Los principios por delante de la economía

Esta semana el consejero de Salud extremeño, el médico Francisco Javier Fernández Perianes, se ha visto forzado a presentar su renuncia después de que la prensa local desvelase que compagina su cargo público en el Gobierno de Extremadura con una consulta privada cada quince días en Elvas, localidad de Portugal próxima a la frontera con Badajoz. Su actividad privada choca con la Ley de Incompatibilidades. En teoría, esa ley es la mejor garantía frente a lo que considera una clara fuente de corrupción: el conflicto de intereses. Éste se produce cuando los altos cargos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyen a la vez intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos, o intereses compartidos con terceras personas, según la norma.

Pues bien, según la denuncia interpuesta en la Fiscalía de Catalunya por un colectivo de ciudadanos y profesionales sanitarios, las altas esferas sanitarias del Gobierno catalán están plagadas de este tipo de conflictos e incompatibilidades. Sin ir más lejos las de Boi Ruiz, Conseller de Salut. No es algo que incumba sólo a Catalunya, ni siquiera a un partido concreto, es un cáncer que se ha extendido por muchos gobiernos de muchos partidos. Y no sólo a los gobiernos, que los políticos y empresarios sólo son una parte de la sociedad. También afecta al mundo jurídico y a la ciencia y la medicina, y al periodismo, en este blog hemos publicado mucho sobre ello. Y quizá convenga recordar que también afecta a la “sociedad de a pié”, por supuesto en menor grado, que en todo hay grados.

Hemos ido derivando a una sociedad degradada y degradante y es hora, ahora es el momento, de corregir el rumbo torcido de un tiempo en el que creímos o nos hicieron creer que todo vale, que el que más gana es el que más vale. Superar la insostenibilidad de una soceiedad así por otra que mire más allá de su nariz, en la que las relaciones estén marcadas más por el Ser que por el Tener y en las que la política entendida como el “deber moral” de participar cada ciudadano en la gestión de sus problemas y de los problemas colectivos esté por encima de la mera transacción económica. Los principios por delante de la economía (sin renunciar a ella).

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