Los “sabios” que quieren que las vacunaciones sean obligatorias

Un comité de sabios del Gobierno ha sugerido que las vacunaciones sean obligatorias en España. Se trata del Comité de Bioética de España (CBE) que, en su informe Cuestiones ético-legales del rechazo a las vacunas y propuestas para un debate necesario, plantea que “pueda imponerse, en supuestos muy específicos, la vacunación obligatoria”, sin necesidad de que aparezca una epidemia o un mero brote. 

Lo primero que llama la atención es que en el título de dicho documento se cite “debate necesario” pues durante la presentación de mi libro Vacunas, las justas en los meses pasados, pude escuchar en más de una ocasión de los sectores más reacios a cualquier cambio en el actual modelo de aplicación de las inmunizaciones que NO había que abrir debate alguno, que los calendarios de vacunaciones recomendadas están bien como están.

Lo cierto es que algún debate habrá que abrir pues las tasas de vacunación no sólo bajan en España, no hay más que ver lo que sucede en nuestra vecina Francia, donde por cierto algunas vacunas son obligatorias, no como en España donde las incluídas en los calendarios de vacunaciones son “recomendadas” (las que están fuera de los mismos no queda claro qué son).

El caso es que el CBE está preocupado por el rechazo de algunos colectivos a las vacunas y la “promoción social” de esa negativa.

No es la primera ocasión en que se pide obligar a las familias a vacunar a los hijos. Tras la muerte de un niño por difteria en Olot el pasado verano, que no estaba vacunado contra dicha enfermedad el conseller de Salut de la Generalitat, Boi Ruiz, pidió dicha obligatoriedad.

Llama la atención también que fuera Ruiz el que quisiera erigirse en garante de la salud pública cuando lo que ha hecho durante su mandato es precisamente intentar cargarse la sanidad pública.

Pero a lo que vamos, ¿qué es el Comité de Bioética de España? Adscrito al Ministerio de Sanidad desde 2008, año en que fue creado, este órgano emite propuestas y recomendaciones de un conjunto de 13 “sabios”, juristas, médicos, filósofos o biólogos de reconocido prestigio y sus dictámenes e informes no son prescriptivos, sino de carácter consultivo.

Esta vez, sin que el Gobierno o cualquier otro organismo ejecutivo les haya pedido un pronunciamiento al respecto, han decidido que era momento de que su voz se oyera en relación al creciente rechazo de las vacunas. Hoy la tasa de vacunación en España es del 96%.

Como bien recuerdan en ese reportaje, hace no mucho hubo un precedente de imposición de una vacunación. Fue en Granada, donde un juez obligó en 2010 a vacunar del sarampión por un brote que hubo en una comunidad  de 35 niños no vacunados contra ello. El brote se achacó a “antivacunas”, a motivos ideológicos.

Un año después en Sevilla se produjo un brote también de sarampión que afectó a muchas más personas pero no hubo obligatoriedad de vacunar; el caso se produjo entre población marginal. Esto no ayuda a la credibilidad de los programas de vacunaciones y a su imposición.

El periódico qué me pidió hace unos días mi opinión sobre dicha obligatoriedad en calidad de portavoz de la Asociación Afectados x Vacunas (AxV) de familias que han perdido a sus hijos o han quedado graves tras vacunaciones y supongo también que por haber publicado el citado libro:

Si nos fijamos, estamos hablando de un informe que parece más una herramienta de lobby a favor de la obligatoriedad de las vacunaciones que otra cosa. Un disparate porque hasta los expertos a favor de las inmunizaciones masivas prefieren “convencer” que imponer”, expliqué.

El diario El País lo explicó con acierto en un reportaje titulado Seis razones para no imponer la vacunación obligatoria de los hijos y volvió sobre le tema con otro trabajo, ¿Debería ser obligatorio vacunar? Mejor convencer, dicen los expertos.

Además, hasta el principal lobby de los laboratorios farmacéuticos fabricantes de vacunas en España, el Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) está en contra de obligar a vacunar. Así lo ha expresado su Comité de Bioética. “La instauración oficial de una obligación legal de vacunar podría provocar sentimientos negativos hacia las vacunas en la sociedad”, opinan.

