Cada vez que la oposición y los medios preguntaban a María Jesús Montero, consejera de Hacienda de la Junta de Andalucia y ahora flamante ministra de Hacienda de Pedro Sánchez, por qué se empeñaba en mantener el impuesto de Sucesiones en Andalucía, a pesar de su demostrada inconstitucionalidad, de las injusticias y dolor que ese impuesto genera y de las protestas populares masivas, ella decía que al ser un impuesto nacional cedido a las comunidades, quien únicamente podían eliminarlo eran Rajoy y Montoro. Pues bien, ahora es ella quien tiene en sus manos el poder de acabar con ese impuesto, el más brutal, injusto e impopular de todos los que se cobran en España. Pero, en lugar de suprimirlo, se dispone a armonizarlo y establecer un tipo obligatorio para todo el territorio.
El Impuesto de Sucesiones está en retirada en todo el mundo, pero los socialistas españoles, siempre ávidos de dinero, se empeñan en mantenerlo. En los países donde está vigente, las cantidades exentas son altas y su aplicación es cien veces más justa y decente que en España, donde se violan numerosos derechos básicos del ciudadano cuando sus herencias son confiscadas y posteriormente subastadas, sin que la víctima tenga siquiera el derecho de tanteo o retracto y sin que sea informada del destino de su propiedad embargada.
Juan Carlos Valverde, presidente de la plataforma andaluza Stop Impuesto Sucesiones, lo explica claramente: "El impuesto de sucesiones es un abuso canalla del poder, un expolio en toda regla contra el que no cabe defensa posible, salvo la movilización ciudadana, un tributo impopular, injusto y denostado por la población, que apenas representa el 0,2% del P.I.B. Es mantenido demagógicamente por una clase política que exhibe una arrogancia y dejadez insoportables en democracia. Heredar en Madrid, Extremadura, Murcia, Baleares, territorios forales… cuesta cien veces menos que hacerlo en otras comunidades. Morir en las islas Canarias puede significar pagar mil veces menos por la herencia que si se fallece en Gijón o Zaragoza. Es una diferencia que dinamita el concepto de igualdad entre los españoles, garantizado por la Constitución."
Valverde, en declaraciones a la prensa, ha explicado también que el mayor drama que trae consigo el Impuesto de Sucesiones y Donaciones quizás no sea la diferencia de tributación, según la región donde se hereda, sino la injusta y diabólica "aplicación canalla" del impuesto. Se valoran los bienes al alza, en muchos casos de manera escandalosa, en varias veces su valor real con el único fin de asegurar la mordida, y con igual objetivo se penalizan las donaciones. "Si no puedes pagar lo exigido, con suerte podrás renunciar a la herencia con todo lo que ello implica. La falta de liquidez y la imposibilidad de acceso al crédito han provocado desde el comienzo de la crisis que las renuncias se incrementen un 420%. Si la herencia fue aceptada no hay marcha atrás posible, no puedes vender una parte para liquidar el impuesto, pues los bienes quedan señalados; no se admite la dación en pago y si logras aplazarlo te aplicaran intereses desproporcionados que, si no puedes pagar, se tornaran en multas y recargos, engrosando aún más la deuda; finalmente embargaran los bienes, subastándolos por una ínfima parte de su valor. Si, como es habitual, con la subasta no se cubre la cantidad demandada, continuarás endeudado, embargándose, llegado el caso los bienes restantes de tu propiedad, y aún así, en caso de no cubrirse la deuda, seguirás debiendo lo restante más sus intereses acumulativos, comenzando un nuevo ciclo de rapiña. Todo un calvario de locura, injusticia, indefensión y crueldad que hipoteca de por vida la vida de miles de honestas familias."
Además existe un agravio comparativo con el resto de países europeos…
"El impuesto está siendo progresivamente eliminado, no existiendo en más de la mitad de los países de la Unión Europea y, en aquellos que aún lo mantienen, cumple una función más regularizadora que impositiva. Únicamente Francia, Belgica y España lo aplican a sus tipos máximos, si bien en el caso francés, al igual que en el esloveno y búlgaro, existe exención total para familiares directos, el gobierno galo además anunció la próxima supresión completa del impuesto por atentar contra el ahorro y ser un lastre para la economía del país."
La intención de ampliar el cobro del más injusto e indecente impuesto del país es motivo suficiente para rechazar el gobierno de Pedro Sánchez y obligarle a que pase por las urnas con la mayor urgencia porque en democracia el pueblo sí tiene el derecho a elegir a sus dirigentes. Soportar impuestos abusivos es una de las más claras señales de cobardía y de esclavitud en los pueblos.
Francisco Rubiales
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