Los problemas económicos de Colombia empeoran con la caída de los precios de la cocaína

Autor: Matthew Smith.

La cocaína, una parte importante de la economía colombiana, está sufriendo una caída de precios, lo que provoca inestabilidad económica y un aumento de la violencia, ya que los grupos ilícitos seenfrentan por el control.

·  La caída de los precios está causando dificultades económicas en las zonas rurales, donde las comunidades dependen en gran medida del cultivo de coca, creando un entorno similar a la enfermedad holandesa, donde otras industrias se ven afectadas negativamente debido a la dependencia excesiva de un único recurso.

·  Las dificultades económicas causadas por la caída de los precios de la hoja y la pasta de coca están provocando un aumento del reclutamiento en los grupos armados ilegales, el incremento de otrasactividades ilegales y un éxodo masivo de la población de las regiones rurales.

El aumento de la producción de cocaína, que alcanzó otro récord anual en 2021, convierte a Colombia en el principal proveedor mundial de este estupefaciente ilícito. Los enormes beneficios generados por la cocaína son uno de los principales motores del conflicto asimétrico multipartidista de bajo nivel que vive Colombia desde hace décadas y que se ha cobrado al menos 450.000 vidas. Desde 2018, a medida que se disparó la producción de cocaína, aumentó la violencia en todo el país andino, lo que disuadió la inversión extranjera e impactó en la economía, incluida la golpeada industria petrolera, que tiene operaciones ubicadas en áreas clave de cultivo de coca. La dependencia económica de la producción de cocaína en algunas zonas rurales de Colombia ha visto surgir un peligroso fenómeno económico conocido como mal holandés.

La llegada del tráfico de cocaína a finales de la década de 1970 y los ingentes beneficios que generó fueron responsables de la escalada del conflicto civil colombiano. La magnitud de esos beneficios es evidente desde principios de la década de 1980, cuando la cocaína representaba el 7% del producto interior bruto

(PIB) de Colombia y el 70% del valor de las exportaciones. Esos inmensos beneficios permitieron a la miríada de grupos armados ilegales de Colombia adquirir armamento moderno de grado militar, ampliar el reclutamiento y desafiar descaradamente al Estado. Esto provocó una escalada de la violencia, con masacres incluidas, a medida que bandas armadas que iban desde guerrillas izquierdistas, cárteles de la droga y paramilitares se enfrentaban entre sí y con el gobierno colombiano.

Tras décadas de conflicto, el Presidente Uribe, en el poder entre 2002 y 2010, con la ayuda del multimillonario Plan Colombia de la Administración Clinton, recuperó el control de las principales ciudades colombianas y de amplias zonas rurales. Esa campaña militar, centrada principalmente en combatir a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mayor grupo armado ilegal del país, culminó con la esperanza de un periodo de paz. El sucesor de Uribe, el presidente Juan Manuel Santos, logró en 2016 un acuerdo de paz con las FARC que, a finales de 2017, supuso la desmovilización de casi toda la guerrilla izquierdista, con menos de 1.000 disidentes que rechazaron el acuerdo. Se creía que así se pondría fin al largo conflicto civil colombiano y que el país, cansado de la guerra, obtendría un gran beneficio económico.

Pero no ha sido así. En octubre de 2022, varios grupos humanitarios que operan en Colombia estimaban que el número de disidentes de las FARC había aumentado hasta alcanzar la cifra de 5.200 miembros de diversos grupos escindidos. Ello fue responsable de alimentar un aumento de la violencia a medida que varias bandas armadas ilegales se enfrentaban por el control de la economía ilícita de Colombia, especialmente el tráfico de cocaína. Este aumento del volumen de combatientes puede atribuirse a una serie de acontecimientos, entre los que destaca el hecho de que el presidente Iván Duque, en el cargo de 2018 a 2022, no haya aplicado plenamente el acuerdo de paz con las FARC. Junto con la creciente inseguridad rural, el aumento de la pobreza y una mayor desigualdad socioeconómica, eso creó un terreno fértil para el reclutamiento de nuevos miembros e incentivó a los excombatientes a volver a las armas.

