Los ex conscriptos del 73

Ayer 24 de mayo de 2022 se hizo publico en las redes sociales un informe que remeció y retraumatizó una vez más a familiares, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos del país.

El archivo oculto de la Subsecretaría de DD.HH. dice que «Entre julio de 2017 y agosto de 2018, casi 12 mil ex conscriptos que cumplieron su Servicio Militar Obligatorio durante la dictadura, entregaron testimonios detallados de los abusos que sufrieron a manos de soldados y oficiales. Pero también, algunos de ellos relatan en detalle, crímenes cometidos contra civiles a quienes debieron detener, custodiar o fusilar. La Subsecretaria de la época, Lorena Fríes, que durante su gestión recibió 5.988 relatos, no entregó estos antecedentes ni a los abogados y abogadas del Programa de Derechos Humanos ni a los tribunales de justicia que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en dictadura. Las juezas especiales, Paola Plaza y Mariela Cifuentes, ordenaron el envío inmediato de la documentación. El plazo corre.«

Este texto que circuló viralmente en todas las redes y fue interpretado de diversas maneras afecto dolorosamente a los descendientes y a quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura de Pinochet , a aquellos que por decadas han buscado a sus familiares desaparecidos, a quienes aún exigen verdad y justicia y que en distintas ocasiones se han enterado de la participación de militares en las masacres de sus padres, hermanos, hijos, compañeros, colegas y vecinos.

La entonces Subsecretaria de Derechos Humanos Lorena Fries Monleón emitio el

COMUNICADO PÚBLICO 

Ante el reportaje publicado por el canal La Red sobre el trabajo realizado por la Subsecretaría de Derechos Humanos con las organizaciones de ex conscriptos durante la dictadura militar, declaro lo siguiente:

Que, en mi mandato como Subsecretaria de DDHH, recibimos la solicitud de asociaciones de ex conscriptos durante la dictadura cívico-militar para que se les reconociera su calidad de víctimas de dicho período, por lo que decidimos crear una mesa de trabajo que se avocara a recopilar información, la que funcionó entre los meses de julio y diciembre de 2017. 

Que, dado que se trataba de un tema complejo, en el que se mezclan experiencias de víctimas y victimarios, y del que hasta entonces existía muy poca información, se buscaba realizar un primer diagnóstico. Esto, con la finalidad de contar con antecedentes que pudieran servir para determinar, con posterioridad, si se configuraba un patrón de vulneraciones a los derechos de ex conscriptos.  

Que, con la información recopilada por dicha mesa hasta el cambio de gobierno, se elaboró un informe, que fue rubricado el 8 de marzo del 2018, tres días antes del cambio de mando. De la revisión de los antecedentes que dieron lugar al informe, se pudo concluir, por una parte, que habrían antecedentes -aportados por ellos a través de testimonios escritos- que permitirían suponer vulneraciones a sus derechos. Asimismo, de los antecedentes analizados hasta ese momento, no se podía determinar si habrían hechos, datos o fechas que entregaran información que pudiera aportar sobre la participación de ex conscriptos en hechos constitutivos de graves crímenes a los derechos humanos.

Que, considerando lo acotado de los tiempos, correspondía que se avanzara en una segunda etapa, de sistematización y análisis más profundo de la información recopilada. Dicho archivo y antecedentes fueron entregados correctamente a la siguiente subsecretaria, Lorena Recabarren, en el marco del cambio de administración. Ella tenía pleno conocimiento del informe, de sus antecedentes fundantes y del proceso que se estaba llevando a cabo con las organizaciones. De hecho, el reportaje da cuenta de que durante la siguiente administración llegaron más carpetas a dicha subsecretaría, sin embargo no se tomó ninguna acción con la información que se terminó de recopilar en ese periodo.
 
Que, el informe fue entregado a las asociaciones de conscriptos y en ningún caso tuvo el carácter de reservado o secreto. No se ocultó información. Todo lo contrario, el informe quiso ser un antecedente que permitiera sacar a la luz otro tipo de situaciones que se vivieron durante la dictadura y que pudieran ser relevantes en términos de registro y del impacto que esta tuvo sobre otros grupos de la población, en este caso de personas que producto del servicio militar obligatorio sufrieron menoscabo en sus derechos.  

