Malos tratos en cárceles y comisarías españolas, según el Consejo de Europa.

Las cárceles españolas.

El Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) del Consejo de Europa –organismo paneuropeo no dependiente de la UE que reúne a 47 países– en su última visita a España detectó problemas en cárceles y comisarías españolas, plasmándolos en un informe. Durante la visita de septiembre de 2020, la delegación del CPT examinó el trato y las condiciones de detención de hombres y mujeres recluidos en varias prisiones y en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios de Alicante y Sevilla, así como en un centro de detención para menores en Algeciras. Además, examinó el trato y las garantías ofrecidas a las personas privadas de libertad por la policía. Insta en su informe a las autoridades españolas a tomar “medidas decididas para prevenir los malos tratos en prisión y garantizar que los casos se investigan de forma eficaz”. Y propone medidas para mejorar el tratamiento de los presos y pacientes recluidos en hospitales psiquiátricos penitenciarios y para hacer frente a los malos tratos por parte de agentes de policía.

El informe constata que “la mayoría de las personas entrevistadas durante la visita afirman que los agentes los habían tratado correctamente”. Sin embargo, la delegación del CPT “recibió un número significativo de denuncias de malos tratos", afirma el documento, que detalla una veintena, “principalmente contra la Policía Nacional, consistentes en bofetadas, puñetazos y patadas, así como, ocasionalmente, el uso de porras con el supuesto fin de obligar a las personas a proporcionar información, confesar delitos o castigarlas por el presunto delito cometido”.

En las cárceles de hombres adultos visitadas –Castellón II, Madrid V y VII, Sevilla II y Valencia Picassent–, la delegación del CPT recibió “muchas denuncias consistentes y creíbles de malos tratos físicos recientes por parte de funcionarios de prisiones, que consistieron principalmente en bofetadas en la cabeza y el cuerpo, puñetazos, patadas y golpes con porras”, relata el informe: “En varios casos, los presuntos malos tratos fueron respaldados por lesiones documentadas por la delegación o anotadas en el historial médico de la persona”. La delegación también recibió “varias denuncias creíbles de personas a las que se les había sometido las plantas de los pies a repetidos golpes de bastón, un método de tortura conocido como falaka”. En lo que respecta al problema que se arrastra de la fijación mecánica de una persona a una cama, el informe señala “los considerables avances realizados en todas las cárceles de España en la reducción tanto del número como de la duración de las aplicaciones de la medida. Sin embargo, el CPT considera que el objetivo debe seguir siendo abolir esta medida en prisión, ya que está expuesta a abusos”.

El informe del CPT también es crítico con el tratamiento y las condiciones que se ofrecen a los pacientes en los dos hospitales psiquiátricos penitenciarios (PPH) de Alicante y Sevilla, y considera que “deben gozar de plena separación institucional y funcional del servicio penitenciario y estar bajo la responsabilidad del sistema nacional de salud. Paralelamente, debería haber un cambio de paradigma en el tratamiento de los pacientes forenses basado en los principios del tratamiento individualizado, alejándose del enfoque actual basado en la farmacoterapia”.