Los partidos políticos blindados contra su posible financiación irregular

El mes pasado se aprobó en el Congreso de diputados la reforma de la ley de financiación de los partidos políticos.

Con una intención aparentemente encomiable, esta reforma de ley pretende acotar las posibles donaciones a los partidos –las condonaciones de su deuda-- y propone graves sanciones a los partidos que se financien fuera de lo establecido en la ley. Algo a lo que no se pueden poner peros. Una reforma que podría permitir al Tribunal de Cuentas sacar trapos sucios de los partidos que --ya intuimos y en algunos casos se ha probado— hasta esta modificación podrían esconder.

Todo muy loable, pero como quien hace la ley hace la trampa, hay un pequeño detalle que seguramente los ponentes de la ley conocían y que no han publicitado. El Tribunal de Cuentas lleva un retraso de cinco años, ahora está estudiando las cuentas de 2007, y la ley prevé que las infracciones prescriban a los cuatro años.

O sea, el partido político X se financia ilegalmente y resulta que cuando le descubren la infracción ya han pasado más de cuatro años, por lo que ha prescrito y aquí paz y después gloria. Por lo tanto, papel mojado.

Sólo podría funcionar la cuestión si se dotara de más medios al Tribunal de Cuentas y se pudiera acortar el periodo de retraso que lleva. Pero claro, eso sería solucionar el problema y hacer funcionar esta reforma legal. Lo cual no deja de ser una entelequia, ya que, para empezar, este año se ha recortado también el gasto del gobierno en el control externo, por lo que los dineros dedicados al TCU no serán más, sino menos.

Conociendo el paño no me dirán que no está todo pensado y bien pensado. O sea hacemos una reforma de la ley de transparencia, lo divulgamos por todos los medios, los ciudadanos piensan que ya era hora y nosotros seguimos igual, sin control efectivo. Total, un traje a la medida de los partidos, y una ley más en el saco roto de las que no se cumplen.

Es algo que desde el poder pretende hacerse ver como ejemplo que dan los partidos políticos a los ciudadanos y que, sin embargo, no deja de ser una inutilidad por su imposible cumplimiento. Un escaparate precioso con magníficos Ferraris de cartón.

Otra oportunidad perdida de hacer bien las cosas. Hubiera bastado con que en la ley se hubiera cambiado el periodo de prescripción a seis o más años. O dar más medios al TCU para acortar la demora actual. Pero claro, eso era algo equivalente a hacer la ley viable, y parece que no es de lo que se trata.

¿Hasta cuándo durará esta tomadura de pelo? ¿Es posible que estos privilegiados no se den cuenta de que se están cargando la becerra de oro? ¿Cómo puede extrañarles que los ciudadanos les tengan como uno de los grandes problemas de este país?

Salud y República