Los puntos fundamentales de la denuncia penal contra Sanitat

Como contaba hace unos días, la Fiscalía Superior de Catalunya ha recibido una denuncia por lo penal contra el Departamento de Salud de la Generalitat de Catalunya por parte de la Plataforma de Afectados por los Recortes Sanitarios. Los motivos pueden resumirse en varios puntos:

- La privación de un derecho cívico, como es el derecho a la salud, como delito reglamentado en el artículo 542 del Código Penal, que literalmente dice: “Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes”.

- El deterioro de la sanidad pública catalana que no se puede explicar únicamente como consecuencia de la crisis económica sino que, piensan estos ciudadanos, que las “medidas anticrisis” de las que habla la Generalitat se están utilizando para hacer un daño adicional con el objetivo de favorecer a las empresas privadas en las que los altos cargos de la Generalitat tienen y han tenido puesto de alta responsabilidad. Aquí está el meollo por lo que les podrían condenar por el artículo 542. “Boi Ruiz, Conseller de Sanitat, avisaba por un lado de que sus medidas iban a provocar un aumento de las listas de espera y por otro recomendaba contratar un seguro privado. Más claro, agua”, explican.

Los altos cargos que mencionan, porque piensan que están implicados en “la trama” son: Boi Ruiz; Roser Fernández Alegre, Secretaria General de Salud; Josep Maria Padrosa, Director del Servei Català de la Salut; Josep Prat Domènech, presidente del Consejo de Administración del ICS.

Según los denunciantes, “Boi Ruiz, justo antes de ser Conseller, era el presidente de la mayor patronal del sector sanitario en Cataluña ’La Unió’, que ellos mismos se definen como un ‘lobby institucional de opinión nacional e internacional’. Josep Prat Domènech, presidente del ICS, tiene actualmente varios cargos en el sector sanitario privado, entre ellos el de Presidente de uno de los mayores grupos privados internacionales del sector sanitario privado con presencia en todo el Estado – USP Hospitales. Aunque anunció su dimisión de este y de otros cargos (como en el de Director General de Innova) su dimisión no figura en los registros oficiales (BORME – Boletín Oficial del Registro Mercantil), o sea que oficialmente sigue teniendo esos cargos. Prat acumula actualmente nueve cargos en empresas privadas del sector sanitario”.

-El sector público se está poniendo al servicio de intereses privados, con la intención no de mejorar la sanidad pública, o al menos que no empeore, sino de trasvasar actividad sanitaria pública al sector privado, en donde están y han estado los altos cargos (“La Unió”, USP Hospitales, Innova…).

La denuncia es un trabajo colectivo plasmado en 73 páginas que componen el cuerpo de la denuncia y 69 documentos anexos; un total de unas 450 páginas. Para la redacción de la denuncia han manejado más de 120 documentos y más de 220 artículos y piezas de información provenientes de diferentes medios y fuentes.

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