Destituida de la Fiscalía General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz se ha transformado en la principal testigo contra el régimen del presidente Nicolás Maduro. Además de las denuncias de violaciones de los derechos humanos, similares a las difundidas en las últimas semanas por oposición y organismos internacionales.
Parte de esas pruebas ya fueron entregadas a investigadores brasileños durante una reunión de fiscales sudamericanos en Brasilia. En los próximos días, Ortega promete entregar otros documentos a las fiscalías de España, Colombia y Estados Unidos. Los casos implican no solo a Odebrecht, el gigante de la construcción brasileña que ha admitido sus manejos corruptos en los principales países de América Latina, sino también a empresas vinculadas a los jerarcas del régimen, según Ortega, con sede en España y México. La fiscal ha señalado incluso a la empresa que abastece las cestas de alimentos que la población más pobre recibe del Estado venezolano.
En los dos días que pasó en Brasilia, Ortega se reunió con colegas fiscales y al menos otras dos autoridades, el ministro de Relaciones Exteriores, Aloysio Nunes, y el senador del partido de centro-izquierda Rede, en la oposición, Randolfe Rodrigues. A ambos relató principalmente una serie de atrocidades cometidas por el Gobierno de Maduro. Ortega, según han informado sus interlocutores, detalló que el magistrado Ángel Zerpa Ponte, que la defendió durante su destitución, está preso en una cárcel amarrado al lado de un retrete inmundo. Otra de las personas que la apoyaron, el general retirado Raúl Baudel, fue detenido por el servicio de inteligencia bolivariano y hace dos semanas nadie de sus familiares o amigos sabe de su paradeiro.
Según Ortega, al menos 37 presos políticos con órdenes judiciales de libertad continúan detenidos.
De entusiasta del chavismo, Ortega ha pasado a ser una nueva opositora con poderes para destapar la deriva represora y sangrienta de Maduro. “Lo que ella dice no puede ser ignorado. No se trata de un simple político opositor, es una antigua defensora del régimem de Hugo Chávez, fiscal general, que tiene pruebas de lo que dice. No es poca cosa”, afirmo el senador brasileño Rodrigues.
En Brasil, ese parlamentario fue en su momento uno de los defensores del Gobierno de Chávez, contrario a cualquier sanción de su país a Venezuela, pero, ahora, después de conversar con la fiscal, dice que ha cambiado de idea. “No se trata ya del embate izquierda o derecha en el poder. Es una cuestión humanitaria. Creo incluso que Brasil debería llamar a su embajador en Caracas para que exigiese aclaraciones. Eso sería outro gesto duro contra ese Gobierno”, analizó.
Con información de El País.
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