Catedráticos de Derecho Tributario y financiero han estampado su firma en un documento en el que se citan las presuntas irregularidades que realiza la Hacienda Pública.
En este escrito se relata el mal funcionamiento que está realizando la Hacienda Pública en el que se manifiesta que la Administración “no contempla a los contribuyentes como ciudadanos sino cómo súbditos”.
Este documento se ha llamado “Declaración de Granada”, en él se recogen numerosos errores en el que se destacan la carencia de presunción de inocencia. Además, la Hacienda Pública incumple un principio constitucional al favorecer la desigualdad tributaria debido a que los contribuyentes no aportan en función de su capacidad económica (mandato constitucional).
Alegan que la separación entre proceso de liquidación y proceso sancionador es algo que no se da en la realidad, y aseguran el deterioro de seguridad jurídica. Los catedráticos encargados de la firma de esta declaración se encuentra el expresidente del Tribunal Constitucional (Álvaro Rodríguez Bereijo) y catedráticos como: José María Martín Delgado, Fernando Pérez-Royo, Juan Marín Queralt, Matías Cortés o José Manuel Tejerizo.
Los puntos a destacar de este documento son:
- ¿Principio de igualdad? En este apartado relatan que aparece cuando es el Estado quien provoca la desigualdad, basándose en la doble vertiente, tanto de los contribuyentes con la administración como la de todos los ciudadanos.
- Presunción de culpabilidad, afirman el incumplimiento de la presunción de inocencia y acogimiento de la presunción de culpabilidad.
- Equidad fiscal, resaltan la diferencia en el tratamiento desigual a los ciudadanos españoles por el origen de sus rentas.
- Seguridad jurídica, citan el abandono de conceptos dogmáticos y la sustitución de estos por unos compatibles con una escasa seguridad jurídica.
- Gasto e ingresos públicos, critica los pactos con nacionalismos para obtener votos, reformas, etcétera.
- Multinacionales, muestran su malestar por que las grandes compañías escapan al control tributario.
- Afán recaudatorio, se refieren a esto como el único objetivo antes que derechos y garantías.
- Uso ya abuso del decreto ley, critican el exceso de uso del decreto ley y la sorpresa por la mayor importancia del poder ejecutivo frente al legislativo.