Los vampiros de la sanidad pública madrileña

La Sanidad pública madrileña se desangra. La política sanitaria del Partido Popular consiste en una vampirización del patrimonio público hospitalario, que está siendo desmantelado en beneficio de grupos de interésprivado.
  Coincidiendo con la celebración de Halloween El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, acaba de anunciar varias medidas letales para el sistema público de Salud madrileño. Aparte del discutible euro por receta, las reformas aprobadas significan que no quedará ningún hospital de gestión puramente pública; uno de cada tres centros estará totalmente en manos de empresas y se privatizan 40 de los 400 centros de salud de la región. A lo que hay que añadir el indefendible desmantelamiento del  Hospital Universitario de la Princesa, el más prestigioso centro sanitario de la región donde se forman muchos médicos.
"Hay que aprovechar la crisis para introducir medidas de racionalización", afirma González en en una entrevista en el diario El País. Pero el verbo "racionalizar" es escasamente objetivo. Para quienes creen en la existencia de vampiros, colgar ristras de ajos en su casa es una conducta perfectamente racional y acorde con sus creencias. Pero será irracional si se demuestra que los vampiros no existen.    La racionalización de la que habla González no supone mejorar la asistencia sanitaria de los madrileños, que debería ser la prioridad de los gestores públicos. Ahora bien, es una gran oportunidad de negocio para las corporaciones sanitarias ávidas de lucro a costa del doliente. Laboralmente, el cambio afectará a unos 5.500 profesionales, a los que se ofrecerá pasar a ser contratados por las empresas concesionarias que se queden la gestión de los centros.  La iniciativa privada tiene perfecto derecho a defender sus ideas siempre que  sean coherentes con ellas, es decir, que desarrollen sus negocios en la esfera privada sin percibir un céntimo de los presupuestos públicos. Pero lo que el Partido Popular está haciendo con la Sanidad Pública es entregarla al sector privado, pagándole por ello. Un ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, centro privado concertado, recibe anualmente más de 300 millones de euros para atender a los pacientes madrileños que tiene asignados en sus 550 camas.
Lo que resulta cuando menos chocante es que las dos últimas personas que han ostentado la presidencia de la Comunidad de Madrid son quienes han protagonizado continuos ataques contra el sector público y sus funcionarios. Pues tanto Esperanza Aguirre como Ignacio González son ambos funcionarios de carrera. Lo cual debe serles reconocido como un mérito personal. Ahora bien, ¿por qué estos funcionarios, cuyo deber sería defender las instituciones públicas, son precisamente los que, llegados al poder, centran su labor en destruir lo público?
González sostiene que la gestión privada de los hospitales supone un menor coste, pero cuando se le recuerda que a las concesionarias que gestionan los hospitales se les tuvo que reequilibrar en 2010 el canon previsto inicialmente, aumentándolo en dos millones de euros, responde con desparpajo que "Esto sucede en cualquier obra. Cuando se produce la liquidación de las obras, hay unas diferencias sobre los costes previstos. Y lo que se hace es ajustar el canon. Es habitual".
Esta "habitualidad" contradice por completo esa pretendida optimización del servicio de Sanidad pública madrileña al pasarlo a manos privadas. Pero González deja claro que su propósito es privatizar el patrimonio de todos los madrileños cuando reconoce que otro servicio público, como es el suministro de agua a través del Canal de Isabel II ofrece beneficios. Pese a lo cual, también lleva tiempo intentando privatizarlo, un proceso que "no lo hemos puesto en marcha, no lo hemos llevado adelante porque el mercado está como está y, según todos los informes de los analistas, no es posible. Así que lo que vamos a hacer es repartir los beneficios, que son de 120 o 130 millones al año, entre los accionistas, que somos nosotros y los ayuntamientos".
Así que, algo que es rentable, que proporciona ingresos a las arcas públicas se quiere también privatizar ¿Esto es racionalidad de gestor que defiende el interés público o racionalidad de vampiros?                  
La política sanitaria del Partido Popular consiste en una vampirización de todo aquello que funciona bien en el sector público. Lo ha hecho en Castilla La Mancha, y lo está haciendo ahora en Madrid. Los manifaceros de este latrocinio son funcionarios en excedencia, con una plaza esperándoles en la Administración el día que decidan, o se les acabe, la oportunidad de seguir ejerciendo cargos de elección pública por los que perciben elevados salarios pagados por el contribuyente.