El empobrecimiento progresivo, la pérdida de derechos, los desahucios y las numerosas injusticias y arbitrariedades que promueven los gobiernos, entre las que destacan la persistencia de los privilegios y ventajas de la clase política, casi siempre inmerecidos porque gobiernan mal y sin tacto, están soliviantando a la población, enfrentándola al poder y generando miedo a protestas, revueltas y hasta rebeliones abiertas por parte de unos ciudadanos cada día más desconfiados, desesperados y enfrentados al poder político.
La consecuencia directa de ese miedo de los gobernantes a su propio pueblo es que las fuerzas policiales son las únicas que crecen y a las que no les afectan los recortes en estos tiempos de crisis y de austeridad pública. El miedo a que el pueblo se rebele contra las castas dominantes privilegiadas no para de crecer.
Cuando el novato ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reconoció que podrían haberse producidos excesos en la represión de la manifestación estudiantil de Valencia, cometió un error imperdonable ante sus "colegas" políticos, ya que los gobiernos, sobre todos aquellos con gran déficit democrático, adoran y miman cada día más a sus fuerzas policiales, cuyos abusos y crueldades innecesarias ocultan y protegen siempre ante las leyes y a las que dotan con todo tipo de armas y recursos, más que a las propias fuerzas armadas.
Después de que el SUP llamara cobarde al ministro del Interior por decir que la actuación policial en Valencia fue excesiva, el ministro rectificó e hizo el ridículo ante la opinión pública al afirmar que los excesos no los habían cometido los policías sino algunos manifestantes violentos.
Mas tarde el gobierno de Rajoy reacciono como lo hacen los que creen poco en la democracia, poniéndose del lado de la policia y reforzando su autoridad frente al ciudadano, una actitud que ha generado honda preocupación entre los demócratas.
La realidad es que el gobierno, ante la situación dramática de la economía y la sensación de injusticia que experimentan los ciudadanos, lleva tiempo nutriendo a la policía de abundantes recursos para la represión, sobre todo contra manifestaciones. Las compras de gas lacrimógeno, por ejemplo, se han disparado en los últimos meses, en previsión de que la calle se torne conflictiva y violenta.
Muchos pensadores y observadores, ante el fenómeno creciente de las "alianzas de hierro" entre los gobiernos y sus policías, creen que cada día es más cierto que los verdaderos "enemigos" de esos gobiernos escasamente democráticos que pueblan nuestro planeta, incluyendo a algunos teóricamente democráticos, son sus pueblos, no otros estados. Aquellos políticos que son conscientes de que abusan con su poder sin control y privilegios inmerecidos identifican cada día más al pueblo con el enemigo, porque tienen miedo de que algún dia los ciudadanos se rebelen ante su ineptitud, corrupciones y arbitrariedades, y les expulsen de sus hermosas y ricas parcelas de poder. Los fenómenos ocurridos en la llamada "primavera árabe", en Túnez, Egipto, Libia, Siria y Yemen, demuestran que las policías y algunas unidades especiales de las fuerzas armadas entrenadas en la represión y la contrainsurgencia son los cuerpos más fiables para aplastar a los ciudadanos que se rebelan, con toda razón y justicia, contra la opresión, la corrupción y el abuso.
El jefe superior de la policía valenciana, Antonio Moreno, fue traicionado por su subconsciente cuando se refirió a los estudiantes reprimidos por sus policías con creldad desproporcionada como "el enemigo" y lo hizo delante de su jefa inmediata, la delegada del gobierno en Valencia. Moreno fue nombrado por Alfredo Pérez Rubalcaba en 2008.
En el blog Escolar.net pueden leerse algunos párrafos que demuestran cómo el gobierno de Rajoy, al igual que el de Zapatero, protegen a la policía ante las leyes, incluso cuando la policía comete el peor de los delitos atribuibles a una policía en democracia, el de tratar de manera brutal y abusiva a los ciudadanos:
"Tras la desproporcionada violencia policial en Valencia, el presidente del Gobierno pide “mesura y sentido común”. “Este tipo de cosas no se van a repetir”, añade Mariano Rajoy. Depende de él. En su mano está ejercer la mitad de la mitad de la mano dura que han sufrido los estudiantes y castigar con ejemplaridad a los policías que se extralimitaron con “el enemigo”. Me temo que tal cosa no sucederá.
El viernes pasado, el Gobierno de Rajoy dejó clara cuál es su postura ante los abusos policiales: firmó un indulto para cinco mossos de escuadra condenados en firme por el Tribunal Supremo por torturas, lesiones, maltrato y detención ilegal. Según la sentencia, los mossos propinaron una paliza “con reiterados golpes y puñetazos” a un ciudadano falsamente acusado de un robo. Le pisaron la cabeza contra el asfalto. Le introdujeron el cañón de una pistola en la boca. Le dijeron: “Si la juez te suelta, te podemos matar; no serás el primero”. Fueron condenados a cárcel e inhabilitados, pero ni una cosa ni la otra sucederá. El indulto no sólo implica que se libren de la cárcel: también volverán a vestir el uniforme.
El perdón para los abusos policiales ni siquiera es una política nueva: el Gobierno de Zapatero también indultó, en septiembre de 2011, a otros tres mossos condenados a cárcel por dar una paliza a un hombre en la comisaría de Les Corts.
También está en manos del Gobierno obligar a los policías a mostrar visible su número de identificación en el uniforme. ¿Se acuerdan del violento desalojo de la acampada del 15-M en Barcelona? Un juez investiga esos abusos, sin éxito: pidió a la Generalitat que identificase a varios agentes. La Consejería de Interior respondió hace unas semanas: no sabe quiénes son."
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