Ayer tarde y noche en Madrid, el Estado aplastó las libertades ciudadanas, con las diversas cargas policiales efectuadas –están sobradamente documentadas- contra los ciudadanos y ciudadanas que se manifestaban libremente a favor del mismo Estado libre de ataduras y compromisos confesionales, tal como lo tipifica la actual Constitución Española. Se manifestaban por un Estado laico y recibieron los mamporros violentos de ese mismo Estado al que, efectivamente, defienden de las injerencias confesionales de todo tipo. Habrá que pedirle cuentas a los gobiernos autonómico (CAM) y central por tan desproporcionada respuesta a una manifestación pacífica.
Estas ciudadanas y ciudadanos no se manifestaban ni contra el papa, ni contra la religión católica ni contra la JMJ, sino contra la –más que probada- financiación estatal de un acto religioso y, por tanto, privado o que debiera ser privado.
¿Qué ha ocurrido? Se han confundido esfera pública y privada. La religión pertenece a la primera. La manifestación de ayer reivindicaba este derecho de la religión a no ser utilizada por ningún partido o gobierno, con fines electoralistas. Y reivindicaba el derecho de cada ciudadano y ciudadana a la libertad de conciencia, sin irrupciones ni interrupciones confesionales.
Porque laicismo no es odio, agresión ni violencia contra las religiones, sino defensa de una sociedad para todos, un espacio común donde sea posible la convivencia. Esto defendía la marcha laica de ayer.
Las porras policiales, realmente esgrimidas por el Gobierno autonómico de la CAM y por el Gobierno central, quisieron luchar por lo contrario.
Pero seguimos en la brecha.