Los fundamentos de la democracia

Publicado en el diario Hoy, el 16 de julio de 2011

El señor Luciano Pérez de Acevedo y Amo, en un artículo titulado Ideologías, publicado en el diario regional Hoy el día 14 de julio, argumentaba su desconfianza hacia cualquier tipo de ideología, especialmente aquellas que provienen de la izquierda. "A los liberales no nos gustan las ideologías", comienza su texto. Un enunciado en sí mismo contradictorio, ya que el liberalismo es una de las ideologías originadas durante la modernidad, como lo fueron también el socialismo o el comunismo. El señor Pérez de Acevedo obvia adrede que las bases de nuestro sistema democrático (y por extensión, del resto de Europa) se asientan sobre derechos ganados tanto desde fundamentos liberales como socialistas.
Los derechos de primera generación, nacidos bajo el liberalismo clásico inglés, alentaron el surgimiento de la ruptura con el Antiguo Régimen (monarquía absoluta) y la aparición del sistema parlamentario. El liberalismo primigenio proponía, en base a la defensa del derecho natural, la legitimidad de la propiedad privada, la libertad de expresión y la libertad religiosa como fundamentos del nuevo orden político. Estos derechos son hoy irrenunciables y forman parte de nuestro patrimonio político europeo; nadie duda de ellos, y si lo hace, es para debatir matices dentro de su aplicación práctica. Hoy en día debemos al liberalismo la fundación de las libertades garantistas de las que gozamos en nuestra democracia. Quizá en siglos anteriores éstas fueran patrimonio exclusivo de un grupo político, pero actualmente son parte esencial de los valores democráticos defendidos tanto por conservadores como progresistas. Nadie tiene la exclusividad de las libertades políticas y económicas; son una herencia histórica colectiva.
Al igual que el liberalismo surgió como una respuesta natural a la incapacidad del Antiguo Régimen de responder a las demandas de una nueva realidad social y económica, protagonizada por el nacimiento de la burguesía como nueva clase social y la emergencia de la revolución industrial, el socialismo nace también como una reacción plenamente justificada, esta vez contra los excesos del capitalismo emergente y su modelo industrial deshumanizado. Una nueva clase social se traslada de las zonas rurales a la ciudad para mejorar sus condiciones económicas, trabajando como obreros en las fábricas y minas bajo unas condiciones que hoy nos parecerían inhumanas en Occidente (pero que aún se siguen dando en muchos países del mundo). El socialismo nace como una respuesta emocional ante esta situación de injusticia, ante un desequilibrio en las condiciones económicas y sociales entre ciudadanos. De esta reacción nacerán los derechos sociales: derecho a un trabajo digno, a unos derechos laborales básicos, a un servicio sanitario y educativo gratuitos, a unas prestaciones sociales que hoy nos parecen naturales, pero que costaron esfuerzo y vidas para que las podamos disfrutar todos.
Tanto los derechos políticos y económicos, nacidos del liberalismo clásico de los siglos XVII-XVIII, como los derechos sociales, originados de la vindicación de los obreros en el siglo XIX, son ambos a día de hoy la base de nuestra democracia. Y tanto los conservadores como los progresistas respetan estos derechos, aunque en función de su propias convicciones ideológicas los interpreten de maneras diferentes, debatiendo sus puntos de vista en el Congreso a la espera de un consenso parlamentario. Este consenso no se da en numerosas ocasiones porque cada grupo político interpreta la realidad social y económica de formas dispares, pese a que los ciudadanos confiamos en que los acuerdos, especialmente en asuntos esenciales como el trabajo, la sanidad o la educación, sean posibles. A todos los ciudadanos nos interesa que los políticos lleguen a acuerdos en vez de enquistarse en sus atávicas diferencias.
El concepto ideología no puede ser interpretado de la misma forma a como se hacía en siglos pasados. De hecho, tanto el PP como el PSOE han pasado por un necesario proceso de reajuste ideológico a lo largo de su historia; el PP desapegándose de su lastre preconstitucional y el PSOE del marxismo. Hoy, PP y PSOE comparten un mismo sustrato ideológico, fundado en los derechos constitucionales ganados desde hace siglos; derechos que pretenden salvaguardar con igual convicción las libertades como las igualdades. Sin embargo, esto no resta el hecho de que cada partido interprete la concreción de estos derechos de manera diferente, en base a sus propias convicciones políticas. Es ingenuo, además de una falta de respeto a la verdad histórica, como pretende hacernos creer el señor Luciano Pérez de Acevedo, que mientras las izquierdas están apegadas a un pasado ideológico que las emparentan con los excesos del marxismo, las derechas son meros gestores públicos, liberados de cualquier base ideológica.
Todos los partidos políticos modernos europeos comparten valores constitucionales, expresados en la defensa de unos derechos esenciales. Aparte de esto, cada grupo político posee unas convicciones básicas que justifican ideológicamente la dirección de sus políticas. Obviar esta realidad es de necios, y pretender que los políticos estén exentos de convicciones sería dejar el gobierno en manos de meros tecnócratas que tomen decisiones solo en función de un frío pragmatismo político. No hay que olvidar que toda acción política tiene su fundamento en valores democráticos, derechos que se basan en convicciones colectivas de libertad, justicia, igualdad, respeto, etcétera. Olvidar esto es grave, porque desligaría la política de la base moral que la legitima de cara al pueblo soberano. No basta con que un gobierno sea eficaz, debe serlo en la dirección correcta, es decir, respetando el espíritu de la Constitución a la que se debe.
Ramón Besonías Román