Cuando afirmamos que los sindicatos españoles son antidemocráticos, traicionan los principios y fines para los que fueron creados y son ya, como los partidos políticos, obstáculos que impiden el progreso y la democracia, no exageramos ni mentimos. Estas graves descalificaciones pueden probarse y están sustentadas por razones y argumentos irrefutables.
Sus peores "pecados" son los siguientes:
Están financiados por el propio gobierno, por las autonomías y los ayuntamientos, lo que quiebra su independencia y les separa de los trabajadores a los que dice representar y defender, situándose al lado, como aliados firmes, del Estado. Ese posicionamiento destruye su esencia, pues los sindicatos fueron creados para que elevaran hasta el Estado la vor, los intereses y los deseos de los trabajadores.
Los sindicatos cobran por realizar ERES, concretamente por cada trabajador despedido, una aberración que les pervierte y desvirtúa su naturaleza.
Han convertido la formación en una fuente de financiación y en un mecanismo corrupto. Muchos cursos no se hacen, otros se hacen con menos prestaciones, alumnos y duración de la que se declara y prácticamente todos los cursos están ideados para que queden para el sindicato margenes insoportables, abusivos e ilegales.
Los directivos y altos cuadros del sindicato ocupan puestos que no les corresponden y que les proporcionan ingresos inapropiados, que comprometen su independencia y su integridad. Están en consejos de administración de empresas públicas, cajas de ahorros y otras instituciones, muchas veces sin la preparación adecuada y siempre ocupando especios que no les corresponden como sindicalistas. El balance de los sindicalistas en esas instituciones ha sido nefasto, pringándose en los abusos y corrupciones que han llevado a la ruina a muchas empresas y participando vergonzosamente en el saqueo de las cajas de ahorro, uno de los crímenes más sucios y desvergonzados cometidos por el poder político y sindical en España.
Se niegan a hacer públicas sus cuentas y se han acostumbrado a vivir en la opocidad y el secreto, sin transparencia alguna en sus relaciones con las administraciones, los bancos y las empresas.
La legión de los liberados, decenas de miles en todo el país, es una vergüenza y un abuso que mancha la esencia del sindicalismo español. Muchos de los liberados son auténticos vagos, cuyos sueldos son pagados, obligatoriamente, por las mismas empresas a las que esos sindicalistas hostigan.
Los privilegios dce sus dirigentes son inaceptables y comparables con los que disfrutan la casta política. Pagas extras, pensiones, sueldos elevados, exenciones de impuestos, regalos, concesiones y otros muchos.
Pero lo peor de todo no son los detalles sino la alteración profunda de su naturaleza. Se han convertido en organizaciones endógenas, multimillonarias, adictas a las subvenciones, aliadas de los partidos políticos mafiosos de izquierdas y representativas de burocracias y de élites aferradas al poder y a los privilegios e incapaces de representar y defender a los trabajadores.
Y, por encima de todo, está el desprestigio del sindicalismo español ante los ciudadanos, que ya no confían en ellos porque les han visto guardar un silencio vergponzoso cuando gobierna la izquierda y salir enfurecidos a las calles cuando lo hace la derecha, sin que la situación de los trabajadores tenga peso alguno en esa línea de actuación. Las encuestas del CIS no preguntan a los ciudadanos qué piensan de los sindicatos, quizás porque si lo hicieran los resultados serían desestabilizadores y sobrecogedores. La única duda es si los sindicatos están por delante o por detrás de los denostados y despreciados partidos políticos, considerados por los ciudadanos como el tercer mayor problema del país.
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