Los que nos roban legalmente

Los políticos españoles, esos que nos roban legalmente y nos saquean la nación aplicando leyes y normas que ellos mismos han aprobado sin tener en cuenta el criterio ciudadano, han perdido la confianza del pueblo y ya no tienen otro argumento para cobrar sus brutales impuestos que la fuerza bruta. Millones de españoles temen que el dinero que pagan a Hacienda termine siendo robado por alguno de los muchos ladrones incrustados en el Estado o que los partidos, poseedores de un nivel ético deplorable y faltos de controles democráticos, utilicen ese dinero para pagar iniquidades como beneficiar a los desleales catalanes y vascos o financiar a los inmigrantes con subvenciones y ayudas que se les niegan a los españoles más necesitados. --- Millones de españoles están presentando en estos días su declaración anual de la renta, un ejercicio que debería ser un ejemplo de solidaridad y contribución voluntaria al bien común, pero que en España se ha convertido en un suplicio, no sólo porque los impuestos que se pagan son elevados, injustos y desproporcionados, sino porque la ciudadanía desconfía y rechaza a los políticos que cobran esos tributos, a los que considera corruptos y ajenos al bien común.

La democracia es un sistema que se basa en la confianza de los ciudadanos en sus representantes y en la de los administrados en las administraciones públicas, una confianza que en España está destruida como consecuencia del comportamiento corrupto y egoísta de los partidos y de los políticos.

Millones de españoles creen que el dinero de sus impuestos puede ser robado o empleado para financiar iniquidades y abusos. En consecuencia, hay demasiados ciudadanos que se devanan los sesos buscando la manera de escatimar dinero al fisco, lo que representa todo un drama para cualquier democracia.

Además de ser el país campeón de Europa en desconfianza y rechazo a la clase política, España es también uno de los países que soporta mayor carga fiscal y uno de los que menos recibe a cambio de sus impuestos. Los servicios que el Estado proporciona a los ciudadanos son cada año más deficientes y de menor calidad, sobre todo los tres que más peso tienen en la vida cotidiana: la salud, la educación y las pensiones.

El hecho de que los españoles trabajen casi la mitad del año para el Estado, como media, es un serio motivo de insatisfacción y de rechazo, sobre todo cuando se tienen en cuenta datos tan preocupantes como la ruina del fondo de reserva de las pensiones, que llegó a tener más de 70.000 millones de euros y que Rajoy dejó vacío, y la perdida sensible de calidad en los servicios sanitarios y en la educación.

Para colmo de males, el actual gobierno socialista, impuesto por los partidos sin haber sido votado por los ciudadanos, se dispone a crear nuevos impuestos y a subir los existentes, generando todavía más insatisfacción y desprecio cívico a la clase política.

La opinión pública es ya plenamente consciente de que las dos raíces de los males políticos y económicos de España son el inmenso tamaño del Estado, que tiene más políticos a sueldo que Alemania, Francia e Inglaterra juntos, y el pésimo funcionamiento de las comunidades autónomas, un sistema perverso que ha creado 17 gobiernos regionales hipertrofiados, todos ellos compitiendo entre sí para ser más fuertes, gestionar más concesiones y servicios, promocionar la lengua y otros rasgos propios y generando rencillas y divisiones que crean separación, destruyen la solidaridad e intensifican la ruptura de la nación.

Pero en España se da la paradoja siniestra de que, siendo conscientes los ciudadanos del origen de los grandes males, tanto del excesivo tamaño del Estado como del comportamiento perverso de las autonomías, los políticos y sus partidos se niegan a solucionarlos, provocando, a su vez un rechazo cívico creciente que empieza a transformarse en odio a los políticos, toda una situación de emergencia en cualquier democracia moderna.

Francisco Rubiales