Estas bandas se dedican a diversas actividades ilícitas para financiar sus operaciones, como la extorsión, el robo de petróleo, la extracción ilegal de oro, el cultivo de coca y la producción de cocaína. El creciente número de grupos armados ilegales y el volumen cada vez mayor de combatientes es el principal motor del aumento de la producción de cocaína. En octubre de 2022, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) informó de que los cultivos de coca en Colombia habían alcanzado su máximo histórico, con 504.000 hectáreas cultivadas en 2021, lo que supone un notable aumento del 46% con respecto a 2020.

El organismo gubernamental internacional cree que esa superficie produjo 1,1 millones de toneladas métricas de hoja de coca, un 14% más que el récord de 997.300 toneladas métricas de 2020. Ese volumen de hoja de coca tenía el potencial de producir 1.400 toneladas métricas de clorhidrato de cocaína, lo que supone un 14% más que las 1.228 toneladas métricas estimadas fabricadas un año antes.

La inmensa rentabilidad de la cocaína y la creciente fuerza de varias bandas armadas ilegales han hecho que amplias zonas rurales de Colombia se vuelquen al cultivo de coca, materia prima esencial para producir el estupefaciente. Los grupos ilegales responsables de la producción de cocaína en laboratorios improvisados en la selva no sólo presionan a las comunidades remotas para que cultiven coca, sino que suelen pagar más por las hojas de coca que por los cultivos legales tradicionales. Hasta hace poco, un kilogramo de hoja de coca se vendía a 1,37 dólares, mientras que la pasta de coca, materia prima cruda y sin refinar utilizada para producir cocaína, se vendía a 600 dólares el kilogramo. Esos precios permiten a

los campesinos obtener beneficios muy superiores a los que pueden generar los cultivos legales, y se especula con que ganan tres o cuatro veces el salario mínimo de Colombia, de 330 dólares al mes.

Los considerables ingresos que genera el cultivo de coca, combinados con la escasa presencia del Estado y las bandas armadas ilegales que presionan a las comunidades para que cultiven la materia prima esencial para fabricar cocaína, hicieron que las economías locales se vieran dominadas por esta actividad.

Según la ONUDD

«Los lugares poblados cercanos a las zonas de cultivo de coca ofrecen una mayor oferta y demanda de servicios y bienes, lo que resulta atractivo para los productores de droga y los cultivadores de coca».

Esto está dinamizando las economías locales de lo que se denominan focos cocaleros ubicados en los departamentos de Norte de Santander, Cauca Nariño y Putumayo, que ahora dependen de la actividad ilícita. Todas estas regiones, a excepción del Cauca, están situadas en zonas de Colombia ricas en petróleo, donde hay importantes operaciones de la industria petrolera.

La ONUDD añade:

«En los epicentros de coca, hay un mayor flujo de recursos financieros que estimula el comercio y permite el acceso a bienes y servicios que no habrían estado disponibles sin la actividad ilegal».

El reciente desplome de los precios de la coca, que ha visto caer el valor de la hoja y la pasta más de un 30%, ha hecho que en esas regiones surja un fenómeno típicamente asociado a los petroestados, que se conoce como mal holandés. Esencialmente, se refiere a las consecuencias perjudiciales que surgen cuando un país experimenta un aumento significativo de los ingresos procedentes de un único recurso o sector económico, lo que provoca el declive de otras industrias. Un ejemplo clásico de enfermedad holandesa es el colapso de Venezuela, miembro fundador de la OPEP, que posee las mayores reservas de petróleo del mundo, estimadas en 303.000 millones de barriles, y fue en su día un gran exportador de petróleo.

