Los peores desastres ecológicos en España: cuánto costaron y cuánto han dejado sin pagar los contaminadores

Toneladas de petróleo del Prestigemanchando de negro la costa gallega, lodos tóxicos de la mina de Aznalcóllar a las puertas del Parque Nacional de Doñana, un incendio en Valencia que arrasó casi 30.000 hectáreas causado por una negligencia…

Esas imágenes grabadas en la retina han supuesto daños ambientales cuya reparación han costado miles de millones al Estado. Sobre el papel, la Unión Europea aplica el principio de “quien contamina paga”, que convierte a las compañías que provocan daños ecológicos en responsables, por lo que deben repararlos y sufragar los costes relacionados. Sin embargo, un análisis de EL PAÍS de la situación de cinco grandes catástrofes ecológicas ocurridas en España —Prestige, Doñana, bahía de Portmán, embalse de Flix e incendio de Valencia de 2012— muestra que esos desastres han costado 2.138 millones de euros al erario público, mientras que empresas y aseguradoras tan solo han pagado una pequeña parte a la sociedad: 176 millones, el 8% del total. Además, seguir el rastro del dinero es complejo por la maraña de administraciones implicadas, cuyos departamentos van cambiando de nombre y competencias con los años.

‘Prestige’: 1.573 millones

El 13 de noviembre de 2002 el buque Prestige empezó a derramar hidrocarburos a unos 30 kilómetros del cabo Finisterre. El 19 de noviembre, cuando estaba siendo remolcado para alejarlo de la costa, se partió en dos y se hundió a unos 260 kilómetros al oeste de Vigo. Se vertieron unas 63.200 toneladas de hidrocarburos, que mancharon las costas de Galicia y de gran parte del Cantábrico, llegando hasta Francia y Portugal. En el barco quedaron otras 13.700 toneladas, que España extrajo en 2004. Los trabajos para limpiar el mar y toda la costa se prolongaron durante años, aunque en la actualidad se encuentran recuperados en su mayor parte. Las fotos de voluntarios quitando chapapote enfundados en trajes blancos siguen siendo icónicas

Aunque la Fiscalía llegó a decir en 2013 que las pérdidas por la catástrofe alcanzarían los 4.328 millones “a medio plazo”, el Tribunal Supremo reconoció, en diciembre de 2018, que España tenía derecho a una indemnización de 1.573 millones por el vertido. Sin embargo, gran parte de esa cantidad no se va a recuperar. Por ahora, los Fondos Internacionales de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos, una organización intergubernamental que ayuda a sufragar la reparación del impacto de este tipo de siniestros, han pagado 142,1 millones al Estado, informa un portavoz del organismo. Mientras, la aseguradora del buque, London P&I Club, depositó en su momento 22,7 millones ante la Audiencia Provincial de A Coruña.

La sentencia del Supremo obliga a London P&I Club a pagar el máximo asegurado, 1.000 millones de dólares, unos 855,5 millones de euros en ese año. El Ministerio de Justicia informa de que la Abogacía del Estado, junto al despacho Squire Patton Boggs, inició en 2019 un procedimiento de ejecución ante los tribunales ingleses, que ya ha recibido varias sentencias favorables, la última el 12 de mayo de 2021. “El único motivo de oposición a la reclamación de cantidad a la aseguradora que quedaría pendiente es el sometido al Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, señala el ministerio. Los departamentos de Transportes —que gestionó la limpieza— y Transición Ecológica no cuentan con más información, como tampoco la Xunta de Galicia. En cualquier caso, dos décadas después la cantidad recuperada sigue siendo mínima.

Doñana: 240 millones

El 25 de abril de 1998 se rompió la balsa de residuos de la mina de Aznalcóllar, en la provincia de Sevilla. Por la brecha de 50 metros de la balsa salieron seis millones de metros cúbicos de lodos tóxicos y aguas ácidas que corrieron por el cauce de los ríos Agrio y Guadiamar. La fuga tóxica afectó a 4.634 hectáreas repartidas por nueve municipios de la provincia de Sevilla y se quedó a las puertas del Parque Nacional de Doñana. La Junta de Andalucía y el entonces Ministerio de Medio Ambiente —hoy Transición Ecológica— invirtieron unos 240 millones de euros en tareas de retirada de lodos, descontaminación y restauración de los más de 40 kilómetros del cauce del Guadiamar situados entre la mina y el entorno de Doñana, donde se frenó la avenida.

La minera Boliden Apirsa, filial de la multinacional sueca Boliden, limpió el 20,1% del total de la superficie afectada, el ministerio lo hizo del 7,4%, mientras la Junta se ocupó del 72,5%. El Gobierno andaluz reclama a la empresa sueca 89 millones de euros por la limpieza de la zona, mientras que el Gobierno central le exige los 43,7 millones de la sanción que le impuso tras el desastre y que ha sido ratificada por el Supremo. En total, 132,7 millones. Sin embargo, 23 años después, Boliden no ha pagado ni un euro. La compañía declaró la filial en quiebra y echó el cierre, desvinculándose de ella. Durante muchos años se ha intentado el levantamiento del velo societario, es decir, responsabilizar a la matriz de lo que hizo su filial, algo que por ahora no se ha conseguido. La Junta negocia sin éxito con la empresa una salida extrajudicial para recuperar parte de lo empleado en la limpieza de la zona. Y el Ejecutivo, a pesar de los recursos judiciales, no ha logrado tampoco que la empresa se haga cargo de los daños que causó.

