Los vecinos de Fidel Castro en Punto Cero

LA HABANA, Cuba. - Se nombra Sergia Marina Sánchez, tiene 67 años, vive hace 39 en las inmediaciones del perímetro de Punto Cero, en la calle 238, y aunque alega que la casa le fue asignada a su difunto esposo por el propio Fidel Castro no puede venderla ni darla en herencia a su hijo Manuel, porque el inmueble continúa siendo un "medio básico" del Fondo de Vivienda y Medios Básicos del Consejo de Estado de la República de Cuba y por tanto no puede asentarse en el Registro de la Propiedad y no es heredable.

"A Manolito y a mí nos han propuesto mudarnos para un edificio del MININT (Ministerio del Interior) en La Coronela (municipio La Lisa, en La Habana) pero es que nosotros hemos hecho casi toda la vida aquí. Ahora estamos a la espera de una respuesta del Consejo de Estado, aunque ya no tengo esperanzas. Esta es la tercera reclamación que hago pero nada", dice Sergia, cuyo esposo, Manuel Díaz, alcanzó los grados de teniente coronel como chofer y parte del equipo de seguridad personal de Fidel Castro.

"La casa fue dada de palabra. Nosotros vivíamos en Santiago de Cuba y nos trajeron directo para aquí en febrero del 84", argumenta Sánchez. "Al principio compartíamos la casa con seis personas más, igual (miembros) de la escolta de Fidel, pero en el 98, cuando Manuel se enfermó (de cáncer), solo nos quedamos nosotros tres (...). Manuel muere en el 2006 y Fidel en persona me dijo que la casa era mía y de Manolito (...). Todo comenzó cuando Fidel murió. No pasaron dos meses cuando recibí el primer aviso (de desalojo), algo que no entiendo porque aquí hay vecinos que recibieron sus casas como medio básico y ahora son propietarios", dice quien además trabajó durante más de una década en la lavandería del Centro de Investigaciones Médicas Quirúrgicas (CIMEQ) de Cuba, también en las inmediaciones de Punto Cero.

La casa de Sergia Marina no es pequeña: cuenta con cinco dormitorios y cuatro baños, pero aun así no llega a tener el tamaño de las mansiones que hay en las cercanías, algunas de ellas con piscinas, áreas deportivas y terrenos amplios con árboles frutales y cultivos variados, que igualmente pertenecieron alguna vez al Consejo de Estado pero cuyos dueños actuales, hijos y nietos de sus antiguos moradores, militares de alto rango o colaboradores cercanos tanto de Fidel como de Raúl Castro, tuvieron la fortuna de lograr la desvinculación y obtener la propiedad después de la muerte del dictador en 2016.

Según testimonios de los entrevistados, fue poco después, entre 2017 y 2018, el acceso a la zona de Punto Cero dejó de estar restringido. Los controles de seguridad disminuyeron de más de una decena a apenas dos, y solo a algunos vecinos en las afueras del recinto donde vivía la familia Castro se les permitió rentar sus viviendas aunque exclusivamente a extranjeros que hubieran reservado con tiempo suficiente para que sus expedientes o "fichas" fuesen meticulosamente analizados por el Ministerio del Interior.

"No tuve esa suerte", dice a CubaNet Rafael Roque Rodríguez, quien en abril de 2018 se vio obligado a abandonar el que consideraba su hogar, cuando fue desalojado en beneficio de un empresario italiano cuyo nombre desconoce pero que, según ha logrado averiguar, está relacionado con el grupo Italsav. S.A., que tiene a su cargo la red de tiendas actualmente conocidas como "Agua y Jabón", y que surgieron durante los años 90 bajo el concepto de ventas "Todo x Uno".

"Yo vivía en el número 21822, entre 7ma. y 218, y al lado, en la que antes era una casa de protocolo, vivió un tiempo un hermano o primo de Abrahantes (general de División José Abrahantes Fernández, Ministro del Interior entre 1985 y 1989), después se mudaron dos colombianos de las FARC en los años 90, creo que se estaban atendiendo en el CIMEQ o algo así. Y ahora es una firma italiana que ocupa las dos casas, una como vivienda y la otra como oficina", explica Roque Rodríguez.

"El patio de mi casa colindaba con el de ellos. Allí iba mucho García Márquez cuando estaba en Cuba y una vez también fue Fidel. Mi padre había trabajado de comprador (del Consejo de Estado) en Panamá y después lo llevaron para el Palacio de Convenciones a lo mismo hasta que en uno de los viajes decidió quedarse. Eso fue como en el 2006, así que en 2017 pensé que no había problemas en pedir la desvinculación (de la vivienda) pero eso fue lo peor que hice porque llamé la atención, a lo mejor se acordaron de lo que hizo el viejo y me la cobraron a mí", asegura Roque Rodríguez, que no tuvo más opciones que aceptar el desalojo y mudarse a otra vivienda en el mismo poblado de Jaimanitas.

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