Revista Salud y Bienestar
Los Jefes de Servicio de Medicina Interna, que se relacionan en este documento, ante las manifestaciones de determinadas autoridades sanitarias en relación con el decreto de troncalidad y nuevas especialidades médicas, desean comunicar lo siguiente:
España es, con mucho, el país europeo con mayor número de especialidades médicas, por tanto tendrían que existir razones muy poderosas y justificadas para proceder al reconocimiento de nuevas especialidades médicas y, de esta manera alejarnos más, si cabe, de la realidad europea.
Una mayor cantidad de especialidades no es sinónimo de calidad, y siempre lleva aparejada una fragmentación del conocimiento y de la atención sanitaria, un incremento en los costes y problemas de viabilidad y equidad. También supone un mayor número de visitas al año a especialidades diversas para cada paciente, con los nocivos efectos que conlleva para la salud de los pacientes y la economía del sistema.
En los últimos años estamos asistiendo a un cambio en la necesidad de los cuidados sanitarios ante la pandemia de las enfermedades crónicas. Muchas personas padecen muchas de estas patologías durante muchos años. Estos pacientes necesitan profesionales capaces de dar respuesta a todas ellas de forma global. En relación a ello, desde hace tiempo venimos manifestando la necesidad de adaptar los programas formativos de las especialidades médicas a las necesidades sanitarias y al perfil de los pacientes actuales. Ello fue el origen del proyecto de troncalidad que hemos defendido siempre.
Nuestros Servicios son un eje vertebral de la asistencia sanitaria para enfermedades médicas en España, siendo responsables del 16% de las altas hospitalarias, están representados en todos los tipos de hospitales y comprometidos con la eficiencia del sistema sanitario, la calidad y la docencia médica.
Nuestra especialidad ha sido fundamental en el abordaje de problemas asistenciales durante las últimas décadas como las urgencias médicas, las enfermedades crónicas, los pacientes pluripatológicos, la infección por VIH, o las enfermedades importadas.
Las necesidades asistenciales de alta especificidad que, sin duda, existen debido a la complejidad creciente de la práctica médica, tienen su cabida y un marco en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias con el reconocimiento de las Áreas de Capacitación Específica que está por desarrollar desde hace años. Dentro de ellas se pueden incluir las Áreas de Capacitación de Urgencias y Emergencias y la de Enfermedades Infecciosas, reconociendo así el esfuerzo, dedicación, y aportación de valor de múltiples profesionales provenientes de la Medicina Interna y de otras especialidades médicas.
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Comisión Nacional de la Especialidad han presentado muchas alegaciones técnico-jurídicas, tanto de forma como de fondo, a los borradores de decretos de troncalidad y nuevas especialidades médicas. Nos resulta inaceptable el comportamiento de determinadas autoridades sanitarias que están contestando en público a las alegaciones de otros colectivos profesionales sin que el Ministerio haya contestado por escrito a nuestras alegaciones, siguiendo los cauces establecidos para ello, con una evidente falta de trasparencia y respeto.
Las decisiones en política sanitaria deben solventar problemas sin crear otros mayores y, cualquier planteamiento de modificación del sistema formativo en medicina en el actual escenario de incertidumbre política, de crisis económica, y de falta de consenso entre sociedades científicas, debe tener en consideración el impacto de las mismas.
Entendemos que los cambios imprescindibles en la reordenación de la oferta médica especializada debe obedecer a la aparición de nuevo conocimiento, de modificaciones sustanciales en la organización de los sistemas sanitarios o a necesidades perentorias consolidadas de la población atendida y que tienden a sintetizar, flexibilizar y dar permeabilidad al sistema de formación posgraduada. Ninguna de estas situaciones se aprecian en las decisiones que estamos denunciando que surgen por presiones corporativas y amenazas sindicales.
Por todas las razones expuestas nos oponemos con firmeza a la aprobación de nuevas especialidades médicas en España.
Su aprobación conllevaría la modificación de las actuales carteras de nuestros servicios clínicos, de los programas formativos de nuestra especialidad, la reorganización de los centros sanitarios, y requeriría la negociación de las posibles dobles titulaciones de especialistas, la reordenación en la oferta de plazas docentes, y la definición de responsabilidades médico-legales. Todo ello sin evidencia sustancial de que se va a mejorar la calidad de la asistencia o se va a facilitar la sostenibilidad del sistema sanitario.
