(©AFP)
Varios cientos de personas se manifestaron este sábado en Madrid contra “la impunidad financiera”, esgrimiendo pancartas que reclamaban el “juicio y castigo” a los responsables de la debacle financiera de España.
En las pancartas, los manifestantes mostraban las fotografías de aquellos a quienes consideran culpables: Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, entidad cuya situación precipitó un rescate europeo del sector bancario español de 41.300 millones de euros; el ministro de Economía, Luis de Guindos; o los presidentes de los bancos Santander, Emilio Botín, y del BBVA, Francisco González.
“Contra la impunidad financiera, contra la estafa hipotecaria, por el derecho a la vivienda”, rezaba la inmensa pancarta que encabezaba la marcha, que pasó ante la Asociación Española de la Banca, el Banco de España y la Audiencia Nacional, tribunal encargado de las demandas contra Bankia.
Esta marcha es “en forma de ‘escrache’”, nombre que se da a las manifestaciones celebradas desde hace varias semanas ante los domicilios de los responsables políticos o económicos y llevadas a cabo por las asociaciones que luchan contra la expulsión de sus hogares de las familias endeudadas, explica Theresa Fernández, una asistente social de 43 años.
“Queremos señalar a los responsables de la situación que viven las familias víctimas de la estafa hipotecaria, que viven en la calle y tienen que seguir pagando sus hipotecas”, subraya Fernández, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), un asociación que lucha por evitar los desahucios y que se encuentra en el origen de esta marcha.
“Los principales responsables de la crisis se encuentran en los consejos de administración de las entidades financieras”, afirmó uno de los organizadores en un manifiesto.
También recordó que recientemente la justicia europea señaló el sistema de créditos español debido a que algunas cláusulas podrían considerarse abusivas.
La PAH promovió una iniciativa legislativa popular que recogió 1,4 millones de firmas y que contempla la extinción de la deuda a cambio de la entrega de la vivienda, que se detengan los desahucios del domicilio principal y la transformación en viviendas sociales de todas aquellas casas vacías que pertenezcan a los bancos.
Cerca de 40.000 viviendas fueron embargadas en España en 2012 debido a los impagos, según el Banco de España.