Los “pobres” líderes de la política valenciana y otros desatinos.

El Boletín Oficial de las Cortes valencianas (BOC) publicaba el pasado viernes la relación completa de actividades y bienes patrimoniales de los diputados. Los líderes de la política valenciana enseñan sus cuentas, como magos magistrales, en las que se presentan más como “pobres” que como ricos hacendados. Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana declara tener sólo 4.011 euros en el banco, de los que 2.796 pertenecen a una cuenta propia y 1.215 al 50 por ciento de otra, compartida. Asegura poseer sólo el 50 por ciento de una vivienda en Valencia con un valor catastral de 111.442,65 euros, un vehículo del año 1995 de 1.300 euros y un plan de pensiones en Bancaja por 8.239,11 euros. El presidente de la Generalitat declara ejercer este cago desde el 26 de junio del 2007, y ser presidente de varias fundaciones, como la Premios Rey Jaume I, ciudad de las Artes y las Ciencias, la Llum de les Imatges o Play de les Artes, responsabilidades, según él, no remuneradas. Rafael Blasco, portavoz del PP en las Cortes, declara tener cuatro viviendas en la provincia de Valencia, de las que no figura el valor catastral, y otros bienes de naturaleza no inmobiliaria --como cuentas bancarias y un Audi-- que suman 158.849 euros. En cuanto a los préstamos, son tres distintos con un valor total de 114.469 euros. Preside también el Alto Consejo Consultivo, el Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón y el Comité Estratégico de Política Territorial de la Comunitat, y es miembro del Comité de las Regiones, y vocal de organismos como el Consorcio Casa del Mediterráneo. Por su parte, Alarte asegura poseer sólo una vivienda cuyo valor catastral asciende a 38.624,42 euros y 600 euros en una cuenta bancaria, mientras que en el apartado de pasivo aparece un préstamo hipotecario de 127.172 euros, del que resta por pagar 82.640 euros.

Rita Barberá, la alcaldesa de Valencia, no aparece como dueña de ninguna casa. Sí cuenta con valores en varias empresas como Banco de Valencia, BBVA o Telefónica, entre otras, con dos planes de pensiones y con cuentas bancarias y depósitos a plazo, que suman un total de 321.886,87 euros, además de un vehículo del que se desconoce el valor ya que tiene más de 21 años. Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, cuenta con el 50 por ciento de dos viviendas en Alicante con un valor catastral de 66.438 euros; 29.506 euros en bienes no inmuebles --vehículos, cuentas bancarias y plan de pensiones-- y una hipoteca de 223.759 euros. El primer edil de Castellón, Alberto Fabra, declara 255.374 euros del valor catastral de varias propiedades inmobiliarias en Benicàssim, Teruel y Castellón; así como 28.000 euros en cuentas corrientes y 15.000 euros del valor de un coche. Del mismo modo, refleja el 50 por ciento de un préstamo hipotecario por valor de 309.000 euros. Entre los diputados con mayor poder adquisitivo se encuentra el ex conseller de Infraestructuras Mario Flores, que ha declarado 259.289,57 euros en bienes inmuebles urbanos y rústicos y 1.107.187,4 euros en bienes y derechos de naturaleza no inmobiliaria.

En la declaración de Juan Cotino, presidente de las Cortes, hay una referencia a una vivienda en propiedad en Xirivella (Valencia) con un valor catastral de 8.128,93 euros y 1.888.668,31 euros en bienes de naturaleza no inmobiliaria, repartidos entre acciones, obligaciones de la Generalitat, cuentas corrientes, o empresas. Cabe recordar que Cotino, supernumerario del Opus Dei que fue elegido por el PP para presidir les Corts Valencianes, llegó al hemiciclo con su crucifijo y lo puso encima de la mesa, junto a la Biblia. También Camps llegó con el Libro bajo el brazo y, desde entonces, los diputados autonómicos juran o prometen al lado o encima de los símbolos del cristianismo. Pero ¿no estamos en Estado aconfesional en el que el poder religioso no debe estar por encima del político? Visto lo visto, parece que aún no hemos salido de él.

Los indigandos acampados junto al circuito del F 1 han montado talleres y charlas.
Mientras tanto, los indignados intentan acampar no lejos de la carrera de Fórmula 1 y protestar por el gasto de dinero público en el evento deportivo. Pero la delegación del Gobierno arguye defectos de forma en la comunicación y amenaza con sanciones. La Policía Nacional quiere evitar el comienzo de una acampada reivindicativa. La concentración está convocada por una de las asambleas del movimiento 15-M de la ciudad que reúne a los indignados del distrito de los poblados marítimos, la zona en la que estos días se celebra el evento deportivo. En la programación difundida por los indignados figuran varios actos lúdicos y reivindicativos, como charlas, conciertos o una manifestación en bici. El lugar elegido para la concentración, la plaza Lorenzo La Flor, se encuentra a poco más de un kilómetro del circuito, en uno de los lugares más degradados de Valencia. Su objetivo es destacar el contraste entre “los privilegios y el despilfarro de la Fórmula 1” y “la degradación y el abandono del Cabañal”, el barrio marinero. Los primeros en protestar se encontraron con una decena de agentes de la Policía Nacional repartidos en cuatro furgonetas, quienes les informaron que la concentración no estaba legalmente comunicada.