Que, durante mi trabajo en la Subsecretaría de Derechos Humanos, el objetivo siempre fue contribuir con el avance en materia de DDHH, en particular con la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas de crímenes de lesa humanidad. De haberse constatado situaciones que contribuyeran a ello, habrían sido entregadas a la justicia. 

Lorena Fries Monleón
Ex-Subsecretaria de Derechos Humanos

Quienes eran los conscriptos que fueron enrolados el año 1973 obligadamente al ejercito?

El citado reportaje informa que

«Los adolescentes, de 18 años, que cumplieron el Servicio Militar Obligatorio (SMO) desde 1973, eran el estamento más grande que engrosó el contingente militar que fue desplegado a lo largo del país, por los altos mandos de las FF.AA., para controlar el país con violencia y crímenes, tras el golpe de Estado contra el gobierno democrático del Presidente Salvador Allende.

Según los registros de la Dirección General de Movilización Nacional, ese año 17.524 jóvenes, todos menores de edad -la mayoría de edad era a los 21- cumplían con la obligación de presentarse en los cuarteles militares; 16.138, en 1974; 17645, en 1975; 20.431, para 1976. En total, 390.061 jóvenes adolescentes fueron llamados al Servicio Militar hasta 1990.»

Una búsqueda en Internet arroja cerca de 3,540 resultados donde se informa acerca de los ex cnscriptos del 73 al 90 y sus reinvindicaciones Desde año 2014, cuando la cineasta Angela Bravo, hija de un exiliado chileno en Suecia ,sueco-chilena, vino a Chile a investigar para un film que proyectaba realizar acerca del golpe de estado y la dictadura que afectó a sus padres, a ella y sus hermanos tomé conocimiento de la postura de los ex conscriptos del 73-90, que denunciaban las violaciones a los derechos humanos sufridos . En ese momento entrevistamos a Fernando Mellado,presidente de la Asociación que los agrupaba. Hasta su muerte en 2017 Mellado protagonizó distintas participaciones en los medios de comunicación:

Mellado, en ese momento era el Presidente Nacional de la Agrupación de Conscriptos del 1973 a 1990, y sus declaraciones no dejaron indiferente a nadie.

“Tengo mucha información de dónde hay restos de Detenidos Desaparecidos, que me la han entregado. Si quieren esa información, yo la tengo“, señaló en el programa. “Yo te puedo conseguir una cantidad de información impresionante a nivel de país, pero ¿dónde la entrego? Si se filtra, vamos a caer muchos gallos presos“, agregó.

En La mira | CHV

En el espacio, aseguró conocer la información de más de 3000 detenidos. “Cada vez que se movía un vehículo militar de cualquier unidad marina, aviación, ejército, debía tener un escolta que por ley era un conscripto”, sentenció, asegurando que no habla porque no le debe nada a nadie.

Durante la entrevista con la periodista a cargo del reportaje, afirmó que hizo una carpeta con toda la información relativa a las víctimas, recopilando cientos de testimonios de ex conscriptos, pero decidió destruirla por temas de seguridad.

También aseguró que había intentado entregar la información a la Iglesia, a agrupaciones de víctimas de la dictadura y al juez Carroza a cargo del caso, quien desmintió cualquier tipo de acercamiento.

Tras la emisión del programa, conversó con Matías del Río en el noticiero de CHV, donde aprovechó de revelar que supo como algunos cabos de la escuela de telecomunicaciones comenzaron a desaparecer misteriosamente, y como en algunas unidades militares -como el Regimiento Buin- hubo fusilamientos de conscriptos , por su propios compañeros quienes los consideraban comunistas.»

El Congreso Nacional se ocupó de este tema,

ANÁLISIS DEL COMPROMISO DE REPARACIÓN DE EX SOLDADOS CONSCRIPTOS (Proyectos de acuerdo)

El señor ELUCHANS ( Presidente ).- Esta sesión ha sido motivada en una presentación suscrita por 48 señoras y señores diputados, con el objeto de analizar el compromiso de reparación de ex soldados conscriptos.

A ella han sido convocados el ministro del Interior y Seguridad Pública , don Andrés Chadwick , y el ministro de Defensa Nacional , don Rodrigo Hinzpeter .

