Eldiario.es ha publicado estos días una colección de informaciones relativas a que Pfizer, uno de los principales laboratorios farmacéuticos del mundo, ha reconocido que realizó pagos irregulares a médicos en España. De hecho, despidió a 30 ejecutivos por ello. Analizamos el caso.
La noticia se produjo en el mes de noviembre pasado y así lo contamos en este blog, lo que ahora ha trascendido son algunos detalles, parte de ellos escabrosos, que se revelan en el post “Así condicionábamos desde Pfizer a los médicos”.
Lo que llama la atención no es que el hecho en sí, yo creo que a estas alturas de la película casi nadie duda de la importancia para las ventas de medicamentos por parte de los laboratorios de la práctica conocida como “tarugueo”, la compra de la voluntad de los galenos para que receten lo que le interesa al fabricante. El propio informante del periodista del citado diario explica que en la década de los años 90 del siglo pasado “todas las empresas hacían lo mismo”.
Esto, por cierto, lo documenté en mi libro Laboratorio de médicos.
Durante unos cinco años estuve conociendo a una veinte de los llamados visitadores médicos que me fueron contando y demostrando cómo se desarrollaba entre compadreo ilegal entre los médicos que se prestaban a ello y los departamentos de Ventas de las farmacéuticas.
Ya escribo, son “secretos a voces”, algo que “todo el mundo” conoce.
Por eso también escribo que lo que llama la atención es que la Administración pública no haga nada. Lo cuenta eldiario.es bajo el título de Sanidad, la Comunidad de Madrid y Farmaindustria rehúsan investigar los pagos irregulares de Pfizer a médicos y lo explican los médicos y doctoras de la organización No Gracias en Ni Pfizer ni Farmaindustria tienen ninguna credibilidad: la fiscalía debe investigar.
Ésta es una de las claves, pese a que hay un reconocimiento de hechos ilegales, repito, ni las fiscalías anticorrupción ni las diferentes administraciones investigan y toman medidas.
No es la primera vez que ocurre además, Novartis protagonizó un hecho similar a la par que Pfizer y tras más de un año de investigaciones China multó a GlaxoSmithKline (GSK) con 379 millones por sobornos en hospitales. En este caso la noticia tiene un interés adicional, concretamente las penas de cárcel de dos a cuatro años que impusieron al director de la multinacional y a cuatro altos cargos.
Por entonces yo escribía y no era la primera vez:
En España tenemos indicios claros de que ocurre lo mismo. Las policías y las fiscalías deben actuar de oficio. Creo que si se quiere acabar con el “tarugueo” de sanitarios y laboratorios se ha de proteger e incentivar, como escribo, a quienes con su testimonio sobre esa corrupción protegen la salud pública y ahorran dinero a Hacienda.
Las penas de cárcel a los responsables del “tarugueo” han de ser ejemplares también, así como las cantidades a satisfacer en concepto de multa, para que salga caro delinquir“.
Pero en España, nada de nada. La Administración continúa mirando para otro lado, no vaya a ponerse sobre la mesa uno de los principales problemas, que al haber dejado la formación de los profesionales sanitarios en manos de la industria ha promovido de manera directa el soborno a los mismos.
Consideran en No Gracias que Pfizer es una “mentirosa compulsiva”:
mientras promete buen comportamiento, ya está cometiendo la siguiente ilegalidad”.
De Farmaindustria, el principal lobby de los laboratorios en España, dicen que “tampoco tiene credibilidad”:
El Código Ético de Buenas Prácticas prohíbe los regalos a los médicos desde hace muchos años y, a pesar de ello, estos regalos siguen produciéndose”.
Y concluyen:
lo que sí parece necesario es que la fiscalía abra una investigación a una empresa que reconoce que sus empleados han cometido un delito de soborno: ¿A quién se ha sobornado? ¿Qué consecuencias han tenido esos sobornos sobre los fondos públicos? Y más importante, ¿qué consecuencias han podido tener esos sobornos sobre la salud de los pacientes?
Las responsabilidades públicas no se pueden dirimir solo con ‘depuraciones privadas’”.
Sólo añadir que en 2012, a raíz de leer mi libro ya citado el fiscal Valentín José de la Iglesia Palacios, pasó varias semanas “digiriendo” la información que en él ofrezco y lo que ello implica y me ha envió un profundo artículo titulado Límites legales en la relación entre el profesional sanitario privado y público y la industria farmacéutica.
Resumí en varias entregas el texto y venía muy a cuento pues el día anterior publicaba precisamente sobre que la farmacéutica Pfizer reconoce que soborna a los médicos de manera sistemática.
Es decir, el soborno a médicos es una práctica asentada y consentida sin la que no se entenderían las enormes ganancias de toda una industria y sólo queda que las fiscalías actúen.
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