Abunda sobre esta cuestión Francisco Almodóvar, abogado del Bufete Almodóvar & Jara:

Ante una emergencia es lógico que los tribunales en Europa donde la vacunación es libre se inclinen por vacunar en estos casos graves. Pero hay que distinguir. La clave está en el estudio y análisis de la literatura científica del momento. Hay vacunas más efectivas que otras. Unas de mayor calidad que otras. Y hay virus con mayor potencial que otros.

En cualquier caso, las autoridades administrativas pueden declarar una pandemia a través de la Organización Mundial de la Salud y obligar a vacunar”.

El informe que emitió el CBE cita falta de regulación actual en materia de vacunas y apuesta por anticiparse a una futura posición ciudadana contraria a la vacunación, pese a admitir que en España el movimiento “antivacunas” no es “excesivamente relevante”. Se convierte así esa institución en la reina de las medidas coercitivas.

La legislación en España es bastante “abierta” al respecto y deja la última palabra en esta materia a los padres a diferencia de lo que ocurre en países democráticamente autoritarios como Estados Unidos (EE.UU.), donde algunos Estados sí recogen una normativa de vacunación obligatoria.

¿Qué ocurre en Europa?, se preguntan en el diario popular Qué:

En la Unión Europea, la mayoría de los países no obligan a vacunar a los niños y los niveles de inmunización son similares a aquellos que sí lo imponen, como Grecia, Italia, Bulgaria, República Checa, Eslovenia, Eslovaquia, Hungría, Polonia y Rumanía. ¿Con qué resultados? En Rumanía se dieron el último año la mitad de los casos de sarampión de toda Europa; la República Checa está entre los países más afectados por las paperas; e Italia tiene la incidencia más alta de tétanos. Cada cual, que juzgue”.

El comité de “sabios” español sugiere la idea de un vacío legal en España en tema de inmunizaciones pero como explica Almodóvar:

No hay tal ausencia de regulación. La industria quiere que la vacunación sea obligatoria. La administración pública debería controlar el sistema de patentes y el acceso de investigadores y ciudadanos a la información de seguridad de las vacunas que, a día de hoy, no es posible”.

Pero el CBE insiste en que la ausencia de una norma sobre la vacunación obligatoria es “un déficit de nuestro sistema jurídico”. Para mi compañero en el desapcho, Francisco:

En nombre de la salud pública se han cometido numerosas irregularidades. Ambos conceptos, público y privado, tienen que convivir. Es necesaria la transparencia en los ensayos clínicos de las vacunas y que éstas no sean un negocio, si es que son tan importantes.

Además, ‘salud pública’ también es atender a las personas que han sufrido reacciones adversas a las vacunas, que no son pocas y están desamparadas en España. ¿Cómo se hace en otros países? En USA, por ejemplo, tienen un sistema de compensación de daños por vacunas. En España la administración pública y los laboratorios se unen para negar sistemáticamente la mayoría o toda sospecha de reacción adversa a una vacuna”.

La imposición parece una mala idea. Para conseguir programas de vacunaciones aceptados sería más factible mejorar la información sobre vacunas. Que ésta provenga de fuentes independientes. Que los calendarios sean hechos democráticamente, con la participación de todas las partes en procesos abiertos y transparentes. Que las inmunizaciones se hagan de manera individualizada, caso por caso, no de manera sistemática, masiva, generalizada. Que se revisen las vacunas especialmente cuestionadas como la de la gripe o la del papiloma.

Y que exista una industria pública, gestionada con rigor, cuyos objetivos sean la verdadera salud pública y por ello fabrique las vacunas necesarias, efectivas y seguras. Que los efectos adversos, minoritarios pero en ocasiones graves, sean reconocidos. Y que las instituciones sanitarias que hacen recomendaciones no tengan conflictos de interés. Todo ello mejoraría la confianza de la poblaión y le permitiría elegir a conciencia con buena información y en libertad.