Magistrados coherentes para un país desquiciado

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por Adrián Ventura
En medio de tantas decisiones políticas, bloqueos y bravuconadas contra los medios críticos o independientes, aparecen algunos pocos jueces y fiscales dispuestos a hacer valer los más elementales principios republicanos.
Miremos lo que dijo el juez civil Polo Olivera: le recordó a Garré que él dictó un fallo para que ella lo cumpliera y que cumplir un fallo no es una cuestión que esté sujeta a opinión, ni siquiera por un ministro ni por un presidente.
Así de sencillo es lo que dijo este magistrado, que lo único que está haciendo es su trabajo: pedir que se cumpla con la Constitución nacional y con la división de poderes.
Si en la Argentina ese fallo es noticia, es porque el país entero se volvió exótico y errático y el Gobierno perdió el rumbo de la Constitución.
En la Argentina, nunca los gobiernos se sometieron a rajatabla a las leyes. Pero el kirchnernismo trajo la triste novedad de no cumplir tampoco los fallos, sean que un juez laboral ordene el desalojo de un sindicato o que la Corte reponga al procurador general de Santa Cruz. La sociedad, distraída con un supuesto bienestar económico, parece no advertirlo.
Los últimos quince días arrojaron otras señalas de cordura:
La fiscal contravencional Marcela Solano le había ordenado a la Policía Federal desalojar el bloqueo. La fuerza de seguridad no la acató, pero eso no le resta valor a la decisión ni valentía a la fiscal. No es poco en medio de una dirigencia que habitualmente sucumbe frente a la connivencia o el temor y donde los jueces "rebeldes" al régimen se exponen al juicio político. Lo mismo vale para el juez de instrucción Marcelo Conlazo Olivera, que aceptó impulsar la causa por extorsión que inició el Grupo Clarín.
El Grupo Clarín, mediante una cámara oculta, captó el momento en que un delegado gremial extorsionaba al medio para no hacer un bloqueo que, según el propio gremialista, tiene respaldo político. Es un testimonio contundente de los contactos gremiales con el poder.
Las usinas kirchneristas se apresuraron a castigar el uso de la cámara oculta, como si fuera un recurso ilegítimo. Pero desde hace muchos años la Justicia la admite, si el recurso es usado por la víctima (no por un tercero) e interviene un juez o un escribano. Es un medio de prueba válido.
Fuente: lanacion.com.ar