Los vecinos de Cármenes del Mar acusan a la Junta y al Gobierno central de “no mover un dedo” para ayudarles

● Los vecinos han recordado que el Ministerio de Hacienda ha concedido 4,7 millones de euros de ayuda a la promotora del hotel de 7 estrellas previsto en Almuñécar, al tiempo que no hace nada para evitar que sus casas se vengan abajo

● Según los afectados, para cuando haya una resolución judicial firme en relación a la denuncia de los vecinos a los responsables de la construcción del conjunto residencial -algo que no llegará antes de seis años debido a los más que probables recursos-, “podría ser ya demasiado tarde”

Los vecinos de la urbanización Cármenes del Mar, en Almuñécar, están indignados con la Junta de Andalucía y con el Gobierno central. Y es que según ellos, “ninguna de las dos administraciones ha movido un solo dedo para solventar una situación de emergencia que afecta a 415 familias”. En concreto, los vecinos han centrado sus críticas en la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y el subdelegado del Gobierno en Granada, Santiago Perez, así como en la delegada de la Junta de Andalucía, Sandra García Martín.

“Todas las instancias conocen ya la situación que tenemos, con varias casas derrumbadas y otras que se agrietan y se vienen abajo por no haberse construido de manera adecuada. Sin embargo, esas mismas administraciones que hacen promesas, no son capaces después de tomar decisiones que impidan que los daños sean irreversibles”, ha explicado Ignacio Martín, portavoz de los vecinos.

Han recordado, además, que ni la Junta ni el Gobierno central se han dignado a contestar a la petición concreta realizada hace meses por parte de los vecinos, que consistía en que se encargarse a los técnicos de la administración autonómica o al Cedex, organismo público dependiente del Ministerio de Fomento, un proyecto actualizado para la estabilización de la ladera sobre la que se asientan sus viviendas. “Ni siquiera se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que no”, han señalado.

Los vecinos han señalado que se sienten ninguneados y maltratados por el Gobierno y la Junta de Andalucía. En ese sentido, han recordado los 4,7 millones de euros que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha concedido a la promotora del futuro hotel de 7 estrellas previsto en Almuñécar. O las aportaciones del Gobierno, la Junta, la Diputaión Provincial y el Ayuntamiento para paliar el deslizamiento de una ladera en Buenavista de Doña Mencía (Córdoba) que estaba provocando desperfectos en viviendas.

“Lo único que le pedimos a las administraciones es que muestren la misma celeridad para ayudar a unos vecinos que pierden sus casas, que la que muestran para inyectar dinero en una inversión privada de lujo”, ha insistido el portavoz vecinal. Según los afectados, para cuando haya una resolución judicial firme en relación a la denuncia de los vecinos a los responsables de la construcción del conjunto residencial -algo que no llegará antes de seis años debido a los más que probables recursos-, “podría ser ya demasiado tarde”.

Paralelamente, muchos de los residentes extranjeros en la zona –sobre todo ingleses, irlandeses y daneses- han comenzado a enviar cartas a eurodiputados de sus respectivos países con el objetivo de transmitirles la situación de indefensión en la que se encuentran por la inacción de las administraciones españolas.

Mientras tanto, continúa el juicio por la demanda civil presentada por los propietarios contra todos los responsables de la construcción: tanto responsables del estudio geotécnico, como ingenieros, arquitectos y la propia constructora que se encargó de levantar la urbanización, Cerro Gordo S.L., perteneciente al Grupo Comarex. A todos ellos les piden una condena que haga posible la reconstrucción de la urbanización y de las viviendas.

Los vecinos han anunciado no obstante que continuarán trabajando en el frente de las administraciones públicas. En ese sentido, recordaron que hace apenas unas semanas, los propietarios mantuvieron un encuentro con la Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía, Sandra García Martín. Durante el encuentro, ofreció los recursos necesarios desde su departamento jurídico cara a agilizar la resolución de esta situación, así como a interceder con los equipos técnicos de la Consejería de Fomento y Vivienda, para ver la posibilidad de realizar un estudio técnico desde la junta que permita conocer las obras que se han de realizar de forma inmediata con el objetivo de evitar que nuevas viviendas acaben derruidas. Nada de esto se ha materializado por el momento.