La política fiscal es el instrumento del que disponen las administraciones públicas para garantizar la justicia social y el reparto equitativo de la riqueza. Sin embargo, en la práctica ocurre todo lo contrario. Quienes más tienen menos pagan y son las rentas del trabajo las que soportan la carga contributiva, mientras las rentas del capital disfrutan de una mayor permisividad, que podrá ser legal, pero moralmente resulta reprobable. ELA propuso ayer la necesidad de promover una nueva fiscalidad que grave la riqueza, de modo que los ingresos obtenidos sean utilizados en el impulso de políticas sociales, siempre necesarias y especialmente en periodos de crisis. Esta es una vieja reivindicación de Ezker Batua-Berdeak, ante la que las Diputaciones Forales hacen oídos sordos, más preocupadas en ayudar a las grandes fortunas y a las empresas que a la personas.