En tales circunstancias nos veríamos obligados a reconsiderar nuestro apoyo al decreto y a la implantación del proyecto de troncalidad en los hospitales docentes españoles.
España es, con mucho, el país europeo con mayor número de especialidades médicas, por tanto tendrían que existir razones muy poderosas y justificadas para proceder al reconocimiento de nuevas especialidades médicas y, de esta manera alejarnos más, si cabe, de la realidad europea.
Una mayor cantidad de especialidades no es sinónimo de calidad, y siempre lleva aparejada una fragmentación del conocimiento y de la atención sanitaria, un incremento en los costes y problemas de viabilidad y equidad. También supone un mayor número de visitas al año a especialidades diversas para cada paciente, con los nocivos efectos que conlleva para la salud de los pacientes y la economía del sistema.
En los últimos años estamos asistiendo a un cambio en la necesidad de los cuidados sanitarios ante la pandemia de las enfermedades crónicas. Muchas personas padecen muchas de estas patologías durante muchos años. Estos pacientes necesitan profesionales capaces de dar respuesta a todas ellas de forma global. En relación a ello, desde hace tiempo venimos manifestando la necesidad de adaptar los programas formativos de las especialidades médicas a las necesidades sanitarias y al perfil de los pacientes actuales. Ello fue el origen del proyecto de troncalidad que hemos defendido siempre.
Nuestros Servicios son un eje vertebral de la asistencia sanitaria para enfermedades médicas en España, siendo responsables del 16% de las altas hospitalarias, están representados en todos los tipos de hospitales y comprometidos con la eficiencia del sistema sanitario, la calidad y la docencia médica.
Nuestra especialidad ha sido fundamental en el abordaje de problemas asistenciales durante las últimas décadas como las urgencias médicas, las enfermedades crónicas, los pacientes pluripatológicos, la infección por VIH, o las enfermedades importadas.
Las necesidades asistenciales de alta especificidad que, sin duda, existen debido a la complejidad creciente de la práctica médica, tienen su cabida y un marco en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias con el reconocimiento de las Áreas de Capacitación Específica que está por desarrollar desde hace años. Dentro de ellas se pueden incluir las Áreas de Capacitación de Urgencias y Emergencias y la de Enfermedades Infecciosas, reconociendo así el esfuerzo, dedicación, y aportación de valor de múltiples profesionales provenientes de la Medicina Interna y de otras especialidades médicas.
La Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Comisión Nacional de la Especialidad han presentado muchas alegaciones técnico-jurídicas, tanto de forma como de fondo, a los borradores de decretos de troncalidad y nuevas especialidades médicas. Nos resulta inaceptable el comportamiento de determinadas autoridades sanitarias que están contestando en público a las alegaciones de otros colectivos profesionales sin que el Ministerio haya contestado por escrito a nuestras alegaciones, siguiendo los cauces establecidos para ello, con una evidente falta de trasparencia y respeto.
Las decisiones en política sanitaria deben solventar problemas sin crear otros mayores y, cualquier planteamiento de modificación del sistema formativo en medicina en el actual escenario de incertidumbre política, de crisis económica, y de falta de consenso entre sociedades científicas, debe tener en consideración el impacto de las mismas.
Entendemos que los cambios imprescindibles en la reordenación de la oferta médica especializada debe obedecer a la aparición de nuevo conocimiento, de modificaciones sustanciales en la organización de los sistemas sanitarios o a necesidades perentorias consolidadas de la población atendida y que tienden a sintetizar, flexibilizar y dar permeabilidad al sistema de formación posgraduada. Ninguna de estas situaciones se aprecian en las decisiones que estamos denunciando que surgen por presiones corporativas y amenazas sindicales.
Por todas las razones expuestas nos oponemos con firmeza a la aprobación de nuevas especialidades médicas en España.
Su aprobación conllevaría la modificación de las actuales carteras de nuestros servicios clínicos, de los programas formativos de nuestra especialidad, la reorganización de los centros sanitarios, y requeriría la negociación de las posibles dobles titulaciones de especialistas, la reordenación en la oferta de plazas docentes, y la definición de responsabilidades médico-legales. Todo ello sin evidencia sustancial de que se va a mejorar la calidad de la asistencia o se va a facilitar la sostenibilidad del sistema sanitario.
En tales circunstancias nos veríamos obligados a reconsiderar nuestro apoyo al decreto y a la implantación del proyecto de troncalidad en los hospitales docentes españoles.
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