Más de 30 ciudades en España se manifiestan contra la reforma educativa

La respuesta ciudadana contraria a la reforma educativa que plantea el Gobierno del PP es generalizada. El Gobierno sigue con su plan de privatizar la educación. Conozca los puntos de la reforma

ESPAÑA.-Desde profesores a estudiantes, pasando por organizaciones de padres y madres de alumnos, convocados en todos los niveles educativos –desde infantil a la Universidad- salen este jueves a la calle para rechazar los planes del Gobierno de Mariano Rajoy de privatizar la educación en España, en lo que representa seguramente, la primera huelga en la que todos los colectivos implicados van de la mano. Se trata de una convocatoria que ha tenido un seguimiento masivo y en la que están previstas numerosas manifestaciones en más de 30 ciudades por todo el territorio. Las protestas se centrarán en la restitución inmediata de los fondos recortados a los presupuestos de Educación, la retirada del anteproyecto de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Educación (LOMCE) y la dimisión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert por sus reiteradas manifestaciones contrarias al bienestar social general. Sindicatos y asociaciones han confirmado más de una treintena de manifestaciones en las principales ciudades del país. Madrid será el eje –ciudad que acoge el Ministerio de Educación- aunque también habrá otras muchas ciudades en las que se prevé que acudan miles de personas, caso de Barcelona, Tarragona, Tenerife, A Coruña, Compostela, Lugo, Ferrol, Vigo, Bilbao, Vitoria, Guadalajara, Pamplona, Valencia, Alicante, Castellón, Granada, Málaga, Sevilla, Oviedo, Zamora, Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. Pero, ¿en qué consiste la reforma y cuáles son los puntos críticos de la misma?
Se la conoce como Ley Orgánica de la Mejora de la Calidad Educativa (consultar enlace para conocer más a fondo la propuesta legislativa), la LOMCE o, simplemente, Ley Wert, pero por lo que se la conoce más aún es por ser considerada como “sexista”, “clasista”, "excluyente", “partidista” e incluso “anti-educativa”. Con estos calificativos se presenta una propuesta de Ley que desde algunos estamentos la califican como anticonstitucional, sobre todo en el apartado de la diferenciación discriminatoria.  En general y a modo de compilación, cuatro son los punto más criticados de una reforma que tiene toda la pinta de que será aprobada pese al descontento general. En primer lugar, la denominada “autonomía de centros”. Según el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, es necesario porque “la posibilidad de perseguir métodos pedagógicos propios, de especializarse y de ajustarse a la demanda social con libertad traerá mejores resultados educativos”. Pero distintas asociaciones tienen otro punto de vista. Para éstas, supone relegar a los consejos escolares –integrados por padres, alumnos y docentes, y que actualmente tienen capacidad de decisión sobre algunos aspectos del centro– a meros órganos consultivos. De hecho, el director del centro será nombrado directamente por la Administración y no elegido democráticamente por su comunidad educativa. Este gestor puesto ‘a dedo’ tendría poder para tomar decisiones pedagógicamente relevantes, así como contratar o despedir al personal y gestionar la económica de los colegios sin contar con el consejo escolar. En segundo lugar, uno de los asuntos más escabrosos, la segregación en el aula. Con la reforma los estudiantes comenzarán a escoger a los 15 años, las asignaturas optativas dirigidas a cursar Formación Profesional (FP) o Bachillerato, cuando antes lo hacían un año después, sin posibilidad de opción regresiva. Además, se producirá una agrupación de alumnos con dificultades, que recibirán contenidos devaluados. Pero si esto fuera poco, también está prevista la separación de los alumnos por sexo, pese a los dictámenes contrarios del Tribunal Supremo. En tercer lugar, la reforma proyecta que los idiomas autonómicos queden relegados a meras especialidades con reducción de horario semanal y sin evaluación en pruebas estatales. Por último, el texto legislativo está cargado de referencias al mercado y la economía, asunto peligroso en aspectos tan sensibles como la cultura o las artes. Las distintas asociaciones contrarias a la nueva legislación defienden que la aplicación de la Ley Wert ponga en peligro todas aquellas áreas de conocimiento no presentes en los rankings de las organizaciones empresariales, entre ellas la historia, la filosofía, la literatura, la música, las artes plásticas o la Educación Física, así como todos esos aprendizajes tan difícilmente evaluables en una prueba de papel y lápiz como educación para la Paz o la medioambiental. En definitiva, una reforma que no viene a cambiar el sentido y dirección de las medidas políticas adoptadas por el Gobierno de Mariano Rajoy, acusado de querer acabar con el Estado de Bienestar que tanto esfuerzo costó lograr por generaciones pasadas.