El petróleo era la espina dorsal de la economía venezolana, y el país se hizo aún más dependiente de la extracción de petróleo cuando Hugo Chávez tomó el poder en 1999. Al desplomarse la producción debido a la caída de los precios del petróleo, la corrupción endémica, las sanciones cada vez más estrictas de Estados Unidos y la falta de mantenimiento vital, Venezuela experimentó una crisis económica descrita como la peor que se haya producido jamás fuera de una guerra. La catástrofe que se desencadenó en Venezuela se vio agravada por el vaciamiento de las instituciones estatales, la corrosión del Estado de derecho y la concentración de poder en manos de Chávez tras iniciar su revolución socialista bolivariana.

Los paralelismos con esos acontecimientos se están produciendo en las regiones rurales de Colombia dominadas por el cultivo de coca, especialmente en los departamentos de Putumayo, Norte de Santander, Cauca y Narino, desde que se desplomaron los precios de la coca durante el primer semestre de 2020. Varios centros de estudios y organismos gubernamentales estiman que entre 2021 y 2023 el precio de la hoja de coca ha caído al menos un 32%. Los analistas creen que el precio de la pasta de coca, un producto intermedio refinado crudo que es un paso clave en la extracción de cocaína de las hojas de coca, se ha desplomado al menos un 40%, con un kilogramo en algunas zonas que se vende por tan sólo una cuarta parte de su valor 2 años antes. El desplome de los precios de la coca se debe a la falta de compradores, lo que, unido al aumento de los cultivos, ha provocado un exceso de oferta en el mercado ilícito.

Aunque los analistas no están seguros de por qué se han agotado los compradores, se barajan varias hipótesis. Una de las teorías es que la detención en octubre de 2021 y posterior extradición a Estados Unidos en mayo de 2022 de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, líder de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), provocó la caída en picado de la demanda de hoja y pasta. Las AGC son el mayor grupo armado ilegal de Colombia y la organización criminal más poderosa dedicada al tráfico de cocaína. Esto convierte a la banda en el mayor consumidor de hoja y pasta de coca de Colombia. Se cree que Otoniel, tras su detención y extradición, está cooperando con las autoridades estadounidenses, lo que ha provocado un temor considerable entre los dirigentes y asociados de las AGC. Para minimizar los riesgos que plantean estos acontecimientos, el grupo ha frenado sus operaciones, lo que ha provocado la caída en picado de la compra de coca. Los conflictos internos y las disensiones, con el rumor de que el AGC corre el riesgo de escindirse, también están pesando sobre el consumo de coca.

El Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro gran traficante de cocaína y comprador de pasta de coca, reanudó en diciembre de 2022 las negociaciones de paz con el presidente izquierdista Gustavo Petro. Ambas partes acordaron un alto el fuego de seis meses a partir del 3 de agosto de 2023. Por esta razón, se especula que las últimas guerrillas izquierdistas han reducido sus actividades de tráfico de cocaína. Las autoridades venezolanas también están tomando medidas enérgicas a lo largo de la frontera con Colombia, lo que está afectando a la demanda, ya que el Estado socialista autocrático casi en quiebra es un importante punto de transbordo para los cargamentos de cocaína. El descenso del consumo de cocaína en Estados Unidos, debido en parte a la creciente popularidad de los opiáceos, es otro factor que contribuye a ello, sobre todo teniendo en cuenta que el país ha sido durante décadas un mercado clave para la cocaína de Colombia.

A medida que las economías regionales dependientes de la coca se desmoronan debido a unos precios sustancialmente más bajos, las comunidades rurales se enfrentan a considerables dificultades, incluida una mayor inseguridad alimentaria. La situación es tan grave que decenas de campesinos se niegan a vender pasta de coca a precios tan bajos, y algunos llevan meses sin vender, lo que les impide pagar a los trabajadores y consumir bienes y servicios locales.

*Corresponsal en América Latina de Oilprice.com desde agosto 2018, inversor veterano y un profesional de la gestión de inversiones. Obtuvo una Maestría en Derecho, actualmente se encuentra encargado de cubrir a Latinoamérica en los aspectos sobre petróleo y gas.

Fuente: Oilprice.com – Agosto 03 de 2023.