurando la paz, la racionalidad y el orden (no ya democrático). Y son los Estados Unidos los que se perciben a sí mismos como representantes de este nuevo gobierno mundial que establecería las normas globales y otorgaría a cada país el lugar que debe ocupar. No es ya una asamblea como la ONU, un lugar que toma su fundamentación del pacto ilustrado, el nuevo centro político; el dialogo racional, institucionalizado como asamblea de países, dejó de tener sentido en el mismo momento de caída de las torres. No se trata ya de discutir y acordar, que es el propósito (imperfecto) de este estamento, por lo que fue minimizándose su importancia paulatinamente hasta llegar a lo que es hoy en día, una mera organización testimonial. Se trata de instaurar un poder fuerte, capaz de proteger unos valores que no necesitan ser sometidos a discusión y que se suponen por encima de cualquier debate. Estos valores, aunque están en la carta de Fundación de los Estados Unidos, o la Declaración de Derechos Humanos, pierden su característica de ser el fruto de un diálogo racional, y se elevan a valores universales del género humano. Así, vemos cómo los firmantes de la Carta de América, realmente ven a los Estados Unidos como los depositarios de unos valores universales, con la obligación de defenderlos sea donde sea y contra quien sea.
La situación resultante, por tanto, es la percepción del orden mundial como un estado permanente de guerra, una guerra defensiva contra la barbarie. Queda justificado de este modo un permanente estado de movilización, o si se prefiere, un estado de excepción que deja de ser excepcional para convertirse en normativo. La política pasa a ser siempre una “política de urgencia” en la que no es necesario el debate, el acuerdo, la discusión puesto que el valor máximo es la decisión inmediata por la vía rápida, como corresponde a toda emergencia. Lo que justifica este modo de acción es, por un lado el estado permanente de guerra, y por el otro la visión que tiene el estado de sí mismo como de protector de unos derechos, no americanos, sino universales, patrimonio de la humanidad.
La carta otorga a los Estados Unidos el papel de “justiciero”. La nueva refundación, retoma el elemento religioso del contrato ilustrado americano y lo relanza, convirtiéndolo en el fundamento último del nuevo estado. Estados Unidos pasa a ser un estado fundamentalista. El fundamentalismo no deja lugar para la discusión o la contrastación racional de sus presupuestos, puesto que parte de una validación a priori de sus propias posiciones. La Carta de América expresa la intención de instaurar un régimen fundamentalista en los Estados Unidos, entendiendo por fundamentalismo la consideración de que “la propia posición en el discurso es, al mismo tiempo, una meta que supera las propias reglas del discurso”. Esta nueva situación se basaría en tres posturas radicales que quedan instituidas sin lugar a su examen crítico o su discusión, al modo de un dogma de fe.
Los autores del texto, vuelven a la carta de fundación de los Estados Unidos y relanzan una idea allí contenida: existen unas verdades morales universales instituidas por Dios a las que todos los seres humanos tienen acceso. Por ser el pueblo americano ese pueblo que se rige por tales verdades, también puede ser considerado como el “pueblo de Dios”. Pero la cosa no se queda aquí, sino que se trata de mundializar los valores religiosos americanos: eso que se denominan en la carta los ‘valores americanos’, no son un patrimonio de los Estados Unidos, sino que es una herencia compartida de la humanidad y debería ser la base para una ‘comunidad mundial’ basada en la paz y la justicia. Se legitima, por tanto, la intromisión de los Estados Unidos en cualquier situación allende las fronteras para llevar dichos valores, junto a la paz y la justicia, por todo el globo. En la carta no se asume en absoluto la multilateralidad que implica esa pretendida paz y justicia de la que se habla. La posibilidad de que “todos puedan ser estadounidenses”, que en origen era el germen de una sociedad multicultural nacida de la inmigración y que recoge la carta fundacional de los Estados Unidos de manera brillante y novedosa, se convierte ahora perversamente en la tesis de que todas las naciones de la tierra deben asumir como propios el conjunto de “valores americanos”, que no son americanos, sino “humanos”.
Dada esta fundamentación de la sociedad en unos valores universales, por encima de cualquier discusión, desaparece la libertad del individuo entendida en términos de participación política; el ciudadano lo es en virtud de la admisión de un credo, no de su participación en la conversación. Esto pretende tener una influencia decisiva en los criterios de decisión política dentro del estado. El nuevo mito acaba, por tanto, con la posibilidad del espacio político, más o menos estrecho, que está en la base de las democracias liberales fundamentadas en el contrato social, ¿por qué? porque el espacio público es el de la discusión, el del debate, el enfrentamiento de los problemas de forma conjunta entre los ciudadanos, y la situación que pretende fundamentar el nuevo orden es la de un poder absoluto, legitimado para imponer a nivel mundial unos criterios de organización que quedan fuera de toda discusión, no sólo para los habitantes de otros países sino que incluso afecta a los ciudadanos norteamericanos. El resultado es que el gobierno queda legitimado para actuar en defensa de tales valores morales sin necesidad de someter sus actuaciones ni al debate político, ni a la legalidad. El gobierno actúa siempre bajo la base de grave amenaza y queda legitimado para iniciar cualquier tipo de acción al margen de la legalidad y el espacio político.
Pues bien, transponiendo estas ideas a la economía como un ámbito también político, y a la actual crisis, la cual, se ha señalado muchas veces, tiene su origen en los sucesos del 11S podemos utilizar este mismo análisis con respecto a la fundamentación de un nuevo orden, también al tipo de política que se ha hecho posible los últimos años. Ya no en el ámbito de lo político, sino en el de lo económico, también se ha popularizado la creencia de que, respecto de la economía también hay una serie de “valores” que corresponden con nuestra herencia, que merece la pena proteger a toda costa. Esta protección justificaría también, por parte de nuestros gobiernos, la adopción de un permanente estado de excepción en el que, anulado el ámbito de la discusión política, el gobernante queda legitimado para tomar cualquier tipo de decisión que, como en una guerra, aunque sea dolorosa, se vuelve necesaria e imprescindible. Así, durante estos últimos años no dejamos de ver gobiernos, el de Grecia, el de España o Portugal, que actúan de espaldas a la ciudadanía, obviando sus quejas y reivindicaciones, muchas veces masivas. La estructura de legitimación de estos gobiernos ha dejado de ser democrática, por cuanto se niega la discusión política y se fían todas las decisiones a cierta adecuación con una serie de verdades, ahora económicas, que se adoptan como credo por encima incluso de los hechos y resultados.
Esta nueva situación es posible porque desde comienzos de siglo se viene instituyendo un nuevo modo de hacer política que, como señala, se aleja del pacto racional-ilustrado y hunde sus raíces en lo religioso. Es posible que hace unos años, este tipo de gobierno no se soportase por parte de ningún país democrático, y la situación constante de manifestaciones y huelgas hiciera tambalearse a cualquier dirigente, pero tras los sucesos del 11S y la nueva refundación de la política, los ciudadanos han admitido como parte de su universo político de sentido, un permanente estado de excepción y una renuncia a la participación política, en aras de la recuperación del orden , ahora visto como crecimiento económico.
¿Y qué ocurre con aquellos que abiertamente se opongan?. Pues que le será quitada la vida en nombre de esos derechos humanos universales.
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