El ministro de Fomento desató este verano un debate siniestro y mendaz al asegurar que los impuestos españoles son "muy bajos", abriendo la puerta a "homologarlos" a la media de la UE para lograr servicios e infraestructuras "de primera", sin concretar si esta subida debería afectar también a las rentas medias o solamente a las más altas. Más tarde, el propio Zapatero ha hablado de nuevos impuestos y tasas, teóricamente para los más ricos, a pesar de que las grandes economías mundiales, para reactivarse, están ya bajando impuestos.
Muchos españoles, además de pensar que las subidas de impuestos en tiempos de crisis no significan siempre más dinero para el Estado, porque deprimen la economía y paralizan el consumo, sospechamos que se trata de otra falacia del gobierno, de otro engaño inmoral, de otro debate trucado. Hablan de homologar los impuestos a Europa, pero eluden que primero habría que homologar los sueldos, los niveles de empleo, la calidad de los servicios, la confianza de los europeos en sus respectivos gobiernos, la calidad de la democracia, los niveles de corrupción, los privilegios de la casta política y otras muchos aspectos fundamentales de la vida política que en España están muy por debajo de la media europea.
La única verdad que se oculta detrás de las amenazas de subidas de impuestos es que el gobierno necesita dinero, no para mejorar los servicios públicos sino para mantener sus privilegios, para seguir colocando y beneficiando a sus amigos y socios.
¿Quien garantiza a los ciudadanos que el dinero procedente de los impuestos va a ser empleado en mejorar los servicios y la justicia social? Nadie porque el gobierno no tiene la suficiente altura moral para garantizarlo, ni el sistema posee los controles ni la transparencia que se necesitan para garantizar el destino de los dineros públicos.
Si al frente del país existiera un gobierno moralmente fiable, muchos ciudadanos españoles aceptarían subidas de impuestos para combatir la crisis y para socorrer a los más necesitados, pero el gobierno de Zapatero no tiene la altura moral suficiente, ni genera la confianza necesaria para que los ciudadanos les confíen voluntariamente sus dineros.
Cualquier subida de impuestos que realice este o cualquier otro gobierno en el que los ciudadanos no confían, gobierno será una simple confiscación de bienes.
Muchos ciudadanos, horrorizados ante los estragos de la crisis, están dispuestos a que les suban los impuestos. Muchos, conscientes de la gravedad de la crisis, han incrementado notablemente sus ayudas a Cáritas o a otras ONGs de confianza para contribuir con sus recursos a solucionar los grandes dramas causados por el paro y la ruina económica. Otros muchos ayudan directamente a los más necesitados y no pocos se han sumado al ejército de los voluntarios que cuidan a enfermos o atienden a los más necesitados. Pero la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles se resisten a entregar su dinero a un gobierno como el de Zapatero, en el que ya no confían.
Quizás el mayor problema de la España actual, superior incluso al deterioro de la economía, sea que el gobierno ha perdido la confianza y no es creíble ni éticamente fiable. Su ineficacia, sus fechorías, sus injusticias y su obsesión por permanecer en el poder, incluso en contra de los deseos de muchos de los que le eligieron en las urnas un día del año 2008, no hace sino distanciar más a Zapatero del aprecio ciudadano y de la legitimidad democrática.
¿Quien nos asegura que nuestros impuestos van a ser utilizados con ética y decencia? ¿Quien garantiza que nuestros dineros no van a ser utilizados en corruptelas, en comprar, como ha hecho el andaluz Griñán, lámparas de 8.000 euros para su Palacio de San Telmo, para incrementar la ya densa fortuna de centenares de políticos, inexplicable y velozmente enriquecidos, para contratar más asesores inútiles o para inyectar más fondos en los sindicatos sometidos?
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