El vicepresidente podemita -o el presidente en la sombra, vaya vd. a saber- se descuelga con la insinuación de castigar económicamente a la Iglesia -a la católica, naturalmente-en caso de que institucionalmente critique las leyes promulgadas por parte del progresismo militante. Ello supone que debería transigir con el aborto, pese a ser contrario a su credo, o con el matrimonio homosexual, que tampoco forma parte de su ideario. La fe es una cuestión personal, que cada ciudadano debe vivir desde la libertad de culto y de creencia, algo que el líder morado convierte en especialmente difícil, sobre todo si valoramos quien -o quienes- serán los encargados de dictaminar cuando la jerarquía católica “critica” la legislación vigente.
Uno, plural por naturaleza, se pregunta si tal medida coercitiva va aplicarse a otras confesiones, como la musulmana, que permite la poligamia -legalmente prohibida- establece una franca desigualdad entre hombre y mujer -con este gobierno que presume de feminista- y lapida directamente a adúlteras y homosexuales -o ahorca, que tanto da.
Desde luego, nunca se me ocurriría pensar que el Sr. Iglesias pretende perseguir al catolicismo representando, como hace, la pluralidad de la libertad de expresión, política, religiosa y económica.
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