Han pasado unos cuantos días desde las particulares elecciones del domingo. El inaudito reparto de escaños de estos comicios ha propiciado que, a pesar del tiempo transcurrido, todavía no se sepa qué partido va a encabezar el ejecutivo. Esta incógnita está siendo analizada desde varios puntos de vista, sin embargo este artículo va a centrarse principalmente en dos aspectos. El primero podría considerarse la causa, y tiene que ver con una carencia del propio sistema, como es que en España no existen elecciones ejecutivas. Así pues, dejamos a la discrecionalidad de los partidos la conformación de gobierno. Por otra parte, la consecuencia de este hecho es que, llegado ese momento, los partidos anteponen su lógica de funcionamiento a la del interés general, que por otra parte es muy difícil de descifrar con unas simples elecciones.
En lo que concierne a la ausencia de elecciones ejecutivas en España, ¿qué problemas plantea? Además de la elemental merma relacionada con la división de poderes entre ejecutivo y legislativo, este método de designación usurpa a la ciudadanía la capacidad de elegir directamente a su propio gobierno. Puesto que, éste es elegido por las formaciones políticas que más votos consiguieron en las legislativas. Por tanto, este inconveniente que, también rebaja la calidad de cualquier sistema representativo, dificulta a su vez la formación de gobiernos en casos como el que nos ocupa. Hasta el momento, el sistema electoral (basado en la combinación de circunscripciones provinciales y la fórmula D´Hondt) era el freno que evitaba parlamentos muy fragmentados. No obstante, y pese que este sistema ha seguido beneficiando a las dos formaciones más votadas, ha sido resquebrajado por Podemos y Ciudadanos.
De esta manera, se ha llegado a un escenario excepcional, en el que los partidos se encuentran desubicados, sencillamente porque no han tenido antes que buscar pactos a estos niveles. Ante esta tesitura los partidos políticos se presentan como los grandes intérpretes de la voluntad popular, la cual conocen por lo que “dicen” las urnas. Las distintas élites políticas han sabido moverse con mucha habilidad en terrenos metafóricos como este y, curiosamente, siempre han concluido que la voluntad de la ciudadanía coincide con la suya. En este sentido, el momento actual no es ninguna excepción, ya que puede observarse como cada partido afirma defender esa “voluntad popular”, aunque lo que hacen realmente son sus propios cálculos electorales.
Por consiguiente, unos nuevos comicios podrían perjudicar al Partido Popular (porque no habrían conseguido ningún acuerdo) y a Ciudadanos (a quién la campaña se le ha hecho especialmente larga). Entretanto, el PSOE se encuentra en una difícil encrucijada, dado que o permite (activa o pasivamente) un gobierno del Partido Popular, o acepta las peticiones de un Podemos, a quien ahora no le urge pactar, porque es la formación a la que, teniendo en cuenta su tendencia actual, más le beneficiaría unas nuevas elecciones. Por esas razones, los partidos buscarán rentabilizar las singulares condiciones que presenta este nuevo escenario. Unos y otros defenderán esa “voluntad popular” o criterios de estabilidad, afirmando incluso anteponer el Estado a sus partidos. Entonces, ¿existe realmente una razón de Estado detrás de todo esto? Este concepto fue definido por Botero, como los <<medios aptos para fundar, conservar y ampliar un dominio>>. Ahora bien, en el contexto actual, ¿qué dominio interesa conservar y ampliar?, ¿el del Estado o el de los partidos?
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