Embalse de Flix: 220 millones

Como consecuencia de su actividad industrial, la empresa química Ercros (antes Erkimia), que funciona desde 1897, vertió a lo largo de más de un siglo 800.000 metros cúbicos de lodos tóxicos y radioactivos en el embalse de Flix (Tarragona), situado en el Ebro, según datos de la sociedad estatal Acuamed. Fuentes de la compañía rechazan que todos los lodos procedan de su actividad, ya que pueden deberse, dicen, a otras empresas. Un informe de Greenpeace muestra que las aguas contenían contaminación radioactiva por uranio-238 y radio-226, además de metales pesados como el arsénico, cadmio, cromo, cobre, mercurio, plomo… Estos elevados índices de contaminación afectan casi a un millón de personas a las que abastece el Ebro en este tramo.

Una portavoz de la Dirección General del Agua del Ministerio de Transición Ecológica explica que las obras de descontaminación del embalse de Flix, destinadas a eliminar las más de 120.000 toneladas de residuos contaminados como consecuencia de la actividad química de la zona y de los cambios en la dinámica fluvial del río, tienen un coste de más de 220 millones de euros. En diciembre de 2018 se realizaron las primeras pruebas de dragado en el embalse, mientras que los trabajos comenzaron de manera efectiva en enero de 2019. Ya han finalizado las labores principales de descontaminación, si bien el proceso se ha alargado mucho más de lo previsto. Acuamed está ejecutando las últimas actuaciones que estaban pendientes destinadas al reintegro parcial y acondicionamiento del agua del recinto. La previsión es que a lo largo de este año pueda finalizar la obra. El ministerio desconoce si la empresa pagó alguna cantidad, mientras la Generalitat de Catalunya tampoco tiene datos.

Bahía de Portmán: 90 millones

La mina Peñarroya, situada en La Unión (Murcia) y que contaba con una concesión administrativa del Gobierno del dictador Francisco Franco, tiró directamente al mar 60 millones de toneladas de residuos durante 33 años, de 1957 a 1991. Era un lodo que salía de una tubería y que contenía los reactivos utilizados para sacar el metal, mezclados con restos de plomo, zinc, cadmio... Cada cierto tiempo la mina, que producía plomo, plata y pirita, cambiaba el chorro de sitio porque ya no había mar, que se iba anegando entre vertidos. Así se sepultó la bahía de Portmán, que tenía forma de concha, como la playa de San Sebastián. La línea de playa avanzó 600 metros y los vertidos llegaron hasta 12 kilómetros mar adentro.

Xavier Pastor, que a finales de los ochenta era director de Greenpeace España, explica que la ONG taponó la tubería en 1986 y puso una querella por delito ecológico contra la minera, que salió absuelta. La empresa fue comprada por Portmán Golf, que cortó los vertidos en 1991. Según un portavoz de la nueva compañía, los nuevos propietarios no fueron obligados ni a limpiar la bahía ni recibieron sanción alguna. El Ministerio de Transición Ecológica asegura que no dispone de más información sobre el caso.

Incendio en el monte Dos Aguas (Valencia) en 2012: 15,4 millones de euros

Dos trabajadores de la empresa Energía Solar Levante S.L. que se encontraban el 28 de junio de 2012 colocando unas placas solares en una vivienda cercana a Cortes de Pallás (Valencia) provocaron con su negligencia el mayor incendio en una década en España. El fuego afectó a Cortes de Pallás, Yátova, Macastre, Alborache, Millares, Dos Aguas y Andilla. Según el informe final de la Generalitat Valenciana, las llamas calcinaron 29.000 hectáreas de bosques y zonas verdes, impulsadas por las altas temperaturas y un fuerte viento. Además, se declaró un segundo incendio en la cercana zona de Andilla, Alcublas y Villar del Arzobispo, lo que elevó los daños a casi 50.000 hectáreas. Un coronel del Ejército falleció durante las labores de extinción, mientras que un piloto y su copiloto resultaron gravemente heridos.

El Gobierno valenciano gastó unos 760.000 euros en apagar el incendio, otros nueve millones de euros para ayudas a los afectados, y acaba de comprometer otros 5,67 millones en actuaciones de regeneración natural, saneamiento, implantación de núcleos de dispersión, mejora de accesos y puntos de agua para la fauna, etcétera. Esa regeneración se llevará a cabo a partir de ahora y en los próximos meses, tal y como informa la Generalitat Valenciana.

La sentencia judicial, emitida el pasado 16 de abril por el Juzgado de lo Penal número 3 de Valencia, considera probado que se trató de un delito de incendio forestal por imprudencia grave, por lo que condenó a los dos autores a 10 meses de cárcel y obligó a la empresa a pagar los daños ocasionados tanto a la Administración como a diferentes particulares (dado que fueron afectadas decenas de viviendas). La compañía tenía suscrita una póliza con Axa por un límite de 748.500 euros, que la aseguradora confirma que ya depositó en el juzgado. Sin embargo, de esos 748.500 euros a la Generalitat Valenciana tan solo le corresponden 80.963 euros, dado que el resto se reparte entre los demás perjudicados. Lo demás, como casi siempre, lo pagamos entre todos.

Con información de Manuel Planelles y Esther Sánchez.

Fuente: Miguel Ángel Medina/RodrigoSilva/Antonio Alonso - elpais.com/clima-y-medio-ambiente