Algunas intervenciones:

El señor GUTIÉRREZ (don Hugo).- Señor Presidente , en nombre del Partido Comunista de Chile y de la Izquierda Ciudadana, quiero manifestar nuestro apoyo y reconocimiento a la Asociación Reunificada de Ex Soldados Conscriptos del Servicio Militar 73-90.

Parte de estos conscriptos cumplían su servicio militar obligatorio el 11 de septiembre de 1973, según lo dispuesto en la ley N° 11.170 que fijaba el texto refundido de la Ley de Reclutamiento. En este contexto, a nuestro entender, fueron víctimas de la violencia política desatada en Chile, a partir del 11 de septiembre del 73, por agentes del Estado en el marco del golpe militar que puso término al gobierno constitucional de Salvador Allende. En efecto, a partir del citado 11 de septiembre de 1973, fue impuesto en todo el territorio de la República un amplio operativo dirigido por la nueva autoridad militar que asumió el control total del país, con el objeto de secuestrar, detener ilegalmente, torturar o aplicar diversas formas de apremios ilegítimos; es decir, de graves violaciones a los derechos humanos, a todas las personas que eran sindicadas, con o sin razón, como partidarias del régimen del gobierno constitucional que había sido derrocado.

Algunos de esos conscriptos se vieron obligados a colaborar en ese tipo tropelías, a pesar de que solo cumplían con la carga que les imponía la ley. A todos ellos, siendo adolescentes y menores de edad en la época, se les obligó a colaborar en una serie de atropellos a la dignidad humana. Se trató de una situación en que el jefe de turno fue un verdadero señor para ellos y al que estaban obligados a obedecer ciegamente y a acatar sus órdenes, aunque fueran en contra de la conciencia de ellos, lo que dejó una indeleble marca sicológica que aún no se puede reparar, ya que se trató de una verdadera tortura síquica para estas personas. No solo tuvieron que sufrir al verse obligados a participar en hechos que ellos mismos cuestionaban, sino también ver también como se torturaba o detenía ilegalmente a hermanos, a amigos, a civiles. Eso, sin duda, también les ocasionó un daño que muchos de ellos todavía cargan.

Además, a estos jóvenes no se les respetó el tiempo máximo de conscripción, lo que agregaba incertidumbre a la situación que estaban viviendo, como el hecho de no permitírseles visitas a sus respectivos hogares. Y, lo que es más relevante, aparecieron durante largos pe-ríodos recibiendo una remuneración que nunca existió, la cual, supimos después, iba directamente a los organismos de seguridad de la dictadura.

Por otra parte, fueron maltratados física y sicológicamente por sus superiores. Eran verdaderos esclavos a quienes golpeaban cuando querían y por el mero capricho del jefe de turno, con la aparente intención de transformarlos por el temor en verdaderos autómatas que cumplieran ciegamente cualquier orden que repugnara la conciencia de cualquier persona normal.

Durante el período de conscripción, los afectados fueron víctimas de tortura física y de otros apremios ilegítimos. Asimismo se vieron obligados a participar en hechos que los dañaron sicológicamente por el resto de sus vidas. Estos hechos constituyen violaciones graves a los derechos fundamentales, ocasionados por agentes del Estado en su carácter de tales y bajo un mismo mando superior…

El señor WALKER.- Señor Presidente , en nombre mío y en el de la bancada de la Democracia Cristiana, adherimos a esta sesión especial para apoyar las demandas de las asociaciones de ex soldados conscriptos que hoy nos acompañan en las tribunas, muy especialmente a don Eliecer Castillo , dirigente que ha recorrido todo el país luchando por los derechos de sus asociados …debo recordar que la Cámara de Diputados aprobó, por unanimidad, un proyecto de acuerdo el 3 de mayo de 2012, al cual se hizo referencia. Asimismo, aprobamos otro en 2009. Cabe señalar que todos esos proyectos versan sobre lo mismo; es decir, hacen un reconocimiento a la situación de violación de los derechos humanos que vivieron los ex soldados conscriptos entre 1973 y el 11 de marzo de 1990, pero muy especialmente a aquellos que cumplieron labores en 1973 y 1974, puesto que con la declaración de estado de sitio se les extendió unilateralmente el período de servicio y tuvieron que realizar trabajos forzados. Como muchos de ellos quedaron en condiciones invalidantes, sufrieron accidentes laborales, no recibieron el pago de sus pensiones y quedaron con traumas permanentes, obviamente se les debe hacer un reconocimiento en términos pecuniarios y no pecuniarios.

