Placa conmemorativa en Madrid de las 13 rosas.
Para las personas que luchan contra la brutal represión de las dictaduras, la violación de los derechos humanos y contra el olvido de las injusticias, esta semana se han llevado una doble alegría. La primera, fue el martes, en Argentina, donde Estela Carlotto, presidenta de las abuelas de Mayo, tras 36 años de imparable lucha, encontró a su nieto Guido.
Su madre Laura era una militante de izquierdas de la Juventud Universitaria Peronista, que se enfrentó al régimen de la Junta Militar argentina (1976-1983). Fue apresada y mientras estaba en cautiverio tuvo a su hijo que, a las pocas horas, fue dado en adopción. Laura fue asesinada a los pocos meses, como tantos otros militantes de izquierda, alrededor de 30.000 según organizaciones de Derechos Humanos argentinas.
La otra alegría fue en Camboya, donde la milicia comunista de los Jemeres rojos, de un color muy distinto a la Junta Militar argentina, perpetró un auténtico genocidio en tan solo 3 años y ocho meses, de abril de 1975 a enero 1979. Durante el régimen, liderado por Pol Pot, murieron alrededor de 2 millones personas, en un país, en ese entonces, de 7 millones de habitantes. De estas, entre 400.000 y 600.000 fueron ejecutadas y víctimas de la represión, mientras que otras 700.000 fallecieron de hambre u otras enfermedades, a raíz del desplazamiento forzado, que obligaron a las personas que vivían en la ciudad a trasladarse al campo.
Este jueves, un Tribunal camboyano, en un proceso que está llevando a cabo conjuntamente con la ONU, ha condenado a cadena perpetua a los dos líderes que quedan vivos de esta barbarie: Nuon Chea, de 88 años y considerado el ideólogo del régimen, y Khieu Shampa, de 83 años y que fue Jefe del Estado jemer. Ambos fueron hallados culpables de “exterminación que incluye asesinato, persecución política y otros actos inhumanos como el traslado forzoso, las desapariciones y los ataques contra la dignidad humana”, según recoge el diario El Periódico en su web. Cuando el Tribunal leyó la sentencia, los periodistas aplaudieron. Ahora ambos se enfrentan a otro juicio por genocidio.
Mientras esto sucede en América Latina y en Asia, el mismo día que Estela Carlotto encontró a su nieto, en España, Europa, se conmemoraba el 75 aniversario de la muerte de las 13 rosas, trece jóvenes de Madrid, supuestamente, vinculadas a las Juventudes Socialistas y condenadas a muerte por una Junta Militar unos meses después de la fin de la Guerra Civil española (1936-1939) y del inicio de la dictadura franquista (1939-1975). Las chicas tenían entre 29 y 16 años y, pese que en ese entonces la mayoría de edad estaba establecida a los 23 años para las mujeres (21 para los hombres), fueron juzgadas como adultas.
Y si algo sigue buscando la sociedad civil española, las víctimas de la brutal represión franquista, es justicia. Recientemente, la ONU ha dado 90 días a España para asistir las víctimas del franquismo. En un demoledor informe, le recuerda al gobierno español que ha suscrito (y ratificado en 2010) la Declaración sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, por lo que debe de cumplirlo en su propio país.
Un grupo de trabajo de la Comisión de Desapariciones Forzadas de la ONU, que estuvo en España, envió 42 recomendaciones al gobierno de este país entre las que destacan: que exista un plan de búsqueda de los desaparecidos financiado por el estado; que haya jueces en las exhumaciones que posteriormente analicen como fueron asesinados las personas de las fosas; que se investiguen las desapariciones forzadas; que se retiren los símbolos e insignias del franquismo; que exista un banco de ADN para detectar a los niños robados; y que se cree una comisión de la verdad compuesta por expertos independientes.
Además, la ONU resalta el carácter urgente de que se establezcan estas medidas por la avanzada edad que tienen los familiares de las víctimas. Lamentablemente, estas resoluciones no son vinculantes, por lo que el gobierno tiene carta blanca para decidir si las acata o no. No obstante, sí que debe de dar una explicación a la ONU sobre lo qué va hacer.
Según la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, el golpe de Estado del General Francisco Franco y la posterior represión de su dictadura, dejó a 114.000 desaparecidos en España, lo que lo situaría como el segundo país con mayor número de desaparecidos, tras Camboya, es decir, con mayor víctimas de desapariciones forzadas cuyos restos no se han encontrado. Entre ellos, el del poeta más relevante del siglo XX en España, Federico García Lorca.
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