El artículo 26 del borrador de la Ley de Salud Pública señala expresamente que "Las Administraciones sanitarias no podrán colaborar con personas o entidades cuya declaración de intereses o su actividad sea contraria a los fines y objetivos perseguidos por la actuación pública de que se trate".
Vamos, que como dice la prensa, se vetará a asesores sanitarios con intereses privados. Nuestra duda es lógica: ¿entonces hasta ahora no estaban vetados?
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