Lamentablemente, no se ha formado una comisión equivalente a la Comisión Rettig, que la Cámara de Diputados ha solicitado en dos ocasiones, para llevar a cabo una investigación y determinar responsabilidades respecto a las situaciones que debieron enfrentar los ex soldados conscriptos desde 1973 hasta 1989. Como Estado, se deben otorgar beneficios, como el pago de pensiones, el otorgamiento de becas estudiantiles, como además se hizo con la Comisión Valech; incorporarlos a los subsidios habitacionales y la definición de un proceso de investigación interna en las instituciones de las Fuerzas Armadas para los casos de muerte accidental o suicidio, a fin de que se esclarezcan los hechos y se establezcan las responsabilidades respecto de tales muertes.

Como se dijo, solicitamos al Presidente Piñera que cumpla el compromiso adquirido con los ex soldados conscriptos. Entiendo que el ministro del Interior aludió a una compensación de aproximadamente 40 millones de dólares que, a mi juicio, era absolutamente insuficiente para las pretensiones de todos ellos, que incluso parlamentarios de gobierno han declarado que es exigua. Por eso solicitamos esta sesión especial.

Por lo tanto, la bancada de diputados de la Democracia Cristiana seguirá respaldando a los ex soldados conscriptos.

Las exigencias de reparación económica por las faltas descritas en las obligaciones del Estado son un tema, pero lo que no aceptan los famiiares es que se auto proclamen como victimas de violaciones a los derechos humanos.

Las organizaciones de familiares, sobrevivientes y defensores de derechos humanos han emitido declaraciones de repudio:

JUSTICIA, VERDAD, ¡NO A LA IMPINIDAD! 24 MAYO2022

Como Coordinación Nacional Familiares de la Memoria, al conocer la información
entregada por la RED, nos resulta impresentable que luego de existir testimonios de ex
conscriptos por crímenes de lesa humanidad, la impunidad, la complicidad y pactos de
silencio, quedaran archivados, en secreto y ocultos, como forma de liberar las
responsabilidades a quienes son parte de las violaciones a los Derechos Humanos en
nuestro país.
Con estas políticas secretistas, tanto el estado, y la ex subsecretaria Lorena Fríes, les
ha garantizado a los criminales de lesa humanidad, seguir haciendo una vida al margen
de la Ley, por lo que esta forma de operar nos ha impedido hacer justicia, saber la
verdad de nuestros familiares que fueron arrebatados de nuestras vidas por mentes
genocidas.
Por tanto, denunciamos al Estado de Chile por su responsabilidad en la impunidad,
denunciamos a toda la clase política que ha mantenido sin develar a los genocidas
y horrores en la dictadura y mantener un Estado de injusticia sistemática en DDHH
en nuestro país.
Así mismo, denunciamos la complicidad con su silencio y la ineficiencia de la ex
subsecretaria Lorena Fríes, que durante su gestión no hizo nada y oculta
información al mantener dichos archivos en secreto impidiendo a los abogados
del Programa de Derechos Humanos investigaran los crímenes de lesa
humanidad, cometidos en la dictadura cívico militar de Pinochet.
El mantener oculto y en secreto la información de violaciones en Derechos
Humanos, es un delito que debe ser pagado con cárcel, por ser colaboracionista
como funcionaria pública con los abusadores de crímenes de lesa humanidad.
Dentro de este contexto, la transición a la democracia es el resultado de que hasta el
día de hoy hayan prevalecido los pactos de silencio y en complicidad con los violadores
de derechos humanos, como el caso específico de la censura del informe Rettig
durante 50 años, política implementada bajo el gobierno de Ricardo Lagos.
Hacemos un llamado a la sociedad civil, a las organizaciones de Derechos Humanos,
sociales, culturales estudiantiles a TRANSPARENTAR PÚBLICAMENTE LAS
VIOLACIONES DE DDHH y NO SEGUIR SIENDO CÓMPLICES OPORTUNISTAS DE
ESTAS OMISIONES, Y A NO BAJAR LAS REVINDICACIONES DE LOS DDHH, para
que “EL NUNCA MAS” SEA DE VERDAD, NUNCA MAS.

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