Casi todas las televisiones españolas transmitieron esta semana una grabación con la preparación para el suicidio que llevó a cabo un hombre sorbiendo un potente veneno.
Explicaba que padecía ELA, que ya sólo podía mover una mano y que estaba indignado por “tener que morir en clandestinidad”, pues el suicidio asistido es ilegal.
Pero detrás debía estar quien preparó la cámara y la elevada dosis del pentobarbital, Nembutal, barbitúrico habitual para suicidios que puede adquirirse por internet.
La eutanasia asistida que pedían tanto José Antonio Arrabal, de 58 años, de Alcobendas, Madrid, al suicida ante la cámara, como el gallego Ramón Sampedro, que inspiró la película “Mar adentro”, Oscar de 2004, parece que goza de la simpatía general.
Muchos medios que divulgaron los dos últimos días el caso de Arrabal hicieron sondeos entre sus audiencias, y el noventa por ciento apoyó esa regulación, algo comprensible ante una pregunta en caliente tras unas imágenes tan emotivas.
Pero, veamos, en España se producen anualmente entre 3.200 y 3.900 suicidios. En 2015, último dato del INE, hubo 3.602, de los que 2.680 fueron de hombres y 922 de mujeres.
De ellos, unos 380 usaron algún veneno, que es como recoge el INE los casos de Arrabal y de Sampedro; recordemos también a los otros 3.222 suicidas, que sufrieron angustias de igual resultado –interesante la diferencia entre sexos--, aunque se mataran de otra manera.
Ahora, ¿estamos dispuestos a sufragar una Seguridad Social con áreas donde se maten anualmente a unos 3.500 seres humanos que podrían solicitar el suicidio asistido?
Suicidarse con los propios medios no podrán hacerlo los pobres –una dosis mortal ronda los 600 euros--, por lo que se exigirán iguales derechos para todos en la Seguridad Social.
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SALAS