Los vecinos de Cármenes del Mar piden a la Delegación del Gobierno en Andalucía “que haga algo” tras las medidas cautelares decretadas por los juzgados

La juez ha estimado el embargo preventivo de los bienes de los demandados en la cantidad de 3,6 millones de euros para llevar a cabo actuaciones previstas

• El auto de la titular del juzgado establece que los demandados deberán llevar a cabo trabajos de mantenimiento de viales y accesos, así como de los abastecimientos básicos de electricidad, gas y agua. También establece la resolución judicial la sustitución de las redes subterráneas de conducción de agua potable y agua de saneamiento o el mantenimiento de equipamientos que contribuyan a la estabilización de la urbanización, como muros de contención y anclajes
• En el paquete de ocho medidas cautelares aceptadas por la juez también se establece la vigilancia y eliminación de cualquier riesgo para las personas derivado de los desperfectos en construcciones, viviendas e infraestructuras, la consolidación del terreno en el que se apoyan cimentaciones de estructuras imprescindibles para la estabilidad del conjunto, o el saneamiento y protección de taludes y laderas frente a erosiones, caída de bloques y desprendimientos

Granada, 01 de agosto de 2014 – Los vecinos de Cármenes del Mar, en Almuñécar, han vuelto a hacer un llamamiento a la Delegación del Gobierno en Andalucía para que “haga algo” en relación al problema que sufren desde hace años. Lo han hecho después de conocerse las medidas cautelares decretadas por el Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada, en el que se sigue el proceso judicial contra los responsables de la planificación y posterior construcción de la urbanización. El objetivo de estas medidas sería asegurar la zona en la que se encuentran sus viviendas para evitar que continúen deteriorándose.

En opinión de los vecinos de la urbanización afectada –cuyas viviendas se están viniendo abajo por defectos en la construcción- es el momento de que la Delegada del Gobierno, Carmen Crespo, haga algo para ayudar a las 415 familias afectadas. Más aun cuando incluso la juez ha reconocido en su auto la urgencia de realizar trabajos de mantenimiento para evitar que sigan cayéndose sus casas.

“La Delegación del Gobierno conoce perfectamente la situación que tenemos, con varias casas derrumbadas y otras que se agrietan y se vienen abajo por no haberse construido de manera adecuada. Sin embargo, esa misma administración que hace promesas, no es capaz después de tomar decisiones que impidan que los daños sean irreversibles”, ha explicado Ignacio Martín, portavoz de los vecinos.

Los vecinos han insistido en que se sienten “ninguneados y maltratados” por el Gobierno. En ese sentido, han recordado los 4,7 millones de euros que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha concedido a la promotora del futuro hotel de 7 estrellas previsto en Almuñécar. “Lo único que le pedimos a la Delegación del Gobierno es que muestre la misma celeridad para ayudar a unos vecinos que pierden sus casas, que la que muestran para inyectar dinero en una inversión privada de lujo”, ha insistido el portavoz vecinal.

El auto de la titular del juzgado establece que los demandados deberán llevar a cabo trabajos de mantenimiento de viales y accesos, así como de los abastecimientos básicos de electricidad, gas y agua. También establece la resolución judicial la sustitución de las redes subterráneas de conducción de agua potable y agua de saneamiento o el mantenimiento de equipamientos que contribuyan a la estabilización de la urbanización, como muros de contención y anclajes.

En el paquete de ocho medidas cautelares aceptadas por la juez también se establece la vigilancia y eliminación de cualquier riesgo para las personas derivado de los desperfectos en construcciones, viviendas e infraestructuras, la consolidación del terreno en el que se apoyan cimentaciones de estructuras imprescindibles para la estabilidad del conjunto, o el saneamiento y protección de taludes y laderas frente a erosiones, caída de bloques y desprendimientos.

Para el desarrollo de todos estos trabajos, el Juzgado estima un embargo preventivo de los bienes de los demandados en una cantidad de 3,6 millones de euros. “Teniendo en cuenta la cuantificación económica de las medidas a ejecutar (…) procede acoger tal medida en aras a poder llevar a cabo los medios de actuación que serán acordados sin riesgo de que la falta de capacidad económica lleve consigo la frustración de su actuación o terminación y finalización de las mismas, que entendemos podría perjudicar la situación”, señala la juez en su auto.

La resolución judicial deja clara la necesidad de acometer las medidas incluidas en su resolución, dado que, mientras se desarrolla el proceso judicial, la situación de la urbanización y de las viviendas, continua deteriorándose. “El transcurso del tiempo ha evidenciado la existencia de este requisito referido al peligro a la mora procesal, ya que el proceso de deterioro de las urbanizaciones, lejos de estabilizarse, continúa su curso, entendiendo la necesidad de la adopción de las medidas que se consideren necesarias a fin de evitar mayores perjuicios”, indica el escrito del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Granada.

El pasado mes de abril finalizaron las vistas previstas para el juicio por la demanda interpuesta por los vecinos de Cármenes del Mar contra los responsables de la planificación, el desarrollo y la construcción de la urbanización, por lo que el caso se encuentra ya visto para sentencia.

Estas medidas vienen a dar la razón a los vecinos, que reclamaban la puesta en marcha de actuaciones inmediatas que impidieran el avance de los desperfectos de sus viviendas, que presentan importantes grietas y destrozos e incluso en algunos casos han acabado por venirse abajo, entretanto se sustancia la demanda judicial contra los responsables.

Pese a todo, las 415 familias de Cármenes del Mar continuaran solicitando a las administraciones que se impliquen en el caso para evitar que continúe el deterioro de sus casas dada que la situación es ya catastrófica. En ese sentido, las familias afectadas han vuelto a denunciar que se sienten ninguneados y maltratados por el Gobierno y la Junta de Andalucía, quienes no han puesto en firme ninguna acción para la reconstrucción de sus viviendas, mientras sí lo han hecho para inyectar dinero en inversiones privadas de lujo de la zona.