La otra cara del circuito de Fórmula 1

Según varios componentes de la Asociación de Vecinos del Cabanyal, solicitaron la documentación de varias personas y les comunicaron que se exponían a multas de hasta 3.000 euros. Fuentes de la Asociación explicaron que los “indignados” comunicaron su concentración por el procedimiento de urgencia, aunque “el evento se conocía desde hace meses, así que no hay motivo para solicitarlo por la vía de urgencia”. Pero la administración insiste en que “la acampada de protesta no está legalmente comunicada” e inicia un procedimiento administrativo por el que los participantes en la concentración “pueden recibir sanciones”. El equipo jurídico de la asamblea ciudadana presenta un recurso en el que asegura que no hay motivo para prohibir la concentración, puesto que la plaza no es un lugar de paso y, por tanto, “no se puede molestar a nadie”. Los indignados siguen concentrados, a la espera de noticias sobre el recorrido de este recurso. Ayer y hoy siguieron con la acampada y con el evento “La cultura toma la calle”, un encuentro cultural y educacional con el que los 'indignados' de Moratalaz quieren demostrar que se puede extender la cultura por los barrios y “sin un duro”, sólo con voluntad y colaboración vecinal mientras la Policía les vigila de lejos. Está previsto que hoy se lleve a cabo la “bicifestación” en las afueras del circuito de Fórmula 1, así como una sentada en uno de los pocos sitios desde los que se puede atisbar el circuito, el puente de los Astilleros.

El objetivo de la reivindicación es destacar el contraste entre “los privilegios y el despilfarro de la Fórmula 1” y “la degradación y el abandono del Cabañal”, el barrio marinero. Además, critican que durante tres días, y durante las semanas previas a la carrera, el espacio público del puerto y sus alrededores estén reservados a los participantes y espectadores de la carrera. La Generalitat Valenciana lleva invertidos en el gran Premio de Europa de este deporte al menos 139 millones de euro en sólo tres años. El Gobierno autonómico cuantifica en 158 los beneficios económicos del evento para la sociedad valenciana, aunque no accede a especificar los cálculos en los que se basa esta afirmación. Añade que se han creado 6.284 empleos acumulados entre la construcción y la celebración de tres ediciones de este evento deportivo, presenciadas en conjunto por casi 285.000 espectadores. Y asegura que los datos de beneficios económicos han sido estudiados por el IVIE (Instituto valenciano de Investigaciones Económicas), aunque, desde la Conselleria d'Economia, dicen que no es posible hacer público el informe con el desglose detallado de tales beneficios.

Menos de dos semanas después de la toma de posesión de Juan Carlos Izaguirre (Bildu) del Ayuntamiento de San Sebastián, ya se notan los primeros cambios de imagen criticados tanto por el PSOE como por el PP. Las fotografías muestran uno de ellos: la desaparición del cuadro del rey, Juan Carlos I.

Otros desatinos provocados por alcaldes de otros partidos son igualmente motivo de alarma. Tales como las primeras decisiones de los primeros ediles elegidos de subirse el sueldo, a veces de una manera vergonzosa. Así, el nuevo sueldo del alcalde de la localidad vallisoletana de Peñafiel. Por siete votos a favor (de los siete concejales del PP) y seis en contra (cuatro del PSOE y dos del Partido de Castilla y León-Candidatura independiente), Roberto Díez (PP) pasará a tener dedicación exclusiva como primer edil. Cobrará 40.000 euros al año, casi el doble que su antecesor en esta localidad de 5.571 habitantes. Díez explica que sus ingresos están supeditados a que tome la decisión de dejar el trabajo que hasta ahora ha desempeñado como gerente del Grupo de Acción Local denominado Duero-Esgeva, que se encarga de dinamizar económicamente la zona ribereña. Sin embargo, el regidor ha asegurado que un municipio como Peñafiel requiere estar plenamente encima de la gestión de los “muchos servicios que presta” a los ciudadanos, por lo que ve probable que, en el futuro próximo, deje su puesto y se dedique totalmente a la Alcaldía. Díez considera que la retribución del anterior alcalde era “muy baja”. Y reconoce que “en los tiempos que corren” esta medida puede resultar llamativa entre los ciudadanos, aunque apela al “realismo” de la oposición al afirmar que si tiene que dejar su puesto de trabajo no sería normal que careciera de unos ingresos por el cargo de alcalde equiparados a los que tiene como trabajador por cuenta ajena.

El alcalde de Mollet del Valles, Josep Monràs, del PSC, pasó de cobrar 59.000 euros anuales a 65.000. Y eso fue antes de rectificar, pues su aspiración era llegar a cobrar 78.000. Monràs tuvo que ser escoltado por los Mossos en su camino del Ayuntamiento a su casa. Unos 300 “indignados” le increparon por subirse el sueldo.

Josep Maria Puigibet, primero de la izquierda.

Lo mismo hace, en el primer pleno de su mandato, el alcalde de La Bisbal del Penedès, Josep Maria Puigibet (ERC) quien se sube un 33% su sueldo (de 33.000 a 44.000 euros anuales brutos). Y lo baja baja en un 90% a los concejales de la oposición (de 100 a 10 euros por asistencia a cada pleno.

La alcaldesa de Gata de Gorgos (Alicante), Ana María Soler, se ha apuntado a la lista del paro, tras conocer que los dos grupos de la oposición, PSPV y Bloc –con mayoría en el pleno–, quieren recortarle el sueldo hasta los 1.500 euros brutos, que, en neto, dejarían su salario en menos de mil euros.

Otras medidas polémicas son las provocadas por las primeras decisiones de José Ramón Bauzá, presidente del Govern de les Illes Balears, quien aumenta la retribución anual a cinco de los seis miembros de su Gabinete. Un asesor pasará de 46.300 euros anuales a 52.800 euros. Sus secretarios/as pasarán a cobrar 35.000 euros en lugar de 29.000.

Entre valores municipales y valores bancarios a veces no media mucho. Así los ve y manifiesta Erlich, el primero de los humoristas que abre esta sección en la que también presentamos el humor de Peridis, Medina, Fotdevila, Forges y El Roto.